Los padres de un alumno de Segundo de ESO del IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena (Córdoba) han denunciado al profesorado de dicho centro educativo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del propio municipio, al estar en desacuerdo con la participación de su hijo en una actividad realizada en el mismo con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre.
Así lo ha dado a conocer este martes en un comunicado el sindicato Ustea, que ha criticado el “sinsentido de este caso”, que considera “fruto de la irresponsabilidad política del Gobierno andaluz” de PP y Cs “en materia educativa, al plegarse a exigencias, al margen de la legalidad, de su socio de la ultraderecha”, Vox.
A este respecto, desde el sindicato se ha recordado que, “con fecha de 22 de noviembre de 2019, el director general de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía envió una circular a los centros educativos, instándolos a celebrar actividades en defensa de la igualdad y contra la violencia de género”.
Una denuncia contra el profesorado
Sin embargo, la “familia de un alumno” del citado instituto de Baena, donde se llevó a cabo una actividad con motivo del 25N “ha presentado denuncia contra su profesorado, habiendo sido citado a declarar el tutor” este miércoles ante el Juzgado.
Ante ello y desde Ustea se ha expresado su “solidaridad con toda la comunidad educativa del centro y, especialmente, con los afectados por estos hechos”, estando “seguros” en el sindicato de que “las actuaciones judiciales serán archivadas o incluso deberían haberlo sido ya”.
De hecho, a juicio de Ustea, “el asunto no tiene ningún recorrido jurídico, ya que la actuación de los profesionales está amparada, tanto por la circular antes citada, como por distinta normativa de mayor rango”, de modo que “los docentes, por tanto, no es que puedan trabajar en el aula la igualdad entre mujeres y hombres y sensibilizar contra la violencia machista, es que es un deber”.
“Pin parental”
En consecuencia, “las familias no pueden modificar el currículo educativo de sus hijos a voluntad, pues es obvio que el currículo de las materias viene establecido por la normativa legal al respecto”, considerando Ustea que esta denuncia está relacionada pon la propuesta de Vox de establecer el llamado ‘Pin Parental’, “según la cual los padres podrán autorizar expresamente cualquier actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad, que puedan resultar intrusivas para la conciencia y la intimidad del alumnado”.
Ante esto, desde Ustea se ha señalado que, “pese a lo que afirme Vox, el ‘Pin Parental’ no existe”, ya que “los contenidos y programas, que vienen establecidos en el curriculum escolar de las distintas etapas educativas, no se sirven a la carta”, de modo que, “quien quiera educar a su hijo o hija a la carta deberá plantearse hacerlo en su propia casa, si es que tiene conocimientos y autorización para ello”.
A juicio de Ustea, “estamos viviendo un nuevo clima de caza de brujas en los centros educativos, particularmente en las comunidades autónomas donde Vox sostiene a gobiernos formados por PP y Cs”, de como que, en este caso, “parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo corresponde al propio Gobierno de la Junta de Andalucía y a su titular de Educación, al asumir propuestas absolutamente disparatadas de Vox, como la inclusión de la caza en el curriculum escolar”.
“Es grave”
En opinión del sindicato, “lo ocurrido en Baena es grave. No por las consecuencias jurídicas de la denuncia, ya que no tendrá recorrido alguno, sino porque estamos viviendo, como consecuencia del nuevo clima político y, especialmente desde la irrupción de Vox,un ambiente propio del maccartismo y la persecución, generalizable a otros territorios, pero especialmente en los que Vox sustenta al gobierno, como es el caso de Andalucía”.
Por tanto, Ustea conmina a “una rápida y contundente actuación de la autoridad educativa, que corte de raíz comportamientos amedrentadores, totalmente inadmisibles en el marco de las relaciones de cooperación por las que debe regirse una comunidad educativa, donde deben primar los valores de la tolerancia, respeto y reconocimiento mutuo del papel que cada cual juega en la educación de la próxima generación de ciudadanos”.
