Todavía no se ha constituido el gobierno de izquierdas y la derecha política, social y religiosa, ya está descargando su artillería pesada contra él. Ha sido abrir la boca la Ministra de Educación y ya se han echado al degüello. Y todo a cuenta del gran negocio económico e ideológico que es para la derecha, y mayoritariamente para la Iglesia Católica, la enseñanza concertada. Total, por decir una obviedad: que la Constitución no obliga a «concertar» las escuelas privadas. La educación es un derecho constitucional de todos y todas (art. 27. 1.). Allá por 1985 se le ocurrió al gobierno de Felipe González financiar con dinero público, de toda la ciudadanía, las escuelas privadas, ante la evidente falta de colegios e institutos para toda la población escolar. La intención, decían, era echar mano de la iniciativa privada allí donde no podía llegar la pública. Hoy en día la enseñanza privada concertada es un negocio (6000 millones de euros le transfiere al año el Estado).
Los empresarios de estas escuelas justifican estos conciertos presentándose a sí mismos como benefactores sociales, que ahorran dinero a las arcas del Estado, y defensores de la libertad de enseñanza. Pero la realidad es muy distinta. La Escuela concertada solo se instala allí donde hay posibilidades reales de negocio. Evitan las zonas rurales porque no son rentables. Es la vocación empresarial y no la de servicio público la que guía a estos empresarios. Estas empresas concertadas «seleccionan sutilmente» a su alumnado. Mientras que el 33% del alumnado en las escuelas públicas pertenece a clases sociales desfavorecidas, según informe de la Fundación BBVA, los colegios concertados solo acogen a un 7% de igual procedencia social. Y el alumnado de familias con menos recursos requiere que los centros educativos inviertan más recursos. Las escuelas «concertadas» se lo ahorran. La Escuela concertada mayoritariamente es católica.
Los defensores de la escuela pública y laica, la única que garantiza el respeto a la diversidad y la libertad de conciencia, esperamos con impaciencia que la ministra Celaá y el nuevo gobierno inviertan nuestros impuestos, de una vez por todas, en la educación pública, gratuita y de calidad, y alejada de adoctrinamientos. Y el que quiera otra cosa, que se la pague.
Eugenio Piñero Almendros profesor de Filosofía y miembro de Valencia Laica