En 1884, bajo la presidencia de Julio A. Roca se promulgó la Ley 1.420 de Educación Común, la base del sistema educativo nacional. Este marco legislativo representó todo un avance en Latinoamérica, ya que posicionó al país como uno de los primeros en garantizar este derecho en carácter obligatorio, estatal, laico y gratuito. Repasar la historia es seguir avanzando hacia un sistema universal y también inclusivo.
En la Argentina, el 8 de julio de 1884 se promulgó la Ley de Educación Común, la piedra fundamental de la enseñanza gratuita, pública, laica y universal. La discusión acerca de la Ley de la Educación fue uno de los debates más intensos, y de largo alcance, en la historia del país, sobre todo por los distintos puntos de vista que se generaron en torno a la enseñanza religiosa, a la escuela mixta y al control del Estado sobre la educación, lo que generó una brecha en la Generación del 80, grupo intelectual referente de la época. Y uno de los temas más debatidos de la propuesta inicial consistió en la inclusión de contenidos religiosos en los programas escolares, lo que generó diversas opiniones contrapuestas acerca del papel de la Iglesia en la sociedad y en el Estado.
“El modo en que nuestro país decidió organizar su esquema educativo, y los espacios que ocupan docentes y estudiantes, fue producto de un extenso y complejo debate que derivó en la sanción de la Ley 1.420, que si bien ya no rige en nuestro sistema escolar, fue la impronta de la educación argentina que todavía sigue vigente», destacó Nicolás Schenqermann, CEO de Colegium en Argentina, compañía de plataformas para las instituciones educativas.
La importancia de la laicidad en la Ley de Educación Común se fundaba en los beneficios para establecer relaciones con otras naciones, incentivar la inmigración y construir un país más tolerante. Sobre este último punto, puede destacarse la intención en la actualidad, de consolidar un sistema educativo abierto a la inclusión, dejando de lado cualquier disparidad de género o condición, y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza.
En el contexto del siglo XIX, las barreras que se apuntaban a sortear tenían que ver con la resistencia de ciertos sectores sociales, vinculada a cuestiones de religión o a la oposición a que el Estado participe en temas de educación. Con el correr del tiempo, la sanción de nuevas leyes educativas que se fundaron en el seno de la Ley de Educación Común, fue apuntalando los pilares promulgados por esta y adecuando nuevas cuestiones propias del contexto histórico de cada una. Es así que en la actualidad, la agenda y el escenario plantean un nuevo debate sobre la inclusividad a partir de la aplicación de nuevos recursos pedagógicos, estrategias y herramientas que tienen el objetivo de fortalecer la inclusión educativa y construir los apoyos que necesitan los estudiantes.
«La noción de ‘educación inclusiva’ refiere a una escuela que tiene la garantía de que todas las personas puedan aprender y que todos pueden participar de manera efectiva y plena, focalizado especialmente en aquellas que se encuentran envueltas en un contexto de vulnerabilidad. Así como en 1884 la Ley de Educación Común apuntaba a formar ciudadanos tolerantes, en la actualidad la tolerancia deviene en inclusión y en lograr que todos puedan acceder por igual», resaltó Schenquerman, especialista de Colegium.
La educación pública en el mundo
Actualmente, una de las experiencias más exitosas en cuestión de educación es el sistema escolar de Finlandia. Según el último informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), un estudio a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura, la tasa de deserción escolar es de apenas el 8% de los alumnos. Desde la guardería hasta la educación universitaria de grado, la educación es completamente accesible e inclusiva. Sin embargo, cabe recordar que, hasta comienzos de los 60’, Finlandia tenía un sistema educativo de élite. En 1968, después de veinte años de vacilación, se acometió la reforma del sistema educativo que, según especialistas, supuso una fuerte reducción de las desigualdades sociales del país. El desarrollo de este sistema educativo está conectado con el alto presupuesto del Estado finlandés destinado a este ámbito, el cual representa un 11% de los fondos nacionales.
Si bien Finlandia encabeza la lista de países con educación pública y gratuita, Italia presenta solamente un 6,4% de alumnos en escuelas privadas, Francia un 2,3%, Suiza un 0,9% y Holanda únicamente un 0,64%.
En segundo lugar en los rankings sobre sistemas educativos se encuentra Corea del Sur, donde el gobierno destina casi el 7% del PBI a la educación. A diferencia de Finlandia, donde el modelo es de no-competencia y se reducen las asignaturas donde se evalúa mediante el sistema numérico para inclinarse hacia una evaluación personalizada y cualitativa, en Corea del Sur el pilar es el de ser “el mejor de la clase”, fomentando la competencia y productividad, lo que tiene como riesgo el estrés, preocupación y otras situaciones problemáticas que afectan a los estudiantes.
A nivel regional, la posición asentada por la Argentina hacia finales del siglo XIX fue innovadora. En la actualidad, la Ley de Educación Nacional (N° 26.206), sancionada en 2006, es un marco que se fue alimentando de las leyes sancionadas anteriormente y que se fue enriqueciendo con los diferentes escenarios que se presentaron a lo largo del tiempo. Esta legislación coexiste con otras también nuevas, de reciente entrada en vigor, como en el caso de Uruguay, Venezuela y Chile (2009) o Ecuador (2012), con otras que tienen más de 50 años de vigencia, como los casos de Costa Rica (1957) o de Cuba (1961).
El hecho de que muchos de los países de la región tengan leyes nacidas en los últimos años pone en claro dos cuestiones que son claves para analizar. Por un lado, la evidencia de la permanencia de un debate intenso sobre los alcances y contenidos del derecho a la educación en la región, y la capacidad que tienen los protagonistas de ese debate de incidir en el campo de las políticas públicas a través de los textos normativos. Y, por el otro, señala que una parte importante de la ciudadanía latinoamericana está en contextos educativos que se rigen por principios que expresan de modo integral los diferentes compromisos que implica asumir a la educación como un derecho humano fundamental.
