El reprobado ministro Montoro ha enviado a las instituciones europeas su previsión de gasto público en Educación para 2018. Se alcanza el mínimo histórico, el 3,8% del PIB será la cifra de la vergüenza, pasando esta barbaridad desapercibida entre la DUI, el 155 y el enfrentamiento sin diálogo en Cataluña. Se constata, una vez más, que se profundiza en la austeridad, que la Educación Pública no es una prioridad, ni una inversión de futuro para el gobierno del PP, muy al contrario es un gasto a recortar. Atacar a la Educación Pública es atacar la convivencia y la cohesión social en nuestro país, un ataque a la mayoría social y a las clases trabajadoras que somos las principales beneficiarias de su existencia. Este desolador panorama de reducir la inversión en Educación va a producir mayor exclusión social, desigualdad y una fractura alarmante en la equidad.
Mientras los recortes educativos se consolidan y avanzan, con el silencio más que sospechoso de la mayoría de los medios de comunicación, la contrarreforma educativa elitista y segregadora de la LOMCE sigue su curso, con un escenario social de aumento descomunal de la desigualdad, que hace imposible un falso “Pacto de Estado por la Educación”, trabajándose en la actualidad en la Subcomisión del Congreso de los Diputados, que únicamente quiere una ligera capa de barniz a la Ley Wert, para que el sistema educativo siga lastrado por la desigualdad, el mercantilismo y la falta de inversión en la Educación Pública, no abordando los problemas estructurales educativos.
Después de casi un centenar de comparecencias en la subcomisión parlamentaria, flota en el ambiente un cierre en falso de sus trabajos, pariendo próximamente un oportunista pacto político entre el PP y sus fieles aliados, dando recetas cosméticas y consensuando, entre unos pocos, medidas técnicas que no van al fondo del retroceso educativo en nuestro país, donde la ignorancia y la manipulación de la ciudadanía seguirán siendo las señas de identidad un sistema educativo retrógrado y caduco.
Las movilizaciones sindicales, de la Marea Verde y de toda la comunidad educativa de estos últimos años contra los recortes educativos han sido muy importantes, pero no se han quedado en unas numerosas reivindicaciones en la calle y en los centros educativos, también se han elaborado propuestas y alternativas en el “Documento de bases para una Ley Educativa”, suscrito por más de cuarenta organizaciones sociales y políticas, a las que este humilde colectivo se suma.
El “Documento de bases para una Ley Educativa” es un trabajo riguroso y serio, donde se indica que el Pacto Social y Educativo solo será posible si se piensa en el bien común, no en el mercado. No se puede pactar renunciando a la igualdad y la equidad, cediendo frente a quienes prefieren una determinada excelencia para unos pocos. No se puede pactar renunciar a la libertad de conciencia, frente a la imposición del dogma y la religión en la escuela. No se puede renunciar en ningún pacto a una escuela pública, democrática, participativa, que trata de conseguir la equidad para todos y todas, en la que su alumnado desarrolle el pensamiento con libertad y de una forma crítica y la educación sea un derecho universal. Debemos partir, por tanto, para poder llegar a un Pacto Educativo de unas ideas comunes o consensos de mínimos en torno a la educación como un bien común, un derecho básico y que solo se puede garantizar para todos y todas en una educación pública. Después de la falta de consenso que consiguió la LOMCE y el acuerdo que consiguió su derogación, debemos trabajar por un “pacto” desde abajo con las fuerzas políticas progresistas y con los sectores de la comunidad educativa que defiendan este consenso.
Nuestro modelo educativo, que también es el de mucha gente, se basa en una escuela democrática, inclusiva, laica, pluricultural, para la vida, no competitiva, ecológica, adaptada al contexto social y que potencie el conocimiento abierto y compartido. Modelo que debe venir recogido en ese verdadero pacto educativo, en el que se recoja la inversión del 7% del PIB para la educación, garantizado constitucionalmente como suelo de gasto.
“La Educación Publica se defiende, gobierne quien gobierne”. ¡La lucha sigue!