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Recientemente volvió a las portadas el desvío por parte de la Junta de Andalucía de 5,4 millones de euros previstos para guarderías a las obras del estadio de La Cartuja. El escándalo no es nuevo, mi colega Raúl Bocanegra ya se hizo eco de ello en 2021; lo novedoso es que ahora está siendo investigado porque podría formar parte de la trama investigada en torno al expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) Luis Rubiales. Por si esto no fuera suficiente para poner en duda la gestión de la Educación Infantil por parte del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, también se ha hecho público la devolución de casi 120 millones de Fondos Públicos con los que podría haber creado plazas públicas gratuitas.
Desde el Gobierno de Moreno Bonilla siempre se ha mantenido un objetivo irrenunciable: beneficiar al sector privado. Este es el motivo por el que en lugar de destinar los Fondos Europeos a la creación de nuevas plazas en la Educación Pública, lo destina a lucrar a las escuelas infantiles privadas, al tiempo que con ese dinero ofrece gratuidad de las plazas. El círculo es perfecto, porque con dinero público se genera un ecosistema de estómagos agradecidos, se mire desde la óptica que se mire. Por un lado, se gana el favor del sector privado y, por otro, el de las personas más vulnerables que ven cubierta su necesidad de acceder a una escuela infantil para su hijo o hija.
En honor a la verdad, es preciso puntualizar que esta senda de la privatización de la educación infantil de 0 a 3 años se gestó durante el gobierno de la socialista Susana Díaz. Ella, como Bonilla, entendió que la colaboración público-privada consiste en que el erario público pague todas las rondas al sector privado, al que convenientemente se maquilla de emprendedor cuando carece de un plan de negocio que no dependa de una inyección de dinero público.
De esta manera, al calor de lo público han surgido escuelas privadas como setas. De los 2.190 centros existentes, más de 1.600 son privados, de los que más del 90% se benefician de las ayudas públicas. Tan sólo 170 centros son de titularidad de la Junta de Andalucía. Así las cosas, cuando comenzó el presente curso, había más de 40.000 plazas sin cubrir del cerca de 125.000 ofertadas.
El argumentario de la Junta de Andalucía para defender esta privatización del primer ciclo de educación es grotesco: básicamente sostiene que fomentar la Educación Pública pone en peligro la red de centros privados y concertados que, según sus cifras, dan trabajo a unas 15.000 personas. Esta justificación del desmantelamiento del Estado de Bienestar raya lo esperpéntico y es un torpedo en la línea de flotación de los colectivos más vulnerables, algo a tener muy en cuenta dado que Andalucía es una de las regiones más empobrecidas de toda España (las extraordinarias cifras de turismo solo beneficia a unos pocos).
El problema de fondo es que mientras prospera esa suerte de mundo de felicidad y colores, en forma de financiación para la empresa privada y gratuidad para las familias, se desarticula el Estado de Bienestar. Las consecuencias son nefastas, porque cuando cierra una de estas escuelas privadas por el motivo que sea, todas esas familias no cuentan con una red pública que cubra sus necesidades. El sector privado usó esa red para cargarla de billetes y enriquecerse. Urge realizar una transición hacia lo público, sacudiéndose esa dependencia parasitaria de lo privado en un ámbito de primer orden como es la educación.
Este es el motivo por el que desde el Gobierno de España se estableció que los Fondos Europeos se destinaran a la creación de más plazas públicas, en lugar de a fomentar la privatización, como gusta Moreno Bonilla. No es sólo que la Junta de Andalucía se dé de bruces con el Gobierno central, es que también discrepa con el modelo defendido por la Unión Europea y que ha pactado con el resto de los Estados miembros. Sin embargo, Moreno Bonilla no está dispuesto a eso y antes de poder utilizar 119 millones de euros a ofrecer plazas gratuitas de Educación Infantil Pública, prefiere devolverlo a Bruselas. Adiós a 12.000 plazas gratuitas.
¿Se imaginan que una Administración Pública no reforzar su Sanidad Pública por no perjudicar a la Sanidad Privada? ¿Qué un gobierno autonómico cerrara ambulatorios y quirófanos para enriquecer a la Sanidad privada de manera directa con conciertos e indirecta con el disparatado incremento de los seguros médicos privados? Pues no se lo imaginen, porque es precisamente lo que está sucediendo también en Andalucía. El desguace del Estado de Bienestar que está ejecutando Moreno Bonilla es absolutamente integral y simultáneo en todos los frentes. Y haríamos mal, muy mal en normalizarlo.