José María Contreras, director general de Relaciones con las Confesiones, visitó ayer la ciudad con motivo del ciclo de conferencias organizado por la UCIDE.
Por la mañana se reunión con el delegado del Gobierno, “en la que sólo mantuvimos una primera toma de contacto”, e indicó que cuando se retire de la Dirección General volverá a su labor académica que, en sus palabras, “es a lo que realmente me dedico”. –¿Qué valoración hace del congreso de hoy -por ayer-?
–Ya estuve el año pasado cuando se constituyó la UCIDCE. Que las comundiades musulmanas vayan tomando conciencia de su presencia en la sociedad española les sirve para organizarse y defender a través de esas organizaciones sus derechos pues, sin lugar a dudas, a ellas les corresponde trabajar en el proceso de protección y garantía de los derechos de los ciudadanos.
–¿Por qué el cambido de denominación de su Dirección General?
–En el fondo es situar más adecuadamente la función que cumple la Dirección General. Un estado laico no tiene asuntos religiosos que tratar, sino que se relaciona con las confesiones para desarrollar la libertad religiosa de los ciudadanos. No hay que olvidar que es una cuestión de los ciudadanos, porque primero están ellos y después las confesiones.
–El órgano que dirige, ¿tomará parte en el debate sobre la Ley de Libertad Religiosa?
–En principio corresponde al Ministerio de Justicia y a la Dirección General dentro del Ministerio establecer la política sobre materias relacionadas con la libertad de conciencia religiosa y de culto.
–¿Consistirá la reforma anunciada por el Gobierno en potenciar la naturaleza laica del Estado?
–Un estado laico es un estado neutral en relación al hecho religioso.¿Qué significa neutral? Que no tiene religión oficial y por tanto para él todas las creencias de los ciudadanos son iguales. Lo único que debe tener en cuenta es la proporcionalidad de esas creencias. Por tanto, hay que trabajar en ese elemento de neutralidad y separación entre el Estado y las confesiones. Porque en un estado confesional como el que teníamos lo importante eran las instituciones, pero en uno laico se debe a la garantía y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Uno de ellos es la libertad religiosa y en eso es en lo que vamos a trabajar. Pero sin atacar a nadie, en colaboración con las confesiones. Que el pluralismo surja y exista no porque el estado lo incite sino porque los ciudadanos así lo quieran, es un problema de ciudadanos no del Estado, no tenemos que incitar a nadie. Tenemos que garantizar que elijan libremente sus creencias para que este país sea cada vez más plural y rico. Hay que perfeccionar esa pluralidad par que nos sirva para convivir. Por otro lado, colaborar con las confesiones y con las personas que tienen distintas creencias para ver cuáles son sus necesidades.
–Hay quienes encuentran inconvenientes en esa diversidad…
–La diversidad es consecuencia de la libertad y por tanto cuanto más libres somos más diversos somos. Yo siempre seré partidario de que los ciudadanos puedan ejercer su religiosidad de la forma más libre posible. Si para alguno es un problema para mí no, al contrario, es una consecuencia de la Constitución española. Ya no solo creo que no es un problema, sino que es un enriquecimiento, siempre lo ha sido y lo que queda es trabajar para que esa diversidad al final sea un enriquecimiento para todos los ciudadanos pero nadie debe sentirse excluido. Yo trabajaré para que nadie se vea en esa situación porque tenga una creencia o unas convicciones por muy particulares que sean.
–Durante tres años dirigió Pluralismo y Convivencia, ¿detectó en aquel tiempo algún fraude?
–En tres años no hemos detectado ningún tipo de fraude, me parece un término muy fuerte, lo que sí ha podido ocurrir es un uso inadecuado de alguna subvención concedida, lo que se hace es verificar que ese uso al que se destina el dinero se haya hecho al mismo fin por el que se dio la subvención por parte de la Fundación. Pluralismo deberá verificar que ese uso se ha producido y sino pedirá el reintegro. Pero nuestro sistema democrático asegura mecanismos de control, de verificación y procedimientos para, si alguien hace uso inadecuado de cualquier fondo público, pueda subsanarse ese mal inmediatamente.
