La interrupción del embarazo antes del tercer mes de gestación ya no se persigue penalmente en el Distrito Federal. Sin importar cuál sea el motivo, las mujeres de la capital mexicana pueden abortar y acudir a los hospitales oficiales donde son atendidas gratuitamente. Según las autoridades capitalinas, la medida no equivale a una apología del aborto ni constituye una obligación, sino que es una solución a un problema de salud pública y la concesión a las mujeres del derecho a decidir. Cada quien decidirá según sus creencias y valores dentro de un Estado laico que reconoce a creyentes y no creyentes las mismas libertades y obligaciones.
Con excepción de los conservadores Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Verde Ecologista, todos los partidos políticos votaron a favor de la despenalización del aborto. La mayoría fue absoluta, y el PAN no consiguió los votos necesarios para oponerse a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En consecuencia, el Gobierno Federal, de corte conservador católico, hace un intento de echar abajo las modificaciones al código penal y a la ley de salud pública capitalinos.
Pese a que elpresidente mexicano, Felipe Calderón, se declaró en contra de la interrupción del embarazo, quienes darán la batalla jurídica son la Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta última considera que las modificaciones al código penal y a la ley de salud “rebasan el àmbito local”, pero los asambleistas de la ciudad de México replican que en una federación, como la mexicana, la Constitución establece una independencia de poderes, y que tanto el Congreso como los Gobiernos locales poseen facultad para votar sus propias leyes, tal como sucedió en el Distrito Federal con la despenalización del aborto.
José Luis Soberanes, de la CNDH, señaló algunas lagunas jurídicas. Por ejemplo, tratándose de menores de edad, ¿cómo proceder sin violentar el derecho de los niños?
La antropóloga Marta Lamas, figura emblemática del feminismo en México, confía en que no no prosperará el recurso de inconstitucionalidad, pues no cree que los ministros de la Suprema Corte sean lo suficientemente conservadores para dar marcha atrás en un proceso que será casi imposible frenar. Y todo indica que Marta Lamas tiene razón, pues el 80% de las mujeres que se ha visto en la necesidad de interrumpir su embarazo es católico.
En vez de terminar aquí, el debate condujo a otro más profundo, que concierne la protección legal de la competencia del Gobierno capitalino y del Legislativo local mediante una reforma política para la capital del país, que la dote de su propia Constitución, como es el caso en los demás Estados de la República.
También regresa a la mesa de discusión el contrapunto entre las leyes de un Estado laico soberano y las del Vaticano, que también es un Estado soberano, pero que se atribuyederechos de extraterritorialidad.
La controversia constitucional se presenta en vísperas de la participación de Felipe Calderón en la reunión del Grupo de los Ocho, en Alemania, y de su visita al Vaticano, donde probablemente recibirá aún más presión para que se invalide en México el aborto y el matrimonio entre homosexuales.
