El nuevo Gobierno socialista podría decidir, de acuerdo con el programa electoral del PSOE, denunciar los Acuerdos con la Santa Sede. Sin embargo, los expertos explican que una denuncia unilateral de dichos Acuerdos no sería causa de la «terminación» de los mismos sino que tendría que existir una negociación entre ambas partes, es decir, entre el Estado español y la Santa Sede.
El profesor de relaciones entre la Iglesia y el Estado en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo y exdiplomático de la Santa Sede, Francisco César García Magán, ha explicado a Europa Press que, según el Derecho de Tratados, «la denuncia de un tratado por una de las partes no es causa de terminación del acuerdo», a no ser que esté contemplado en el propio acuerdo.
En el caso de los Acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede, el experto explica que no está previsto este extremo por lo que en la «hipótesis» de que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, no podría romperlos de forma unilateral. Para que esta se produjera tendría que ser «por un acuerdo mutuo entre ambas partes», según ha precisado García Magán.
En el caso de que el Gobierno español denunciara los Acuerdos Iglesia-Estado y no quisiera sentarse a negociar supondría, según precisa el experto, una violación del documento por lo que a la Santa Sede solo le quedaría la posibilidad de presentar una protesta formal. No obstante, indica que con una actuación así «quedaría tocado el prestigio internacional» de España.
En este sentido, sería más probable que, en el caso hipotético de que el Gobierno denunciara los Acuerdos, se iniciara una negociación entre las partes, como ocurrió cuando se sustituyó el Concordato de 1953. La negociación podría ser para lograr un nuevo acuerdo o para no estipular ninguno.
Atendiendo a esta última posibilidad, que se disolvieran los Acuerdos, García Magán apunta un aspecto que habría que tener en cuenta: que la Constitución Española establece en su artículo 16.3 que los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Además, cree que sería llamativo que se rompieran los Acuerdos con la Iglesia católica y no los firmados con musulmanes, judíos y evangélicos.
Asimismo, recuerda que, aparte del mandato constitucional, «España está comprometida internacionalmente con los pactos internacionales de Derechos Humanos» y dentro de estos está el derecho fundamental de libertad religiosa. Por ello, señala que, aunque no existieran acuerdos, la libertad religiosa tendría que quedar «garantizada».
«PONDRÍA EN DUDA SU CREDIBILIDAD»
Por su parte, el profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Roma, Santa Croce, José Tomás Martín de Agar, tiene dudas de que el nuevo Ejecutivo español encabezado por Pedro Sánchez vaya a desmantelar los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.
«No deberían romperlo de manera unilateral, ya que es un Acuerdo con carácter internacional que entró en vigor tras haber pasado por la aprobación del Parlamento y no parece que vayan a romperlo de forma unilateral o arbitraria. Esto podrían en duda su credibilidad internacional ya que significaría que podría hacer lo mismo con todos los demás Tratados», ha señalado el experto.
Sin embargo, ha reconocido que en la práctica «podría hacerlo porque la Iglesia no tiene cañones» si bien ha referido que esto «le haría bastante daño, sobre todo, a su imagen en el extranjero». «El principio de los Pacta sunt servanda es que hay que cumplirlos ya que son vigentes para todos los Ejecutivos independientemente de su color político, sean de derechas, de izquierdas o de centro», ha apuntado.
No obstante, ha reconocido que el Estado «puede argumentar que hay que cambiar algunas cosas» lo que daría paso a una nueva mesa de negociación. «Se podrían negociar con el Nuncio apostólico o con el embajador de la Santa Sede en Roma, o también nombrando comisiones de estudio; hay muchas formas», ha sentenciado.
La Santa Sede mantiene acuerdos con 183 estados de diferente ámbito cultural, geográfico y político. En España, los Acuerdos que están vigentes se firmaron en 1979 y venían a sustituir el Concordato de 1953. Desde entonces, se han cumplido con la alternancia de los distintos gobiernos.
En el programa electoral del PSOE de 2016, el partido se comprometía a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, una idea que posteriormente ha defendido el responsable de Justicia y Libertades del PSOE, argumentando que estos Acuerdos han quedado «obsoletos».
