Los recortes y reformas que está imponiendo el ministro Wert suponen una auténtica masacre de la educación pública y una vuelta al modelo escolar franquista, elitista y segregador.
Los recortes y reformas que está imponiendo el ministro Wert suponen una auténtica masacre de la educación pública y una vuelta al modelo escolar franquista, elitista y segregador. Darán al traste con los principales avances en la educación pública que se habían conseguido durante la democracia, como un incremento notable de la red de centros públicos y de profesorado, bajada de ratios de alumnado por aula, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total desde los 3 años y mayor acceso a estudios superiores de las capas populares.
Esta línea de conquistas viene siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo, en diferentes Comunidades Autónomas, especialmente por los gobiernos del PP, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y más mercado”) quiere convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de forma exponencial en los últimos años. Y más ahora que, con el pretexto de la crisis, se está aplicando todo un programa sistemático de recortes sociales y de estrangulamiento económico de lo público.
Los recortes aplicados suponen no sólo la pérdida de 100.000 plazas de profesorado para el próximo curso, sino que conllevan además la eliminación progresiva de la educación de 0 a 3 años como etapa educativa, la práctica desaparición de la formación permanente del profesorado, la precarización de la función docente (mas horario lectivo, menos retribuciones, sustitución de bajas sólo a partir del décimo día) y la masificación de las aulas (brutal aumento del 20% de la ratio alumnado-aula), que tendrán una grave repercusión en la calidad educativa.
Estos tijeretazos se suman a los que ya han hecho las propias CCAA en años precedentes, reduciendo plantillas, salarios, gastos de funcionamiento de centros, tutorías, desdobles y apoyos, materias optativas, programas de apoyo y refuerzo, módulos de formación profesional, servicios de orientación o biblioteca, ayudas para adquisición de libros de texto, de comedor y actividades complementarias. Con estas medidas, el incremento del fracaso escolar está asegurado.
Y todo ello a la vez que se han extendido los conciertos educativos, incluso en etapas no obligatorias. No sólo se está subvencionando a familias que optan por centros privados de élite, sino que la financiación pública a la educación privada ha crecido un 30% entre 2005 y 2010, en plena época de crisis y recortes a la educación pública, según los recientes datos del INE.
A todo esto hay que sumar el salvaje recorte en Educación Superior y en I+D+i, a la par que la feroz subida de tasas universitarias, el aumento de horas lectivas del profesorado universitario, convirtiendo la docencia en una especie de “castigo” para los no investigadores y expulsando al profesorado asociado por miles.
Este proceso de privatización, segregación y desmantelamiento de la educación pública se busca justificar ideológicamente con la enésima reforma educativa, que ha anunciado el ministro Wert, eufemísticamente denominada 'Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación'. Esta auténtica contrarreforma educativa no sólo da pasos en sentido contrario a los criterios pedagógicos actuales y a las evidencias científicas vigentes en el campo de la educación, sino que avanza exactamente en sentido contrario, recuperando las reválidas superadas del franquismo, atacando frontalmente la equidad social y segregando al alumnado desde los 12 o 13 años. Sus ejes básicos giran en torno a seis principios fundamentales.
El primero, convertir la educación en una carrera constante de obstáculos y superación de pruebas y reválidas al final de cada etapa. Apuesta por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen, frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. Es lo que el PP entiende por “cultura del esfuerzo” y “carrera meritocrática”. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu franquista de la “letra con sangre entra”, en el que las condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes del éxito escolar.
El segundo eje sobre el que pivota esta contrarreforma es reducir el número de asignaturas y centrar la carga lectiva en unos contenidos mínimos, que es lo que se viene llamando en la terminología neoconservadora “volver a lo básico”. Dedicar así la educación obligatoria a preparar mano de obra barata, dotada con meros conocimientos instrumentales básicos para acceder a un futuro mercado laboral precario y en constante rotación. Lo que Berlusconi resumió con el lema de las tres “ies”: “Inglese, Internet, Impresa” (traducido en España, este último, por “espíritu emprendedor”). Sólo quienes logren superar todas las reválidas que se pretenden imponer podrán acceder a una formación más completa y cualificada, dirigida a cubrir empleos técnicos intermedios o a puestos directivos quienes puedan pagarse las nuevas tasas de los máster universitarios.
El tercer principio es segregar, seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado mediante “itinerarios”. Itinerarios que son una restauración de la LOCE de Aznar y que no conducen a reducir el abandono y el fracaso escolar, sino a eliminar progresivamente la igualdad de oportunidades y la formación común durante la etapa obligatoria. Se deriva cuanto antes a la población escolar con mayores dificultades hacia la FP, convirtiéndola de nuevo en una vía de segunda categoría, destinada a quienes no logren acceder a Bachillerato. Los programas de cualificación profesional, una vía para aquel alumnado con mayores dificultades de aprendizaje y que sólo se tiende a utilizar en último extremo, después de haber agotado todas las medidas de atención a la diversidad, se adelantan a partir de 2º de la ESO, es decir, con menos de 15 años. Además se empuja a estos programas al alumnado que tenga “situación socioeconómica desfavorable”, equiparando así pobreza y poca capacidad para el estudio, poniendo al mismo nivel ambas realidades, la de tener dificultades en los estudios con vivir en una familia con bajos ingresos económicos.
El cuarto elemento de esta nueva reforma educativa busca someter los centros educativos a las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados. Con el fin de que los “clientes” puedan comparar y elegir aquél que más ventajas competitivas les aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral. En este mercado competitivo las escuelas se hacen más selectivas, tendiendo a rechazar al alumnado que presenta mayores dificultades y que pueda hacer descender posición en el ranking de centros.
El quinto elemento de esta contrarreforma es la instauración, en coherencia con este modelo de competencia, del ‘pago por resultados’, propio del mundo empresarial, en el ámbito educativo. Se trata de aplicar refuerzos e incentivos a los centros, no ya en función de las necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con el puesto en el ranking. Ya se está aplicando en algunas Comunidades Autónomas, condicionando la financiación pública a los resultados obtenidos, mediante los contratos-programa u otras fórmulas similares.
Finalmente, se complementan la resurrección de estas viejas recetas franquistas con el sexto eje, la denominada “Nueva Gestión”. Es decir, gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas ante la insuficiencia de la financiación pública. Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y “diferenciada” a la clientela; así como la “profesionalización” de la dirección escolar como gerentes, expertos en gestión empresarial y de recursos humanos, que gestionarán los centros educativos públicos de forma “eficiente” y con rentabilidad económica.
Por eso es más urgente que nunca que la comunidad educativa aúne esfuerzos y comparta iniciativas contra estas políticas educativas del PP, que suponen el ataque más grave a la educación pública desde la transición, que nos retrotrae al modelo de escuela franquista y que, con la excusa de la crisis, pretende convertir la educación pública en una red subsidiaria y asistencial, mientras potencia e impulsa el negocio creciente de enseñanza privada concertada en nuestro país. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas, y el de la sociedad en su conjunto.
Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Universidad de León y Coordinador Federal del Área de Educación de Izquierda Unida
