Ante los partidarios de la objeción a la “Educación para la Ciudadanía” parece que quieren adoptarse medidas contundentes, mientras que en relación a la enseñanza de la religión las administraciones están adoptando posiciones de claud
El asunto se las trae. Después de ir muchas semanas con piel de cordero, los geriflates socialistas de Castilla-La Mancha sacan los dientes de lobo. Y aprovechan para ello la controvertida asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Diversos centros educativos de Toledo han denunciado la recepción de una Nota Interior de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha en la que se dan instrucciones sobre la conducta a adoptar por los centros de enseñanza ante las objeciones de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía.
Concretamente, Castilla-La Mancha ordena a las direcciones de centros educativos recibir los formularios de objeción de conciencia que se presenten y trasladarlos a la Delegación Provincial. Asimismo, insta a advertir a los padres que si el alumno no cursa la materia Educación para la Ciudadanía, no podrá ser evaluado y, por tanto, no promocionará de curso ni obtendrá la titulación correspondiente.
Para Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, «la nota de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha evidencia una total falta de sensibilidad de la Administración educativa ante un problema real de millares de padres de familia, es claramente inaceptable desde el punto de vista legal. Esta nota pretende negar a los ciudadanos un derecho constitucional como es la objeción de conciencia, amparado por el art. 16 de la Constitución Española y reconocido en diferentes sentencias por el Tribunal Constitucional».
Urcelay ha recordado que la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces, ha defendido a través de su portavoz, Antonio García, que «el Estado no debe imponer una moral pública; el paternalismo estatal está superado, y no puede quitarnos nuestra conciencia». En caso de que se multipliquen las objeciones de conciencia respecto a la nueva asignatura, «el que no quiera recibir la asignatura, no la recibirá, porque lo que no se puede hacer es perder un derecho fundamental que está en la Constitución, ya que la libertad de conciencia está reconocida como un derecho básico, del que se deriva el ejercicio de la objeción de conciencia, aunque este derecho no esté desarrollado en una ley específica».
Por este motivo, las asociaciones promotoras de la objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía han puesto esta Nota de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha en manos de sus servicios jurídicos a fin de que ejerzan de inmediato las acciones legales pertinentes en defensa de los derechos de los padres frente a las coacciones ilegítimas de la Administración.
Es preciso recordar que a esta fecha, según los datos que obran en poder de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, se han producido objeciones de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía en Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid Extremadura, Galicia y Región de Murcia.
