El informe final, que hoy recibe los últimos retoques, cifra en 40 las asociaciones con indicios delictivos
El informe final de la comisión parlamentaria que ha estudiado las sectas en España insta al Gobierno a un mayor control sobre estas asociaciones, particularmente en materia fiscal. El documento reclama una «más precisa regulación del régimen jurídico de las entidades sin ánimo de lucro y de utilidad pública, con el fin de no facilitar indebidas bonificaciones fiscales a entidades que no satisfagan íntegramente las condiciones que sean exigibles». La comisión, que hoy dará los últimos retoques al informe, cifra en 40 las sectas con indicios de «actuaciones ilegales», y en 150.000 sus adeptos.
La comisión del Congreso que ha estudiado las sectas, constituida en mayo pasado, cita un amplio listado de violaciones de la ley atribuidas a sectas: proselitismo ilícito, coacciones, amenazas, atentados a la libertad y seguridad de las personas, estafas, delito fiscal, evasión de divisas, delitos laborales en relación con horarios de trabajo, salarios y liquidación de cuotas a la Seguridad Social.Y, de añadidura, según el informe de la comisión, «resulta especialmente preocupante el tipo de repercusiones que en el orden sanitario, educativo, cultural y social pueden sufrir los hijos nacidos de padres integrados en sectas cerradas al entorno social». Todas estas acciones delictivas sectarias, según el documento, generan «inseguridad y angustia» en las familias afectadas y en el conjunto de la sociedad.
El texto señala también que estas violaciones de la ley, pese a su gravedad, «son de difícil prueba o muy lenta resolución en los tribunales, y vienen arropadas por el marco de libertades constitucionales que los ciudadanos desean ver preservado de su abuso ilegítimo».
La comisión, cuyo presidente es el socialista Manuel del Pozo, cree suficiente el marco jurídico existente en España referente a las sectas, salvo en el apartado fiscal. El informe, que será elevado al pleno del Congreso para que inste al Gobierno a su aplicación, declara injustificada e inconstitucional una ilegalización de todas las sectas. Esta «solución radical», según el documento, sólo puede ser aplicada por los tribunales a las sectas que transgredan la legislación vigente.
Sin embargo, la comisión sí propone en su informe un movimento económico con ingresos por servicios, con donaciones, con compraventas, con incremento de patrimonio, etcétera, impropio por su volumen de grupos que se presentan formalmente ante la sociedad como entidades sin ánimo de lucro y con finalidades altruistas de signo religioso, cultural, rehabilitador-terapéutico o análogos».
Tutela judicial
Otra recomendación es que se informe a jueces, fiscales y médicos forenses sobre el «síndrome disociativo atípico» como enfermedad psiquiátrica catalogada internacionalmente «por si, en su caso y con las debidas garantías judiciales, pudiera dar lugar, en aplicación de la ley vigente, a la incapacidad y mecanismos oportunos de tutela judicial en supuestas víctimas de procesos de despersonalización programada con efectos graves sobre la capacidad personal de decidir libremente».
La comisión pretende que los jueces estudien y promuevan las medidas cautelares legalmente aplicables respecto a «la tutela de menores en los supuestos de delito de abandono de familia por ingreso de uno de sus miembros en un grupo que pueda impedirle en la práctica el ejercicio pleno de la tutela y cuidados debidos al niño».
Otra exigencia es el establecimiento de acuerdos internacionales sobre sustracción de menores con el fin de facilitar su repatriación urgente si cruzan ilegalmente la frontera. La Administración, según el informe, debe velar también por el «cumplimiento de los deberes higiénicos y de escolarización en condiciones legales» de los hijos de padres residentes en comunidades cerradas.
La diputada democristiana Pilar Salarrullana es uno de los integrantes de esta comisión más favorables a introducir hoy recomendaciones aún más duras, algunas de las cuales distan de gozar del consenso, como es el caso de su idea de que se inculpe a los líderes de la secta de los delitos que cometan sus adeptos.
La comisión explica que el Pleno del Congreso le encargó no que hiciera una investigación sobre las sectas, sino un estudio. De ahí coligieron los diputados que «debía excluirse la búsqueda de datos e identificaciones personales o grupales o de la existencia de actuaciones concretas».
La comisión justifica el hecho de no haber establecido un catálogo de sectas en dos razones: el Congreso no se lo encargó y, además, dados los medios disponibles, sólo se habría conseguido censar a aquellas asociaciones sobre las que la comisión hubiera tenido noticias de denuncias, lo que habría provocado discriminaciones en favor de aquellas cuyas irregularidades no han aflorado.
La comisión estima que las «sectas destructivas», aquellas que «trasgreden la legalidad y destruye el equilibrio del sujeto y sus relaciones afectivas, laborales, sociales», acogen en España, 70.000 menores de 29 años, y a 80.000 ciudadanos mayores de esa edad.
El perfil del adepto a las sectas tiene estas facetas: mayor de 18 años, familia de renta baja, trabajo poco cualificado, cierto grado de inadaptación, escasa integración social, baja autoestima, y sentimientos religiosos.
