El contubernio católico-conservador sigue siendo una constante de la política española que, a estas alturas del tiempo, es exclusiva en Europa.
En ningún otro país de la Unión Europea (ni siquiera ya en Polonia) tienen los dictados vaticanos un eco eclesial tan activo y en ningún otro es tan permisiva la actitud de la Administración estatal de turno. Administración que aquí y ahora, paradójicamente, se autodefine como progresista… Cuenta España con un Sínodo de ejecutivos eclesiásticos, llamado Conferencia Episcopal, que decide a su antojo manifestaciones públicas – a costa de todos los contribuyentes, sean o no católicos – para difundir y defender las tesis morales dogmáticas que van proclamando sus iluminadas “Santidades”, aferradas invariablemente a una concepción del Universo que no se corresponde con los datos disponibles en nuestros días. Esas tesis morales, definidas en función de hipótesis puramente especulativas, como lo son las conclusiones teológicas, estuvieron en otro tiempo destinadas a configurar la vida en el seno de una sociedad civil comparable a la mesiánica “Ciudad de Dios”. Y tal parece seguir siendo el patético empeño, cuyas implicaciones y consecuencias políticas son más que evidentes.
El último 15 de noviembre, ante la “Asamblea plenaria del Consejo Pontificio para los Laicos”, declaraba el Papa Benito XVI que reafirmaba << de modo especial, la necesidad y la urgencia del acompañamiento pastoral de una generación de católicos comprometidos en la política, que sean coherentes con la fe profesada…>> Y el día 8, según L’Osservatore Romano, había encomiado la actitud de Pío XII <<…indicando, por ejemplo, los deberes de los jueces, de los abogados, de los agentes sociales…>>.
En este incomparable marco hispano de contubernio católico-conservador, no pueden extrañar las declaraciones del nuevo Presidente de nuestro Tribunal Supremo (y del Consejo Superior del Poder Judicial), Carlos Dívar, cuando asegura públicamente que:
<< Sólo en amar a Cristo y hacerle amar, en una vida coherente y cabal, se encuentra la única y verdadera Justicia.>>
<< En cualquier caso, los católicos, obedeciendo al Papa, nunca nos equivocamos>>
<< Quien negara a la persona humana más inocente y débil, la ya concebida, pero todavía no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral >>
Tan solo analizando someramente los contenidos de estas afirmaciones, cualquier Gobierno o cualquier Parlamento europeos habrían reaccionado inmediatamente exigiendo explicaciones al máximo representante del tercer poder del Estado. Aquí no ha pasado nada.
Si “ solo en amar a Cristo y hacerle amar” se encuentra la única y verdadera Justicia ¿qué justicia podrá impartir un juez español musulmán, agnóstico, ateo o de cualquier otra convicción personal?. Y si los jueces católicos comparten con su jefe espiritual la infalibilidad ¿qué juez católico admitirá cualquier recurso contra una sentencia pronunciada por otro juez católico? Por si fuera poco, los jueces católicos violarán “el orden moral” si obedecen las leyes estatales sobre el aborto, según afirma el Presidente del Tribunal Supremo de España. El Congreso de los Diputados, órgano del poder legislativo del Estado democrático español, es mayoritariamente inmoral para el máximo representante del poder judicial de este Estado, cuando aprueba leyes contrarias a las tesis vaticanas. Y el poder Ejecutivo guarda silencio…
Si cualquier actuación corporativista debe ser considerada laicamente inmoral cuando se efectúa obviando o trasgrediendo derechos y deberes, ajenos o propios, las declaraciones de D. Carlos Dívar pueden parecer una clara invitación a la práctica del corporativismo sectario más arrogante: el de los jueces católicos, infalibles al obedecer las consignas papales, que han de ser, para todos ellos, inapelables.
Esperemos que la anunciada comparecencia del Sr. Dívar ante el Congreso, aunque lo sea a causa de un asunto que no parece directamente relacionado con las creencias del juez Tirado – tema sobre el que ya ha advertido que no piensa decir nada – sirva para que algún diputado le interpele adecuadamente. Creo que los ciudadanos necesitamos saber dónde estamos.
Amando Hurtado es escritor y licenciado en Derecho
