El Gobierno registra en el Congreso una lista de 34.961 bienes inmatriculados en favor de la Iglesia católica. Calvo admite que obtuvo la titularidad de acuerdo a la ley vigente entre 1996 y 2015, pero el listado permitirá eventuales reclamaciones.
El Gobierno ha remitido este martes al Congreso un listado con más de 34.000 bienes que entre 1998 y 2015 fueron inmatriculados en favor de la Iglesia católica sin que mediaran pruebas de su titularidad más allá de notas simples o títulos de certificación eclesiástica tal y como se le permitió hacer mediante una ley que estuvo vigente durante esos años. El Gobierno reconoce que se cumplió la ley vigente, pero también que la identificación de todos estos bienes abre la vía a que administraciones y particulares puedan reclamar su titularidad por vía administrativa o a través de los tribunales.
Según el listado completo que ya ha sido entrado al registro del Congreso y al que ha tenido acceso este periódico, entre los casi 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia se encuentra lo más granado del arte religioso español, puesto que de la “ardua investigación” que ha llevado a cabo la Administración General del Estado se desprende que, en virtud de la Ley Hipotecaria de 1996, la Iglesia se hizo con la titularidad de las catedrales de Sevilla, de Barcelona, de Santiago, de Valencia o de Palma, además de la de Córdoba, levantada sobre la Mezquita y que ha sido el fetiche inmobiliario de quienes llevan años denunciado estas inmatriculaciones.
La documentación que ha aportado el Gobierno al Congreso consta de más de 1.600 folios y es tal su magnitud que ha tenido que ser registrada en dos documentos separados. Junto a colegios, casas parroquiales, solares, seminarios o templos y ermitas, en la relación de bienes destacan las catedrales de Cádiz, Málaga, Burgos, Toledo, Zamora, Tarragona o Ibiza.
Según ha explicado este martes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, parte de un mandato del Congreso, que en 2017 instó al Gobierno -entonces presidido por Mariano Rajoy- a que elaborara un listado sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia por toda España en virtud de la Ley Hipotecaria de 1996, modificada en 2015, que permitió a la Iglesia obtener la titularidad de inmuebles y otros bienes simplemente aportando certificaciones expedidas por sus diócesis.
El Gobierno ha informado al Congreso de un total de 34.961 inmatriculaciones, de las que 20.014 se refieren a templos, iglesias, catedrales o dependencias complementarias, dedicadas al culto o a la educación. Entre los 14.947 bienes restantes hay terrenos, viviendas o locales.
Los bienes están repartidos por todo el país, aunque hay comunidades donde las inmatriculaciones fueron mucho más numerosas que en otras. Según el listado, en Castilla y León se han identificado 10.243 bienes; en Galicia, 7.131; en Cataluña, 4.193; en Andalucía, 2.111, o 1.034 en Navarra. En la Comunidad de Madrid la cifra asciende a 364 bienes.
El PSOE reclamó la titularidad en 2017
Según ha apuntado Calvo, con este listado, producto de una “rigurosa” investigación por parte de la Administración, el Gobierno cumple con el mandato del Congreso. Sin embargo, la vicepresidenta no ha querido explayarse este martes en qué podrá suceder ahora que han sido identificado decenas de miles de bienes inmatriculados en favor de la Iglesia.
La vicepresidenta ha insistido en que lo fueron en virtud de una ley que se lo permitía -la Ley Hipotecaria de 1996- pero no ha querido ir tan lejos como el PSOE fue en 2017, en una proposición no de ley, aprobada por la Cámara. Entonces, los socialistas instaron al Gobierno de Rajoy a elaborar “en el plazo de seis meses” el listado que se ha registrado este martes “y proceda a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien”.
Calvo primero y el Gobierno después han apuntado este martes que la elaboración del listado y su presentación en el Congreso es un ejercicio de “transparencia” por parte del Ejecutivo, aunque admitiendo también que a partir de ahora administraciones y particulares podrán reclamar por la vía administrativa o judicial la titularidad de un determinado bien si lo consideran oportuno.
Calvo ha asegurado que las inmatriculaciones en favor de la Iglesia entre 1998 y 2015 se produjeron “al amparo de una situación legal” que “ahora puede ser contestada”.
“Hay una primera vía administrativa para que la Administración General abra la investigación correspondiente cuando se duda del resultado final de esta inmatriculación y está la vía de los tribunales, como corresponde a cualquier discrepancia cuando cualquier persona jurídica o física o cualquier administración pública discrepe del conocimiento que se va a tener de este listado”, ha dicho.
