El interno, español y muy agresivo, cumple condena en la cárcel de Murcia y un juzgado le investiga por adoctrinamiento del yihadismo. Los sindicatos alertan de una «sangría»
La agresión a un funcionario en la cárcel de Murcia el pasado 1 de julio -faltó un centímetro para que le cortara la yugular– ha sido enviado a la la Audiencia Nacional dado a que el recluso está siendo investigado en un juzgado por adoctrinamiento yihadista. Fue la Policía la que ha remitido la denuncia a Madrid, tal como exponen fuentes penitenciarias.
Según ha podido saber este periódico, el preso es un hombre español que cumple condena por delitos comunes y es extremadamente violento. Fue dentro de la prisión donde comenzó a contactar con personas vinculadas al yihadismo, por lo que se está incluido en el Fichero de Seguimiento Especial (FIES) del centro penitenciario.
Este episodio, quizá el más grave de los que se registran a diario en las prisiones españolas, ha servido a los sindicatos mayoritarios para volver a pedir explicaciones al Ministerio del Interior por la falta de seguridad en los centros.
El diagnóstico sigue siendo el mismo -que faltan funcionarios- aunque hoy lo han acompañado de cifras. En este momento, según Acaip UGT y CSIF, hay más de 2.869 vacantes y la media de edad de los trabajadores penitenciarios es envejecida, ya que se sitúa entre los 50 y los 51 años. Ambos sindicatos hablan de «sangría».
El clima de agresiones «constantes», incidentes de todo tipo y la falta de recursos que denuncian ha provocado una intensa reacción que va desde la convocatoria de protestas hasta el anuncio de denuncias penales para los directores , han dicho, «que no actúen y defiendan a los trabajadores».
Según ha expuesto el presidente nacional de ACAIP-UGT, José Ramón López, la situación es del todo «insostenible». «Los trabajadores penitenciarios están soportando de una forma continua circunstancias que ponen en grave riesgo su integridad física».
López abundó, asimismo, en el «gran número» de jubilaciones y en la «gravísimo problema» de la clasificación , ya que, ha insistido, «se realiza en grados no adecuados a sus patologías».
El responsable nacional de CSIF Prisiones, Jorge Vilas, ha respaldado el discurso de López y ambos han consensuado que la falta de psiquiátricos penitenciarios -únicamente hay dos en España: Alicante y Sevilla- está convirtiendo las Enfermerías de las prisiones en «psiquiátricos encubiertos«.
«El Ministerio del Interior está mirando a otro lado y un día habrá consecuencias irreparables. El compañero de Murcia lo ha podido contar de milagro. La Administración es responsable de todo lo que ocurre», ha zanjado José Ramón López.
Ambos representantes sindicales precisaron, asimismo, que de un 25 a un 30% de la población reclusa toma medicación psicotrópica. «No hay especialización entre los trabajadores porque no son médicos y no es lo mismo tratar con un esquizofrénico, que con un psicópata que con un depresivo. Esto es un caldo de cultivo a agresiones», ha puntualizado el presidente de ACAIP-UGT.
Tanto López como Vilas se quejaron de la política penitenciaria de Interior en cuanto a la concesión de terceros grados. «Se deja en libertad a personas que no están preparadas para convivir con el resto de la sociedad. El fin del ministerio no es la reeducación sino cumplir con las estadísticas y vaciar las prisiones», ha matizado Vilas. «Interior no cumple con sus compromisos».
