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Justicia divina

Una somera mirada a la historia muestra con claridad que la "justicia divina" ha sido un freno implacable para desarrollo en el mundo occidental de la justicia humana. Durante siglos se ha perseguido y aniquilado a librepensadores, hombres de ciencia, estudiosos, escépticos o adeptos a otras religiones que no fueran la católica. Durante siglos, la razón humana ha sido amordazada por la intolerancia y el fanatismo religioso.

Durante siglos el dogmatismo religioso, aliado siempre con el poder de las tiranías humanas, ha reprimido los derechos ciudadanos y ha promovido la ignorancia, el inmovilismo social, la injusticia y el sometimiento, ya físico, ya intelectual, de los sectores sociales más castigados; todo ello como medio para perpetuar su poder terrenal (que no divino), y en base a unos dogmas irracionales diseñados para anular la libertad humana.

El pasado lunes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ultra-católico y ultra-conservador Carlos Dívar, inauguró el nuevo curso judicial con un acto del todo ajeno a sus competencias, y que vulnera la aconfesionalidad y la imparcialidad ideológica que requiere, tanto el cargo que ostenta, como la institución que preside. El acto en cuestión es una misa ("Misa de apertura de Tribunales", iniciativa de Dívar desde el año pasado), y que este año ha sido oficiada, según los medios, por el presidente de la Conferencia Episcopal y amigo íntimo del juez, el cardenal Rouco Varela.

Los fanáticos católicos estarán, a todas luces, encantados de constatar que el poder judicial en España sigue en manos de jueces que velarán por los privilegios y los intereses de una confesión y una ideología que "gobernó" el país cuarenta años y que, según la evidencia, se resiste a dejar de hacerlo tras más de tres décadas de democracia. Y este despropósito, que pudiera considerarse aconstitucional (porque la Constitución española avala la aconfesionalidad del Estado), nos puede inspirar un sinfín de preguntas que tienen respuesta, aunque poco grata.

Centrándonos en lo más obvio, lo que llamamos Estado se vertebra alrededor de tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), cuya independencia e imparcialidad, junto al respeto constitucional de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se constituye en uno de los principios básicos que caracterizan al Estado de Derecho. Y esto no lo ha inventado el PSOE, ni el PP, ni Zapatero, ni, por supuesto, Rajoy o Aznar, sino que tiene su origen en la formulación clásica de pensadores que, como Locke, Rousseau o Montesquieu, sentaron en la Ilustración las bases del Estado moderno que garantizara, frente a la tiranía, la protección de los ciudadanos.

Por tanto, el poder judicial (el encargado de gestionar y administrar la justicia) es uno de los tres poderes fundamentales del Estado, cuya independencia es una condición "sine qua non", porque de ella depende que el resto de poderes no contravengan el ordenamiento jurídico, o, dicho de modo coloquial, para que no se "arme la marimorena" y se respeten las leyes y los preceptos constitucionales.

El propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en distintas resoluciones a lo largo de los años de su existencia, como la resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/43, establece que "la existencia de un poder judicial independiente e imparcial es condición previa y esencial para proteger los derechos humanos y garantizar que no haya discriminación alguna en la administración de la justicia".

El señor Dívar es un ultra-católico militante, que accedió a la presidencia del CGPJ en 2008 gracias a los votos a favor del PP y del PSOE, y del que no se puede esperar la imparcialidad ideológica que requiere su cargo. El anterior ministro de Justicia –Bermejo- defendió públicamente, sin embargo, su "profesionalidad" y su "imparcialidad" para justificar dicho nombramiento. Pero en los dos años que lleva inaugurando el año judicial, Carlos Dívar ha institucionalizado una ceremonia confesional (luego, parcial y mediática), además oficiada por el cardenal católico responsable, según diversas fuentes y la evidencia, de la radicalización de la iglesia española y de la derecha política.

¿Es ésa la imparcialidad de la que hablaba Bermejo? ¿Dónde está la aconfesionalidad de que habla la Constitución? ¿Dívar será capaz de defender la compostura democrática que garantice el progreso democrático del país? ¿Será capaz de defender las medidas progresistas que su confesión rechaza y condena? ¿Podrá mantener la neutralidad ideológica que exige su cargo? ¿Será simplemente un tentáculo que la Iglesia utiliza para dominar el poder judicial con un gobierno que supuestamente no le es afín? ¿Tiene algún sentido que un gobierno progresista y de izquierdas coloque en la cima de la justicia en España a un ultra-conservador al servicio, según parece, del poder eclesial?

Me temo, la verdad, que todas estas preguntas tienen claras respuestas. Pero, de momento, al menos, podemos hacernos conscientes de que uno de los grandes adalides de la justicia en este país es, a estas alturas, alguien que defiende (no sólo a nivel privado, sino también público) ideas integristas y fundamentalismos religiosos. Y la justicia, para que sea democrática y justa, debe de ser imparcial y no estar subordinada, como en fascismos y en dictaduras, a ninguna oligarquía religiosa. Y, mientras la justicia esté en manos de personas comprometidas con dogmatismos intolerantes y antidemocráticos, la justicia en este país no será ni democrática ni justa.

Coral Bravo es Doctora en Filología y miembro de Europa Laica

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