El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, apela a sus creencias religiosas para desaprobar la ley del aborto. Cuando el presidente del Gobierno le propuso para el cargo, aseguró que las convicciones ideológicas, morales o religiosas no pueden condicionar la capacidad de una persona para una responsabilidad institucional. Y es que poder y deber son dos verbos cuyo significado se confunde habitualmente.
Que alguien que ha de tener decisión en temas complejos y sensibles socialmente en una sociedad plural -como es el caso de la ley del aborto- tuviera por costumbre repartir rosarios a modo de incentivo o gratificación entre los funcionarios de la Administración de justicia a la vuelta de sus frecuentes peregrinaciones a Tierra Santa, o que afirme que la única y verdadera justicia es la de Cristo, no parece el garante adecuado para presidir una institución que ha de garantizar una justicia civil, laica.
Pero esto no es nuevo; todo el mundo conocía las creencias del señor Dívar, por más que él en su momento manifestara que separaría las esferas pública y privada. Es decir, poder parece que pueden, aunque no deban.
