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Francia: las autoridades podrán fichar las opiniones, sindicatos y religión de los ciudadanos

A partir del 4 de enero la policía y la gendarmería francesa pueden fichar las opiniones políticas, la afiliación sindical, convicciones religiosas e historia clínica de los ciudadanos franceses.

Las fuerzas del orden podrán también almacenar en nombre de la seguridad del Estado, en bases de datos gubernamentales, los usuarios, las fotos, las actividades en línea de los internautas y sus comentarios publicados en las redes sociales.

El Consejo de Estado, el más alto tribunal administrativo de Francia, confirmó los tres decretos, que habían sido impugnados por varios sindicatos y que amplían las posibilidades de las autoridades policiales de llevar registros.

Según el tribunal los textos no atentan de manera desproporcionada contra la libertad de opinión, de conciencia, de religión y sindical en Francia. El sindicato de la magistratura, el sindicato de abogados franceses, además de otras agrupaciones sindicales como la CGT y Fuerza Obrera denunciaron la “peligrosidad” del contenido de estos tres decretos, que ahora permiten a las autoridades fichar el “estilo de vida” y las “actividades en línea” de los ciudadanos.

Al examinar los textos iniciales, la Comisión Nacional de Informática y Libertad señaló, en su opinión preliminar, que “todas las redes sociales se veían afectadas” por estas medidas. “Los datos que se recogen en las páginas web o en las cuentas abiertas son principalmente los comentarios publicados en las redes sociales y a las fotos o ilustraciones publicadas en línea”.

Mientras que los textos anteriores se limitaban a enumerar las “actividades políticas, filosóficas, religiosas o sindicales” de las personas físicas, estos decretos introducen nociones vagas de “opiniones” políticas, “convicciones” filosóficas y religiosas o de “pertenencia” sindical. Información que se obtendrá, entre otras cosas, mediante la recopilación de las “actividades en línea” de los ciudadanos.

Frente a las críticas en las redes sociales desencadenadas por estos decretos, el Ministerio del Interior negó una intención del gobierno de introducir la vigilancia electrónica de la población francesa.

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