El portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, ha comentado que "se podrían recaudar 3.000 millones de euros" si la Iglesia abonará los impuestos de bienes inmuebles (IBI), además de IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA.
Ramírez se ha manifestado en rueda de prensa después de participar en el Congreso anual de JpD que ha tenido lugar en Valencia durante los dos últimos días. El acuerdo entre el Gobierno y la Santa Sede resulta "paradójico" porque ha apuntado que "cuando se piden recortes por parte del Gobierno y de la CC.AA se dejen de ingresar cerca de 3.000 millones de euros anuales".
El portavoz de esta asociación progresista de jueces ha recordado que "además el Estado es el que abona los salarios de los profesores que imparten la asignatura de religión". Ramírez considera que esta circunstancia "no es compatible con un estado aconfesional, ni con un criterio racional". Por este motivo ha solicitado que "la Santa Sede tenga el mismo tratamiento fiscal que otras organizaciones".
Este es uno de los puntos que se han tratado durante en el Congreso Anual de Jueces para la Democracia que cuenta con 540 asociados. Durante dos días se ha analizado la "dura" situación de crisis que se está atravesando en estos momentos de "regresión en valores y recortes sociales durísimos".
Ramírez considera que todo esto "evidencia que se produce un cambio de paradigma" y se considera que "se pasa de un estado social a un estado penal". Por este motivo era "necesaria una reflexión conjunta" desde la asociación de jueces para contribuir y dar soluciones "beneficiosas" para la comunidad.
TASAS JUDICIALES
El portavoz también ha explicado que el proyecto de ley de las nuevas tasas judiciales ha sido valorado en el congreso "muy negativamente". "No tiene nada que ver con la litigiosidad o el abuso de la administración de justicia, ya que la finalidad es totalmente recaudatoria", ha afirmado.
Además, considera que le ley es "discriminatoria" porque para poner una demanda de juicio verbal habrá que pagar 150 euros "independientemente de la capacidad económica de la persona que litigue". "Se vulnera el derecho de la tutela judicial efectiva", ha agregado.
El portavoz ha asegurado que todas estas normas "no sirven para aligerar la justicia" porque el problema no está en la segunda instancia, sino que está en la primera. "Hay que rediseñar la organización judicial porque es del Siglo XIX y no se sostiene", ha destacado.
En cuanto a la Reforma Laboral, a JpD les "sorprende y preocupa" que en la propia legislación haya normas específicas que establezcan que la norma se tiene que interpretar de una manera determinada. "Solo como nos digan ellos y eso es desconocer la esencia de la función jurisdiccional", ha aclarado.
"No somos mayordomos de los mercados, ni servidores de una concepción ideológica concreta, ni meros escribanos de la literalidad de la ley", ha resaltado. Ramírez considera que la función del juez es "interpretar la ley a la luz de la Constitución". "Cualquier modificación legal que se haga y que pugne con los derechos fundamentales, se tratará de reconducirla para interpretar la normativa", ha manifestado.
Ramírez ha lamentado que el Gobierna "legisle a través de decretos y no a través de leyes, y eso no responde a parámetros de un estado constitucional".
ORDEN PÚBLICO
Desde el punto de vista penal, el Congreso ha analizado las reformas penales que se están promocionando desde el Ministerio de Justicia en delitos contra el orden público. "Todo empezó en Valencia con las manifestaciones contra los recortes educativos", ha recordado. "Aquello acabó con una comparecencia del ministro del Interior que habló de la necesidad de cambiar la legislación para castigar con más severidad los delitos contra el orden público", ha reseñado.
Después en la huelga general se volvió a poner de relieve la reforma del Código Penal "para hacer penalmente responsables a aquellas personas que hubieran participado en las manifestaciones y hubieran podido incurrir en actos delictivos", ha explicado.
Ramírez cree que cada vez que hay una manifestación ciudadana "se aprovecha el hecho para invocar la necesidad de reformar el Código Penal y esto no tiene ningún sentido". "Han sido más de 30 reformas en los escasos años de vigencia del código penal y con estas reformas que se proponen es disuadir al ciudadano de acudir a ejercer derechos fundamentales contra las decisiones políticas que se están adoptando", ha destacado.
Durante el Congreso también se ha hablado de las repercusiones de la crisis en materia de violencia de género. "Por parte del PP se está haciendo un mal uso de la filosofía que inspiró esta ley porque se destinan recursos para la persecución penal, y se olvidan los recursos asistenciales", ha denunciado.
"Si se cierran las casas y centros de acogida por falta de presupuesto, el mensaje que se lanza a las mujeres es que "no denuncies porque os podéis quedar en la calle", ha avisado.
Sobre el modelo de revisión de los partidos judiciales, ha indicado que a la asociación le parece "tremendamente positivo y necesario". "Después habrá que analizar con detalle cómo se traduce esa implantación de la reforma en cada partido judicial concreto. Debe ir vinculado a la nueva oficina judicial y a los tribunales de instancia", ha finalizado.
