El presidente de Europa Laica analiza en esta entrevista algunos acontecimientos que han afectado a la Iglesia católica durante 2023.
2023 ha sido un año agitado para la Iglesia española. La pederastia y los abusos sexuales en el seno de la institución religiosa se han colocado en el centro del debate público, sobre todo a raíz de la publicación del informe del Defensor del Pueblo, que apuntaba a que más de 400.000 personas habrían sido víctimas de abusos en el ámbito religioso en España.
A ello se le añade que, en marzo, el Gobierno terminó con dos de los múltiples privilegios fiscales con los que cuenta la Iglesia, y ahora tendrá que hacer frente al pago de dos impuestos de los que estaba exenta.
Repasamos todas estas cuestiones con Juanjo Picó (València, 1950), presidente de la organización Europa Laica.
Acabamos de conocer que la Conferencia Episcopal ha vuelto a batir un récord de asignación tributaria en la campaña de la Renta de 2022, con 359 millones de euros de dinero público. ¿Cómo lo valoran?
La valoración que hacemos es, prácticamente, la misma de todos los años cuando se publican estas cifras. Por un lado, pedimos al Gobierno de turno y a la Conferencia Episcopal que simplemente cumplan los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, en los que se establece que la Iglesia se tiene que autofinanciar. Un acuerdo, repito, firmado hace casi 45 años y que no se ha cumplido nunca porque ni PP ni PSOE lo han hecho cumplir. Y ya es hora de dejar de detraer del erario público esta cantidad de millones que cada año aumenta.
Respecto a las últimas cifras, tenemos que decir que el crecimiento en la asignación tributaria nos parece grave porque, además, no responde a las tasas de secularización social. De hecho, la cantidad de contribuyentes que marcan la X a favor de la Iglesia disminuye. Esta contradicción se produce por dos factores: primero, porque las medidas del Gobierno y la propia economía produce un aumento en las rentas y sueldos, por lo que ese 0,7% que se destina a la Iglesia crece. Asimismo, como se intuye a través de diferentes informaciones, quienes suelen marcar la X son los contribuyentes con las rentas más altas, que cada año ganan más.
Finalmente hay un elemento poco democrático que es el hecho de que sea la Conferencia Episcopal y no la Agencia Tributaria quien dé a conocer estos datos, cuando el organismo valedor de los mismos es este último. Que sean los obispos solo demuestra la simbiosis entre Iglesia y Estado que todavía se mantiene en España.
Dice que el número de contribuyentes que marcan la casilla a favor de la Iglesia desciende. Sin embargo, la CEE, en la presentación de estos resultados, anunciaba que en la pasada campaña había aumentado en 210.000 personas respecto al año anterior.
Aumenta el número absoluto de contribuyentes porque aumenta en general el número de personas que cotizan, pero en términos porcentuales baja. En general, la Iglesia no consigue captar a nuevos contribuyentes.
En menos de una década (2012-2021), la Iglesia española ha perdido una de cada tres celebraciones litúrgicas. Aunque la pérdida de fieles ha sido progresiva, la pandemia ha influido. El próximo año, la CEE dará a conocer los datos de 2022. ¿Cree que veremos un repunte y que el catolicismo se puede recuperar?
En absoluto. Pero no solo en lo que tiene que ver con bodas, bautizos o comuniones. El CIS [Centro de Investigaciones Sociológicas] demuestra que el número de personas que se declaran católicas disminuye año a año. Y ya si nos fijamos en quienes se definen como católicos practicantes, el porcentaje es todavía menor, mientras que las personas no religiosas no paran de crecer. Aquí tengo los datos de octubre de 2023: en España, la población que se define como católica es el 54% del total, pero católicos practicantes, solo el 19%. Si te vas a la franja de 18 a 25 años, los católicos pasan de 54% al 37%, y los practicantes, del 19% al 11%.
Todo ello no quita que determinadas cosas se haya convertido en una rutina como consecuencia de la simbiosis entre Iglesia y Estado; es decir, que hay personas que marcan la X en su declaración de la renta incluso aunque no crean porque lo tienen interiorizado. Lo que no tiene sentido es que mientras la secularización avanza imparable, la legislación estatal mantenga unos privilegios inmutables. Es una contradicción sociológica que no se sostiene.
¿Cree que muchos y muchas contribuyentes marcan la casilla porque no les supone un mayor desembolso tributario?
Sin duda. Si tuviésemos un modelo como el alemán, eso todavía cambiaría mucho más rápido. Allí, el contribuyente católico paga sus impuestos y, además, un extra por la confesión religiosa a la que pertenece. Aquí no, aquí quien pone la X detrae de sus impuestos una parte que se va a la Iglesia católica en lugar de ir al fondo de todos, y eso produce que la hucha común se vea afectada, por lo que, de forma indirecta, los no católicos también nos vemos afectados.
En el ámbito económico, una de las pocas decisiones tomadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido la eliminación de dos privilegios fiscales de la Iglesia, que ahora tendrá que hacer frente al pago de las Contribuciones Especiales y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). ¿Cómo lo valora?
Poner fin a uno de los muchos privilegios de los que goza la Iglesia lo vemos bien. Pero tenemos que decir que esto es el chocolate del loro, porque el impuesto de las Contribuciones Especiales apenas se aplica, y el ICIO se sitúa para la Iglesia en torno a los 16 millones de euros. Es decir, la nada si tenemos en cuenta los 600 millones de euros que dejan de ingresarse por la exención que tienen en el pago, únicamente, del IBI.
Por otro lado,no nos cansamos de denunciar que esto no ha sido un acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el Estado, sino una obligación impuesta por una sentencia de Tribunal de la Unión Europea. Esto mismo sucedió con el pago de IVA, que se vendió como una renuncia voluntaria de la Iglesia pero que también fue una imposición judicial.
Es decir, que si a la Iglesia no se le obliga, nunca cede, ¿no?
Evidentemente. A la Iglesia hay que hacerle cumplir con sus obligaciones, porque nunca lo va a hacer de forma voluntaria. De hecho, ni siquiera cumple con lo que está escrito, porque como ya he dicho, los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 establecen que la Iglesia debe autofinanciarse, y 45 años después siguen sin hacerlo.
¿Qué otros privilegios sería necesario eliminar de forma inmediata?
En los Presupuestos Generales del Estado habría que eliminar la asignación del 0,7%, es decir, la casilla propia que tienen en la declaración de la renta, así como acabar con la exención en el pago de IBI. En general, que paguen impuestos, porque ahora mismo solo pagan IVA, IRPF e ICIO, pero no pagan Sociedades, por ejemplo.
Siempre ponen la excusa de que los partidos políticos u organizaciones como la Cruz Roja tampoco pagan IBI, y es verdad y deberían pagarlo también. Pero es que la Iglesia es el mayor propietario de bienes inmuebles de España. Solo con las inmatriculaciones se apropiaron de 100.000 bienes por los que, encima, no pagan impuestos.
La iglesia es una organización privada de creyentes y como tal debería actuar, como un ente privado. Es pura democracia y no supone persecución religiosa de ningún tipo, por mucho que digan.
2023 ha sido un año también en el que se ha explicitado escasa voluntad de la Iglesia por reparar a las víctimas de la pederastia en el seno de la institución. Finalmente, la Conferencia Episcopal ha aceptado indemnizar a todas las personas que hayan sufrido abusos siempre que haya “una convicción moral” de que ello haya sucedido así. ¿Cree que esto es un paso importante?
Es un paso que viene con mucho retraso y con muchas zancadillas, así que vamos a dejarnos de mensajes mediáticos y vamos a ir al tema. Es decir, hay que tener claro que la Iglesia ha estado impidiendo poder entrar a sus archivos, incluso al Defensor del Pueblo. Esto le convierte en juez y parte de todo lo que ha significado la pederastia, que es un tema a nivel mundial.
En cuanto a las indemnizaciones, evidentemente no tiene que asumirlas el Estado, sino la iglesia, haya prescrito el tema o no. La iglesia francesa, por ejemplo, está vendiendo propiedades para hacer frente a ello. La española es inmensamente rica y no se puede escudar en los abusos en otros ámbitos de la sociedad, porque su papel preponderante en las conciencias y en la educación les hace un actor principal. Y como tal debe actuar.
Cualquier paso que se dé adelante, bienvenido sea, pero que no se busquen atajos, ni se hable de “convicciones morales”. Lo primero que deben hacer es abrir sus archivos para que puedan ser analizados. Sería la primera prueba para demostrar que pretenden colaborar.
¿Cuáles son sus deseos laicos para 2024?
Nuestros deseos parten, primero, del análisis de la situación actual, es decir, que hay que tener en cuenta cuál es el planteamiento de las fuerzas políticas progresistas en general y del Gobierno de coalición en particular en lo que al avance del laicismo, y nuestro análisis nos dice que es nulo, cero patatero.
No hay ningún interés en ello, pero porque en realidad nunca lo ha habido. Algunos programas electorales sí lo recogían, e incluso se apostaba por poner fin a los acuerdos con la Santa Sede, pero luego quedaban en nada cuando del programa electoral se pasaba al programa de Gobierno. En la legislatura pasada, por presión social y convencimiento, se apostó al inicio por resolver el problema de las inmatriculaciones, pero al final no se cumplió. Seguimos sin poner fin al expolio de nuestro patrimonio y el tema ya se ha enterrado.
A futuro, uno ve el programa del Gobierno actual y se ha eliminado cualquier punto de avance laicista. Algo queda en la parte de educación, pero es muy vago, como que la asignatura de religión seguirá sin ser evaluable. ¿Qué avance es ese? Simplemente es mantener lo actual. O incluso peor, porque se valora introducir otras confesiones religiosas en las aulas. La religión se debe sacar del horario escolar o colocarla antes o después de las clases, para que solo acudan los alumnos que quieran hacerlo por convicción.
Es decir, que no cree que ninguna de las propuestas de Europa Laica vaya a terminar por verse plasmadas en el Boletín Oficial del Estado, ¿no?
Lo cierto es que no, que no tenemos ninguna esperanza ni ningún acto que constate alguna posibilidad de avance en la laicidad. Sí que podemos ver algún avance en lo que tiene que ver con el pago de IBI de los inmuebles que la Iglesia tiene alquilados, pero si se produce, será de nuevo una imposición judicial. Pero eso no es un avance en la laicidad del Estado, sino cumplimiento legal. La voluntad política es nula.
Los cálculos de Europa Laica nos dicen que el coste de la Iglesia es de 12.000 millones de euros al año para el erario público, bien a través de financiación directa como por impuestos que se dejan de pagar. Si no se mete mano ahí, es como si no se hiciese nada. Y al igual que ha habido voluntad para aprobar la Ley de Eutanasia, tiene que haberla para esto.
