«Enaltecer a un dictador que osquestó el asesinato, la desaparición y el sufrimiento de cientos de miles de civiles es extremadamente grave», afirma Emilio Silva, presidente de la ARMH.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado un escrito al Gobierno en el que exige medidas sancionadoras contundentes a la iglesia católica que este miércoles, 20 de noviembre, tiene prevista la celebración de numerosas misas en iglesias españolas católicas, con el fin de rendir homenaje a la memoria del dictador Francisco Franco.
En el escrito dirigido a la presidencia del Gobierno, se explica que este 20N “está previsto que se celebren en numerosas ciudades del Estado español misas católicas en memoria y honor del dictador Francisco Franco. Se trata de ceremonias en las que se va a festejar la existencia de una dictadura como si toda la violencia ejercida por los golpistas de 1936 durante cuarenta años fuera una «bienaventuranza» para la historia de esta sociedad. De ese modo, la iglesia católica ampara y celebra la existencia de miles de víctimas del dictador que siguen desaparecidas en cunetas y montes sin que sus familias hayan recibido por parte del Estado democrático, cuarenta y nueve años después de muerto el dictador, el más mínimo acceso a la justicia”.
Para Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto de un desaparecido, “el enaltecimiento de un dictador que orquestó el asesinato, la desaparición y el sufrimiento de cientos de miles de civiles es extremadamente grave y la respuesta del Gobierno debe ser proporcional. Si alguien hiciera algo similar con un terrorista la misa sería prohibida y los responsables serían juzgados y sancionados. Así que hay que acabar con esa doble moral que trata el sufrimiento de las víctimas del franquismo como si fuera de tercera clase”.
Si una iglesia celebrase una misa en honor de un terrorista la justicia actuaría de oficio para proteger a sus víctimas
El escrito de la ARMH sigue explicando: “Si una iglesia celebrase una misa en honor de un terrorista la justicia actuaría de oficio, para proteger a sus víctimas e impedir la celebración de un acto de enaltecimiento de alguien que causó un daño irreparable. Pero cuando las misas ofenden y humillan a las víctimas de la dictadura franquista el Estado permanece pasivo, desprotegiendo de ese modo a las familias de las víctimas del dictador que han sufrido el peor delito que se puede cometer contra un ser humano: la desaparición forzada. Se trata de un crimen que consiste en detener ilegalmente a una persona, torturarla, asesinarla, y esconder su cadáver para multiplicar el sufrimiento de su familia, amigos y entorno social”.
Para Silva “es incomprensible que las leyes de memoria no mencionen a la iglesia católica cuando fue corresponsable de la dictadura y durante cuarenta años ejerció una dura represión. Y cuando murió el dictador ha sido connivente con su memoria porque jamás ha denunciado la multitud de centros religiosos destruidos por la aviación franquista ni los miembros de la iglesia católica asesinados por las bombas de Franco”.
El escrito concluye exigiendo “que se sancione el amparo de la iglesia católica a los actos que enaltecen al dictador, que celebran su dictadura y que consideran que el sufrimiento de sus víctimas fue un «bienaventurado» bien social. Que las sanciones no sean sólo simbólicas y que vayan desde las multas económicas hasta la retirada de la casilla que privilegia a la iglesia católica en la declaración de la renta”.
