Benedicto XVI concluyó ayer la tercera visita a España en sus seis años de papado. A diferencia de las anteriores, en esta ocasión no se han producido roces con el Gobierno socialista. Es probable que haya influido la situación política en España, con las elecciones generales fijadas en noviembre y unas encuestas ampliamente desfavorables para el Partido Socialista. Pero cabe interpretar, además, que la diplomacia inspirada desde el Vaticano ha terminado por imponerse a la línea radical defendida por la Conferencia Episcopal Española.
El núcleo del mensaje papal en Madrid se ha dirigido a los seguidores de la fe católica, evitando en todo momento desbordar los límites de una visita pastoral. En este terreno las posiciones del cabeza de la Iglesia no han variado, situándose dentro de las corrientes más conservadoras del catolicismo. El Papa ha reiterado la defensa del celibato y de los principios tradicionales de la moral eclesiástica, pese a que son muchos los creyentes que han decidido no observarlos y mantenerse, no obstante, dentro de su fe. Los escándalos de pedofilia que han sacudido a la Iglesia durante los últimos tiempos solo fueron abordados de forma indirecta, como exigencia de conducta irreprochable a los religiosos y sacerdotes.
Si la máxima jerarquía de la Iglesia ha actuado dentro del marco de relaciones previsto en un Estado aconfesional, han sido algunos de los representantes de ese Estado quienes han adoptado decisiones discutibles. Es lícito debatir sobre la oportunidad y el boato de la visita, la segunda desde que este acontecimiento religioso se creó en 1985, en una situación económica como la que se vive desde el inicio de la crisis. Más criticable es que el centro de Madrid haya quedado bloqueado durante una semana, poco importa que el carácter de los actos públicos fuera religioso o de cualquier otra naturaleza. La decisión de rebajar el precio de algunos servicios públicos a los participantes en esta concentración también ha molestado a algunos ciudadanos. Muchos se han sentido despreciados, ya que ha coincidido con una inclemente subida de las tarifas de los transportes en Madrid.
Estas polémicas decisiones son la prueba de que la tentación de la confesionalidad no ha procedido en esta ocasión de la jerarquía católica, sino de los poderes públicos. La diplomacia del Vaticano cometería un error si creyera que lo que se ha vivido en Madrid, sin duda un éxito de participación como pocas veces puede verse, es el anticipo de la supuesta normalidad que se establecería de producirse un cambio político en España. Los excesos de cualquier signo pueden traducirse en excesos de signo contrario. Porque la denostada frase "España ha dejado de ser católica" no se refería a que los españoles hubieran dejado de creer, sino a que el Estado había renunciado a tener un credo oficial. Precisamente para que los españoles pudieran creer en libertad, o no creer. También en libertad.
