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Jiménez espera que el Supremo defina la pauta para Ciudadanía

El alto tribunal dictará sentencia el próximo 26 de enero

El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) admitió por primera vez hace un año que un alumno faltase a la asignatura Educación para la Ciudadanía porque su contenido podía atentar contra su conciencia. El próximo 26 de enero está previsto que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esa sentencia y otras en diferentes comunidades, a favor y en contra del derecho a objetar de los niños. Ayer la consejera de Educación, Teresa Jiménez, confió en que la sentencia estime su recurso y fije "un marco de actuación claro y común a todas las comunidades que clarifique cuál ha de ser la respuesta", matizó a la agencia Efe.

La sentencia será decisiva. Si deniegan la posibilidad de objetar será el fin del conflicto, pero si resuelve a favor, se podría cuestionar todo el sistema educativo obligatorio. Mientras el TSJA y el alto tribunal de La Rioja reconocieron a unos padres el derecho a objetar, los tribunales de Asturias, Cataluña y Aragón se ha pronunciado en sentido opuesto y rechazaron que exista tal derecho de objeción. Las sentencias a favor de la objeción se basan en lo mismo: que la materia es contraria al artículo 16 de la Constitución (sobre la libertad ideológica y religiosa) y al 27 (el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral según sus propias convicciones).

Por otra parte, Jiménez trató la polémica publicación en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA) de la identidad de los menores objetores, y alegó que se trata de una relación de expedientes que intentaron notificar "hasta dos veces" sin conseguirlo, en cumplimiento de la ley de procedimiento administrativo. "Pretendimos garantizar el derecho de esos padres y madres, y por tanto de los menores", agregó.

La consejera defendió que su departamento no pretendía "lesionar derechos de nadie", e indicó que ya han acatado las recomendaciones del Defensor del Pueblo Andaluz para no volver a publicar nombres de niños en el BOJA. La Fiscalía archivó las diligencias abiertas por este caso, pero dio una seria reprimenda a la Junta por la polémica publicación: "La vulneración del derecho a la intimidad que se ha producido con la publicidad dada en el BOJA a las resoluciones administrativas, afecta de forma directa a los menores", dictaminó.

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