El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, violó la Constitución Política del Estado en lo que se refiere a su artículo 2 que señala lo siguiente… "el estado de Jalisco adopta para su régimen interno la forma de gobierno republicano, democrático, representativo, laico y popular” al dar carpetazo a las más de ¡siete mil quejas! de los ciudadanos de este estado que se inconformaron con la macrolimosna que el gobernador del estado, Emilio González Márquez, entregó al cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval, por la nada despreciable cantidad de ¡30 millones de pesos del erario de todos los jaliscienses!
Lo anterior, de acuerdo con el oficio 712/2008-V, firmado por la quinta visitadora, Norma Robledo, de fecha 25 de febrero del presente año, en donde se notificó a sólo 20 de los más de siete mil ciudadanos inconformes contra la macrolimosna en el año 2008, argumentando que las más de siete mil quejas carecen de sustento legal bajo el supuesto de que el gobernador de Jalisco no violó el Estado laico, ni quebrantó la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, ni mucho menos incurrió en discriminación religiosa en perjuicio de otras iglesias y ciudadanos al utilizar de manera facciosa el dinero público.
Con analizar los argumentos que señala la quinta visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Norma Robledo, para tratar de dar carpetazo a las siete mil quejas nos damos cuenta los ciudadanos de este estado de las aberrantes contradicciones en que incurre la Comisión, pues en principio de cuentas, el gobernador de Jalisco no sólo violó la Constitución del estado de Jalisco, la cual protestó guardar y respetar, sino que de paso ofendió en lo más sagrado a todos los jaliscienses con su ya famosa mentada de madre. Ahora bien, también violó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público porque dicha ley señala en su artículo 3 lo siguiente… "El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencias o privilegio a favor de religión alguna” y lo que hizo el gobernador Emilio González fue privilegiar a la Iglesia católica por conducto del cardenal de Guadalajara, a quien le entregó en sus manos la nada despreciable cantidad de 30 millones de pesos del erario público. Esto en detrimento de todas las demás asociaciones religiosas en el estado.
Que se quiera argumentar que no se le entregó a la Iglesia católica la macrolimosna de 30 millones sino que se le dio a una asociación civil denominada Fundación Pro Santuario de los Mártires, sólo necesitamos entrar a la página de Internet de esta fundación para darnos cuenta que quien funge como coordinador general de esta fundación es nada menos que Juan Sandoval Íñiguez; en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su artículo 12 se señala lo siguiente… "se considera ministro de culto a toda aquella persona mayor de edad a quien la asociación religiosa a que pertenezca confieran ese carácter”.
A Juan Sandoval Íñiguez la Iglesia católica no sólo lo ha reconocido como ministro de culto sino que en el estado es la máxima autoridad eclesiástica y fue a él a quien Emilio primero le pidió disculpas antes de mentarle la madre a los jaliscienses y luego le entregó el "pinche papelito” que llevaba la cantidad antes señalada.
Señores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, no nos quieran dar atole con el dedo, porque sólo falta que después de las violaciones flagrantes al Estado laico por parte del gobernador de Jalisco, y después de la mentada de madre, ahora vaya a ser el pueblo quien tenga la obligación de pedir disculpas al gobernador por habernos mentado la jefa a todos los jaliscienses y de paso regalar el dinero del pueblo.
