Izquierda unida denuncia la actitud de la conferencia episcopal de llevar a los tribunales la aplicación de las leyes, incluso aquellas como la LOMCE que han sido realizadas siguiendo sus dictados.
Su objetivo es chantajear y presionar a los gobiernos autonómicos elegidos democráticamente para que impongan más horas de religión en la educación de las nuevas generaciones.
IU viene exigiendo la derogación de los acuerdos con el Vaticano y con otras confesiones religiosas para que cualquier religión quede fuera del currículo escolar. Igualmente exige que la enseñanza de la religión salga de la escuela; que desaparezcan los actos y la simbología religiosa de los centros escolares y de los espacios públicos educativos; así como la eliminación de todo procedimiento administrativo que obligue a manifestar las creencias o no creencias, en cumplimiento del artículo 16 de la Constitución.
Por eso, entre otras muchas razones, IU se ha opuesto desde el principio a la LOMCE. Una ley que ha sido redactada para ser el instrumento político, que no educativo, con el que imponer una instrucción segregadora y sectaria, acorde con la ideología de los grupos de presión que sustentan al Partido Popular, destacando entre otros el sector más ultraconservador de la jerarquía católica.
Fue pensada para que se aplicase a todo correr en CCAA dominadas por el PP, pero con los cambios que trajo el 24M, esto ya no va a ser así. En el caso de la asignatura de religión parece ya claro que se les ha vuelto en contra. Al estar gobernadas las CCAA por el PP, la jerarquía católica esperaba que éstas asignasen las cargas máximas lectivas. El PP liberaba así, simultáneamente, al gobierno central del «estigma» del sectarismo. Pero ahora la jerarquía católica ve reducida su influencia ideológica y sectaria al mínimo legal en las comunidades autónomas donde el 24M trajo gobiernos de otro signo político o donde la debilidad del PP le obliga a concesiones.
Por eso, la intención declarada por la propia Conferencia Episcopal en diversas ocasiones es recuperar alumnado que se estaba perdiendo a pasos agigantados como consecuencia de la secularización de la sociedad, iniciando su nueva cruzada en todos los frentes y ámbitos.
Porque, según los datos del último informe (2015) del Ministerio de Educación “Las cifras de la educación en España”, correspondiente al curso escolar 2012-2013, asistieron a clase de religión en centros públicos un 64 % en Primaria, un 38 % en Secundaria y un 21 % en Bachillerato. Una fuerte caída de alumnado si se comparan con los datos del curso 2000-2001, en el que asistían a clase de religión un 71 % en Primaria, un 52 % en Secundaria y un 38 % en Bachillerato, tal como recoge en Europa Laica.
La LOMCE parecía la respuesta a sus oraciones, pero el vuelco del mapa político autonómico ha hundido sus expectativas.
Esta nueva situación, no prevista en su hoja de ruta, tratan de revertirla en los tribunales, recurriendo toda aquella normativa que no asigne el máximo de carga lectiva a la religión o deje su oferta a criterio de los centros.
Izquierda Unida ya se felicitó por el respaldo legal cosechado por la reducción al mínimo legal permitido de las horas de enseñanza religiosa aplicado por el Gobierno de Asturias. Una decisión avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que rechazó el contencioso del Arzobispado de Oviedo en el que pedía suspender el decreto del Ejecutivo asturiano que regula el currículo de Bachillerato, pero lamenta que haya prosperado en Baleares, donde el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad suspendió de forma cautelar el currículo de bachillerato.
Por eso Izquierda Unida exige la denuncia definitiva de los Acuerdos con el Vaticano de 1979, que se negociaron en secreto y se aprobaron 5 días después de entrar en vigor la Constitución de 1978 para darles una constitucionalidad de la que carecen, ya que suponen un atentado directo contra un Estado pretendidamente aconfesional.
Izquierda Unida pide al resto de movimientos sociales, partidos políticos, plataformas, sindicatos, etc. que se sumen sus fuerzas frente a la actitud de la Conferencia Episcopal para que de una vez el alumnado español pueda disfrutar de una educación pública y laica, basada en principios del pensamiento pedagógico actual, libre, crítico y plural.
Madrid, 24 de agosto de 2015
Área Federal de Educación de IU
