IU propone obligar por ley a la Iglesia a que se autofinancie

El grupo de IU-ICV en el Congreso ha presentado una iniciativa, cuya aprobación supondría obligar por ley a la Iglesia católica a autofinanciarse y a compensar al Estado por las obras de restauración de las iglesias y catedrales, incluso con la posible cesión de su titularidad a las instituciones públicas.

Se trata de una proposición de Ley Orgánica de Libertad de Pensamiento, de Conciencia y de Religión que fue presentada hoy en la Cámara Baja por el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, y por el portavoz del grupo parlamentario, Joan Herrera.

Ambos reconocieron que anunciaban hoy esta iniciativa, que no se podrá discutir hasta después de verano, ante la próxima visita del Papa Benedicto XVI a España y para hacer notar la gravedad de la llamada a la 'rebelión' de la jerarquía eclesiástica contra las leyes aprobadas por el Parlamento que no gustan a la Iglesia.

La propuesta, que consta de ocho artículos y seis disposiciones, pretende, en palabras de Herrera, adecuar la situación de España a la normativa europea e incluso al carácter aconfesional del Estado recogido en la Constitución, vulnerado en su opinión por las ayudas que la Iglesia recibe anualmente de las arcas públicas

La proposición remarca la igualdad entre las opciones religiosas, sin que el Estado pueda favorecer más a una u otra; por ello dice que las relaciones entre los poderes públicos con las confesiones religiosas serán de 'cooperación' pero 'cuando los intereses de las mismas coincidan con algún tema de interés público'.

En este sentido, deja claro que cualquier subvención estatal 'será de carácter finalista', en un marco de relaciones financieras en las que el tratamiento fiscal de las entidades religiosas 'se regirá por los principios de igualdad y justicia'.

Uno de sus artículos dice que el Estado 'no deberá subvencionar ninguna opción de pensamiento' y que las distintas confesiones deberán financiarse 'mediante sus propios recursos', con mecanismos similares a los utilizados por las organizaciones civiles o laicas.

La proposición de IU-ICV obliga a compensar al Estado por sus aportaciones para reconstruir o mantener los templos –como iglesias o catedrales– incluyendo la posibilidad de que la titularidad de estos edificios pueda pasar a las instituciones públicas.

Herrera explicó que se da el caso de que el Estado aporta fondos para restaurar recintos de alto valor histórico o cultural por cuya visita la Iglesia cobra una entrada, de manera que la Iglesia recibe una aportación doble sin que haya compensación a la Administración.

Especial relevancia tienen dos disposiciones adicionales incluidas en el texto.

Una suspende cualquier tratado internacional que contradiga lo establecido en la norma –como el Concordato con la Santa Sede– para su sustitución por otro en el plazo de un año.

La segunda disposición obliga a suprimir en cinco años los 'privilegios' de las entidades religiosas, como el 0,52 por ciento del IRPF que recibe la Iglesia –incrementado por otra aportación directa del Estado– o la exención del pago del IVA.

La propuesta de IU-ICV incluye un apartado dedicado a garantizar por parte del Estado una educación 'aconfesional' y otro por el que se obliga a las confesiones a inscribirse en el mismo registro público reservado para las asociaciones civiles.

Gaspar Llamazares hizo hincapié en que esta propuesta pretende 'dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César', consideró que la financiación de la Iglesia es una 'asignatura pendiente' de la Transición y emplazó a la jerarquía católica a respetar las leyes aprobadas en el Parlamento.

Por otro lado, advirtió sobre el riesgo de que el Gobierno sienta la tentación de 'sobreactuar' este fin de semana ante la visita papal a Valencia.

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