La diputada Eva García Sempere registra una iniciativa en el Congreso que completa planteando la cuestión de si “contando España ya con un embajador de la Santa Sede, ¿no era suficiente su presencia en la canonización?”
La diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere ha registrado una iniciativa en el Congreso para que el Gobierno en funciones facilite completa información en relación a la representación política e institucional estatal en la ceremonia de canonización de Teresa de Calcuta por parte de la Iglesia Católica el pasado 4 de septiembre en el Vaticano.
Entre las cuestiones concretas que Sempere plantea en una pregunta parlamentaria que deberá ser contestada por escrito desde el departamento competente de La Moncloa está conocer “¿Qué gasto supuso para las arcas públicas el desplazamiento de las autoridades españolas del Gobierno y de la Casa Real que asistieron a la canonización de Teresa de Calcuta?”, así como su desglose por conceptos, además de “¿Cuántas personas han formado parte de dicha delegación y cuántas ostentan cargos públicos?”
La parlamentaria malagueña de IU recuerda en la exposición de motivos de su iniciativa que, al menos, según las informaciones aparecidas, el Gobierno en funciones decidió enviar una delegación del más alto nivel institucional en la que, además de la reina Sofía, se encontraban al menos la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Eguidazu.
García Sempere insiste también en que la aconfesionalidad del Estado español está recogida en el artículo 16.3 de la Constitución, que indica que ‘ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal” y añade que ‘los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española’, así como que ‘se mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones’. “Pero -advierte la diputada- de la cooperación al privilegio media un abismo. Así, diversos sectores políticos vienen denunciando desde hace años las prerrogativas de las que disfruta la Iglesia Católica en materia fiscal y educativa, así como la deferencia que se le rinde en este tipo de actos internos”.
De ahí que la pregunta parlamentaria se complete solicitando la valoración por parte del Ejecutivo en funciones sobre si “¿entiende por ‘cooperación’ que una representación del más alto nivel institucional, con la reina emérita, la presidenta del Congreso y el ministro de Asuntos Exteriores, acuda a la canonización de una religiosa a la que se le atribuye un milagro?”
Eva García Sempere plantea también la cuestión de si “contando España ya con un embajador de la Santa Sede, ¿no era suficiente su presencia en la canonización?”
