Por todos, por todas: no marques la casilla de la Iglesia Católica en tu declaración de la Renta. Si lo haces, estarás haciendo un flaco favor a tu país.
Estarás desviando fondos públicos hacia un fin privado, de modo que una parte de tus impuestos no se destinará al bien común sino a intereses particulares.
Estarás colaborando con una estrategia recaudatoria que contradice el carácter aconfesional de nuestro estado, recogido en el artículo 16 de nuestra Constitución, y que discrimina al resto de confesiones.
Estarás contribuyendo con el sostenimiento de algo así como una teocracia machista de origen medieval, que excluye a las mujeres de sus órganos de decisión, que ignora las normas de funcionamiento democrático que se exigen al resto de organizaciones y que, en pleno siglo XXI, sigue sin ratificar numerosos protocolos internacionales de derechos humanos.
Estarás corroborando con tu gesto su doctrina oficial respecto al colectivo LGTBI, que sigue hablando de lesbianas, gais, transexuales, etc. como personas depravadas, inmorales o enfermas…
Estarás financiando una institución que se ha opuesto con uñas y dientes a todas las leyes progresistas o emancipadoras, como son las que regulan el derecho al divorcio, al matrimonio entre personas del mismo sexo o a la interrupción voluntaria del embarazo.
Estarás fomentando el adoctrinamiento de la infancia, que es la edad de los juegos y no de los dogmas.
En definitiva, estarás engordando a una especie de “estado dentro del estado”, no sujeto a responsabilidad fiscal, regido por normas que contradicen nuestro ordenamiento jurídico, que lleva años acaparando inmensas propiedades públicas mediante el procedimiento de inmatriculaciones promovido por el gobierno de José María Aznar, y que dispone de toda una constelación de congregaciones ultraconservadoras (opusinos, legionarios, kicos…) incrustadas en la médula del poder (gobierno, judicatura, empresas, educación…).
Y, finalmente, no ayudarás de forma significativa con ninguna causa social o humanitaria, porque la Iglesia recibe todos los años en torno a 11.000 millones de euros por los más diversos conceptos (IRPF, exenciones, subvenciones, donaciones de suelo público, salario de los profesores de religión, sostenimiento de los centros escolares privados concertados…). Si realmente el estado recuperase la soberanía sobre ese dinero y lo invirtiese en servicios públicos, como sucede en cualquier sociedad avanzada, España probablemente saldría del subdesarrollo social en el que se encuentra. El problema es que las administraciones actuales están delegando cada vez más su responsabilidad institucional en organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas de carácter religioso, sin duda porque perciben la caridad como un oportunísimo paliativo de los destrozos provocados por sus propios recortes.
Por lo demás, nadie niega la libertad de conciencia . Se trata, como ya advirtió Manuel Azaña mientras se debatía la Constitución de 1931, de situar la vivencia religiosa “dentro de los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde a la pregunta sobre el misterio de nuestro destino”. Así de sencillo. No podemos reclamar al resto de la sociedad que financie o difunda nuestras creencias privadas. Y los cristianos deberían ser los primeros en defender el laicismo, porque no en vano fue el mismísimo Jesucristo quien dijo aquello tan célebre de que hay que “dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios” (Mateo, 22, 21). De manera que ya está: en la declaración de la Renta no marques la casilla de la Iglesia y permite que el Estado se quede con lo que es del Estado. Y luego que cada cual done las cantidades que considere a su parroquia, mezquita, sinagoga o templo pagano…
Ah, y piénsate lo de marcar la casilla de “fines de interés social” porque de esa manera la mayor parte del dinero también acabará en el insaciable cepillo de la Iglesia.
Colectivo Puente Madera
