La Escuela Viaró de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), concertada y del Opus Dei, discrimina por razón de sexo a sus trabajadoras.
Inspección de Trabajo ha sancionado por un total de 50.002 euros a la escuela, concertada y del Opus Dei, Viaró de Sant Cugat del Vallès, en Barcelona por su política machista de contratación y de gestión de personal.
Así lo ha determinado la Inspección de Trabajo de Cataluña después de que el sindicato CGT Enseñanza presentara una denuncia motivada por la información que Viaró Global School publicaba en su página web, donde se podía leer «los profesores de Viaró-que serán siempre hombres«, un postulado que implica una discriminación directa por razón de sexo en relación al acceso al trabajo remunerado.
Según CGT este hecho vulnera la Ley 17/2015, de Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que define la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo. La inspección también ha constatado que la empresa vulnera el derecho de igualdad de la mujer en cuanto a la promoción profesional. La propuesta de sanción por parte de la Inspección de Trabajo de Cataluña es de 25.001 euros por cada una de las faltas. La Escuela Viaró ha interpuesto alegaciones contra esta resolución.
LAS MUJERES SOLO EJERCEN EN EDUCACIÓN INFANTIL
Inspección de Trabajo contrastó la información que le proporcionó CGT Enseñanza solicitando a la gerencia de Viaró School documentación sobre procesos de selección que la empresa había llevado a cabo durante los últimos años. Xavier Mustianes, gerente y director de recursos humanos del centro, además de presentar los documentos, confirmó verbalmente que los puestos de trabajo de docentes de la educación primaria, ESO y bachillerato del centro están ocupados sólo por hombres y en cambio, las mujeres ejercen la docencia de la educación infantil, donde no hay separación de género del alumnado.
Viaró Global School, gestionada por la empresa DOINSA, añadió motivos pedagógicos para justificar su política de contratación, exponiendo que se trata de una escuela con alumnos únicamente masculinos y que existen estudios que avalan que la escolarización diferenciada beneficia el aprendizaje del alumnado. Por el contrario, argumentan que «son motivos vinculados a la maternidad y por la proximidad y la relación con la madre en estas edades» para justificar la presencia única de mujeres en la etapa de educación infantil.
En base a la documentación aportada por CGT Enseñanza en relación a los estudios pedagógicos sobre ventajas y desventajas de la educación diferenciada, la Inspección determine que ‘no existe evidencia científica que avale que la educación diferenciada contribuya a mejorar el rendimiento de los alumnos».
El texto de la resolución evidencia que los responsables de la empresa no tienen intención de esconder sus prácticas y confirman que ninguna mujer ha optado a ningún puesto de trabajo de primaria, ESO o Bachillerato afirmando que si se diera el caso «en principio dirían que no a la contratación por los motivos expuestos». Sobre la decisión de eliminar información de su página web una vez conocida la denuncia, expresan que lo han hecho «para supervivencia, pero de facto se continúa aplicando».
EL MODELO CONCERTADO FOMENTA LA DESIGULDAD
Esta sentencia, señala el sindicato, pone en cuestión el modelo del sistema educativo catalán que permite que escuelas del Opus Dei, a pesar de los incumplimientos legales, continúen recibiendo anualmente un total de 29.633.198 euros de fondos públicos, de los que 2.559.772 se destinan a la Escuela Viaró de Sant Cugat del Vallès.
Por otra parte, el Síndic de Greuges también señaló que la existencia de las diferencias escolares provocadas por los sistemas de matriculación diseñados para Enseñanza hacen que el hecho de que la población más acomodada pueda escoger la escuela concertada provoque los altos índices de desigualdad existentes en estos momentos. Las partidas presupuestarias de Enseñanza representan un indicador definitivo que demuestra a quién benefician las políticas actuales del Departamento, explica CGT: en 2017 se destina a la partida de personal docente 2364 euros por alumno en la pública frente los 2.63 que destina para la concertada.
