Reforzar la religión en bachillerato es culminar un retroceso alejado de la mejora educativa
La Conferencia Episcopal quiere amarrar la victoria obtenida con la ley Wert. Una vez logrado que la asignatura de religión católica tenga una alternativa y además compute como el resto de materias, los obispos quieren que todos los centros la oferten de manera obligatoria también en bachillerato, aunque siga siendo optativa para los alumnos.
La exigencia se basa en el hecho de que tal requisito se deriva de los acuerdos con el Vaticano e incluso estaba recogido en la norma educativa socialista. Ahora ha quedado fuera de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la conocida como ley Wert, que tramita el Senado. Parece que esa omisión debe ser considerada un “error técnico”, a tenor de lo dicho por el portavoz popular Luis Peral, que el Senado se dispone a subsanar. Así se dará satisfacción al estamento eclesiástico.
La Conferencia Episcopal ha logrado del Gobierno las reivindicaciones por las que batalla desde hace años: un reconocimiento mayor de la asignatura de religión católica en la escuela de manera que esta, aun siendo optativa, disponga de una alternativa, los Valores Éticos —y no del premio de un recreo o una hora añadida de estudio—; y que, además, compute. Así que una buena nota en religión podría ser importante a la hora de conseguir una beca. Extender de manera explícita el mismo precepto al bachillerato sería una vuelta de tuerca más que sigue marcando el camino equivocado del retroceso hacia el pasado confesional de un país que dejó de serlo formalmente hace 35 años.
Es un camino que tiene poco que ver con esa mejora educativa que tanto necesita España a la luz de los informes internacionales y que enuncia el propio título de la ley Wert. Esta se ha presentado sin una memoria económica y el propio ministro asegura que su aplicación será cara. Las reválidas externas, una novedad polémica que sí está, sin embargo, bien encaminada, tienen un coste no calculado. Los recortes presupuestarios han diezmado el sistema y se ha aumentado la ratio de alumnos por aula. En este contexto, el nuevo cambio que se quiere acometer a instancias eclesiásticas podría contribuir al encarecimiento del sistema. Porque es previsible que la obligatoriedad de ofrecer una asignatura aumente la factura que ya paga el Estado para mantener a los profesores de religión y que se sitúa entre los 500 y los 700 millones de euros anuales.
En bachillerato el porcentaje de alumnos que optan por la religión se reduce de manera drástica hasta el 23,3%, lo que puede cambiar gracias al nuevo estatus computable de la asignatura, si se consuma. Se privilegia, en definitiva, una enseñanza que no debería formar parte del currículo escolar y que distrae de los problemas esenciales, revelados por el fallo en comprensión lectora y conocimientos matemáticos, base de una educación competitiva.
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