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Hace unos días en el Congreso el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR celebró una Jornada denominada Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado; en ellas participaron personas de diversas organizaciones de la plataforma unitaria RECUPERANDO.
Curiosamente, dos días antes la presidenta del Congreso peregrinó al Vaticano para mantener una reunión con el jefe de la Iglesia católica y reafirmarle, una vez, más, que estuviera tranquilo, que el Concordato y los demás privilegios de los que disfruta la Iglesia católica en España se mantendrán, incluida la gestión diocesana del patrimonio histórico artístico, la mayoría inmatriculado gracias a la Ley Hipotecaria que lo promovía desde 1946-47, más la reforma de 1998 (que permitía los lugares de culto), y ello hasta el año 2015, y, por supuesto, el apoyo gubernamental a la «industria de la caridad«, que supone la privatización de los servicios sociales que deberían ser públicos y que están en manos de empresas y corporaciones católicas.
Pero antes que la señora Armengol, el mismo presidente del Gobierno, señor Sánchez, el ministro Bolaños… y hasta la máxima responsable de SUMAR, Yolanda Díaz (ésta, ministra por dos veces) acudieron -de peregrinaje- a Roma, para «tranquilizar» a Su Santidad.
Desde 1947 y hasta 2015 la Iglesia católica ha saqueado decenas de miles de bienes públicos y privados durante la dictadura y la transición y, desde 1978, con la complicidad de diversidad de gobiernos de todo color político en los niveles estatal, territorial y local, del poder legislativo y judicial y de instituciones públicas, como son los Registros de la Propiedad.
En la Jornada del pasado 8 de abril por boca de varios líderes diputados/as de IU-SUMAR salieron, entre otras, afirmaciones de este tenor: «Se ve fundamental recuperar los bienes usurpados con las inmatriculaciones. Lo expresamos claramente, estamos en un Gobierno de coalición, pero la contestación que ha dado el Ministerio de Presidencia y Justicia ni nos satisface, ni estamos de acuerdo con ella. No es correcto que las obligaciones del Estado cesen con la elaboración de ese listado de los 35.000 bienes expropiados. El Estado tiene muchas más obligaciones, en cumplimiento, incluso, de sentencias del TEDH. Para el grupo parlamentario de Sumar es un privilegio abordar esta cuestión porque ha sido una preocupación nuestra desde hace muchos años, con numerosas iniciativas realizadas desde el grupo de Izquierda Unida. Siempre hemos considerado una prioridad acompañar el trabajo del movimiento laicista y del movimiento memorialista. Desgraciadamente hubo un procedimiento de negociación con la iglesia que, desde nuestro punto de vista, no fue nada transparente ni ajustado a derecho, únicamente se reconoció de mutuo acuerdo, aunque reconocemos que es complicado ponerse de acuerdo con un usurpador para que reconozca que ha usurpado 35.000 bienes…»
En realidad, los bienes usurpados públicos y privados desde 1946 superan los cien mil, y desde 1998 hasta 2015 muchos son de culto y/o patrimonio histórico artístico.
Hay que recordar que desde 2020 UP formó parte del Gobierno de la XIV legislatura y -en la actualidad- su formación es parte del Gobierno de la XV legislatura. También hay que recordar que, durante la XIV legislatura, es decir durante 42 meses, hubo una mayoría de parlamentarios del centro izquierda que perfectamente podrían haber avanzado -en materia de laicidad de las instituciones- como, por ejemplo, sacar la religión de la escuela (a través de la LOMLOE), derogar el Concordato, sacar la casilla de la Iglesia católica de la Declaración del IRPF y, en cuanto a las inmatriculaciones, revertirlas en base a la ley Hipotecaria de 2015 y avanzar en la ley de Patrimonio, para una gestión pública de los monumentos históricos artísticos de culto. Pero no se hizo nada, tan solo poner las bases para consolidar las relaciones con la Iglesia católica y avanzar en la multiconfesionalidad con el resto de religiones de notorio arraigo, que se comenzara con el mandato del presidente Zapatero: lo que en el PSOE y en otros ámbitos denominan como «laicidad positiva».
Incluso ya, en esta legislatura, ha habido un ministro de la cuota plurinacional de SUMAR, Pablo Bustinduy, de Asuntos sociales, Consumo y Agenda 2030, que públicamente ha apelado a la empresa de los obispos (CÁRITAS diocesanas) para -en colaboración- «fortalecer las políticas sociales«, en un claro alarde de continuar con la privatización de los servicios sociales, que deberían de ser públicos y, por ello, laicos.
Desde principios de este siglo, la asociación Europa Laica, así como otras plataformas y asociaciones como la de Defensa del Patrimonio Navarro o el Movimiento hacia un Estado laico de Aragón, y ahora la unitaria RECUPERANDO, venían denunciando, por diferentes vías, el expolio que -con el consentimiento y apoyo de los poderes públicos- venía realizando la jerarquía católica desde 1946/47, mediante el procedimiento de inmatriculación de miles y miles de bienes rústicos y urbanos, públicos y privados. Muchos de ellos considerados como de dominio público. Se venían haciendo con total impunidad al amparo de la ley Hipotecaria de 1946 (art. 206) y de un Reglamento de 1947 (art. 304) que permitía, con una sola certificación de la Diócesis eclesial respectiva, anotar en los Registros de la Propiedad bienes de todo tipo a su nombre, sin mayor aportación de documentación o título de propiedad o de compraventa con respaldo notarial.
Con la reforma de la ley Hipotecaria del gobierno presidido por Aznar en 1998, los centros de culto, que no se podían registrar hasta entonces, se dio paso a permitirlo. De ahí que se inmatricularan miles, entre ellos el más emblemático fue el de la Mezquita de Córdoba, registrada por el arzobispado el 2 de marzo de 2006 abonando una tasa de 30 euros, inmatriculación que generó un cierto revuelo mediático cuando se supo meses después. Por entonces era alcaldesa de Córdoba Rosa Aguilar, de IU, que fue advertida, así como a la Junta de Andalucía, en manos del PSOE, para que interpusieran recurso en los plazos previstos por la ley, por ser un bien de dominio público y patrimonio histórico artístico. Pues bien, miraron hacia otro lado. Y así sucedió en otros muchos lugares de España.
Por lo tanto, estamos ante una realidad política y la solución ha de ser EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA y en sede parlamentaria. Es decir, que se den por nulos los apuntes registrales realizados desde 1946/47 hasta 2015, no ya sólo por la ilegitimidad de la ley y reglamento franquista, sino por los argumentos de la reforma de la misma Ley Hipotecaria de 2015, que da por cancelada la posibilidad de seguir con estas inmatriculaciones, como antes mencionamos.
Ya no digamos si nos atenemos a diversos principios constitucionales y del derecho internacional (TEDH) en cuanto a los bienes de dominio público y, en su caso, su catalogación, como pertenecientes al Patrimonio del Estado, como por ejemplo la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, la Seo de Zaragoza… entre otros miles y miles existentes inmatriculados en la mayoría de los más de ocho mil municipios del Estado.
En suma, hay «encima de la mesa» una combinación perversa de unas leyes que no deberían haber existido y otras que son contrarias a la Constitución de 1978 y al sentido común más elemental. Por ello, con prontitud han de actuar los poderes públicos, como antes mencionaba, es decir, los poderes legislativo y ejecutivo.
Y quizá lo más importante: se ha de desarrollar una profunda reforma en la actual Ley del Patrimonio Histórico en la línea de regular (y en su caso enajenar) que todo patrimonio histórico artístico es propiedad y de gestión del Estado. Hay que hacer público todo lo expoliado desde 1946, y no sólo desde 1978. En los Registros de la Propiedad y en los catastros figuran los datos. Puede procederse a anular todos los actos expoliadores, es sólo cuestión de voluntad política, no se ha dejar en manos de los tribunales, ¿la hay?
Por ello, se ha de dar por bienvenida la Jornada denominada Inmatriculaciones y Patrimonio Cultural: una cuestión de Estado, del pasado día 8, lo que allí se dijo y el propósito que mostraron las y los parlamentarios asistentes.
Yo, exactamente hace dos años, en plena XIV legislatura, publiqué un extenso artículo en esta misma línea, aunque aportando datos y soluciones más precisas, y lo acababa así:
«Si no se hace ahora -era enero de 2022- se habrá perdido otra oportunidad histórica, como con tantas otras cuestiones. Pero a decir verdad, después de estos muy breves argumentos y otros que vengo exponiendo desde hace 15 años (cuando -al principio- casi nadie daba por creíble este enorme expolio), hoy por hoy NO soy nada optimista con este gobierno «progresista»… que sigue rendido a los intereses de la Conferencia Episcopal y del Vaticano en diversidad de asuntos. Ya no digamos cuando hubiere mayorías conservadoras».
Habremos de esperar a las próximas semanas y meses para ver, en realidad, qué sale de esos propósitos políticos de la Jornada del 8 de abril.
Sin olvidarnos que está pendiente, para avanzar en la laicidad de las instituciones del Estado, además de esta cuestión de las inmatriculaciones, la derogación de los Acuerdos concordatarios de 1979 y los acuerdos con otras religiones de 1992, eliminar todos los privilegios fiscales y la financiación de la iglesia católica vía IRPF, suprimir las capellanías y sacar la religión confesional de la escuela. Para todo ello hace falta voluntad política.
Francisco Delgado Ruiz, Grupo de Pensamiento Laico