De los últimos 170 años, durante 154 años los bienes de culto (catedrales, iglesias, ermitas, capillas, oratorios y santuarios) no se pudieron inmatricular ni registrar en el Registro de la Propiedad Privada porque lo prohibía la Ley Hipotecaria de 1861, el Decreto Hipotecario franquista de 1946 y su Reglamento de 1947, porque que se consideraban bienes que no podían ser privados ni objeto de comercio ya que son bienes comunes, colectivos y comunitarios de los pueblos.
Los 17 años que no fue así se explican porque en 1998 el Partido Popular (con Gobierno de José María Aznar) modificó la ley (sin la objeción del PSOE, sea dicho). Así hasta 2015, la Iglesia inmatricula y registra bienes ilegalmente, a través de normas preconstitucionales, y va a traspasar los bienes de dominio público a entidades privadas (obispados) provocando uno de los escándalos inmobiliarios más grandes del mundo (¡la Conferencia Episcopal reconoce 40.000 inmatriculaciones en este período!).
La responsabilidad de las inmatriculaciones no es sólo de la jerarquía de la Iglesia sino también de todos los poderes públicos del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; todos permitieron la utilización de unas normativas franquistas y anticonstitucionales hasta 2015.
La Constitución de 1978 proclamó la libertad de culto, los no privilegios a ninguna religión y el Estado aconfesional, y, en su disposición derogatoria dispone la preeminencia del texto constitucional sobre las leyes anteriores. Aún así, la Iglesia continuó utilizando los privilegios regulados por la Dictadura y siguió inmatriculando durante 38 años de democracia, Actuando como administración publica, como autoridad pública y, los obispos, como fedatarios públicos (notarios) autocertificado e inscribiendo bienes en el Registro de la Propiedad Privada sin información pública, ni ningún título de dominio público ni documentos probatorios hasta 2015, por ello el Tribunal de Estrasburgo, en 2014, sentenció que las inmatriculaciones eran un proceso arbitrario que vulneraban la Constitución Española y los valores comunes del Derecho Europeo y que eran violaciones continuadas y masivas de los derechos garantizados por la Convención europea de los derechos humanos.
¿Y el Gobierno ” más progresista” de la historia de España, que ha hecho?Pues, después de muchas promesas, el gobierno del PSOE publicó el 16 de febrero el listado elaborado por el gobierno del Partido Popular hace casi cinco años sobre las inmatriculaciones de 1998 a 2015: un listado viejo, incumplido, donde faltan las inmatriculaciones de 1947 a 1998, y que no cuenta con las notas simples de los Registros de la Propiedad que hemos pedido con reiteración (tampoco lo ha hecho el Gobierno de la Generalitat), que son importantes para que detallan el conjunto de bienes de los que se apropiaron.
Por otra parte, contrariamente al compromiso de Pedro Sánchez en el discurso de investidura de hacer modificaciones legislativas para revertir las inmatriculaciones de la Iglesia, ahora el gobierno del PSOE-Unidas Podemos se lava las manos y deja a la administración local y los particulares las reclamaciones por vía judicial. Por lo tanto, el Gobierno ” más progresista ” de la historia incumple los compromisos electorales y de gobierno y indulta el expolio de la jerarquía de la Iglesia.
Desde Unió de Pagesos y la Asociación de Micropueblos de Cataluña continuamos trabajando contra esta injusticia y propondremos en el Parlamento de Cataluña que inste al Gobierno del Estado a remitir al Parlamento las notas simples de los Registros de la Propiedad de todas las inmatriculaciones de Cataluña; a ordenar la cancelación por nulidad de todas las inmatriculaciones posteriores a la promulgación de la Constitución por inconstitucionalidad sobrevenida, y a habilitar los mecanismos para calificar nuestro patrimonio cultural y religioso de dominio público.
De nuevo, hacemos un llamamiento a la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios para que se impliquen y defiendan patrimonios históricos y culturales de los pueblos de Cataluña.
Joan Casajoana es el responsable en la Unió de Pagesos de inmatriculaciones
