CONCLUSIONES
Responsable: el Estado.- De la lectura de este Informe podría deducirse que la principal destinataria de mis críticas es la jerarquía católica: nada más lejos de la realidad. El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Ic en España, como viene denunciando Europa Laica, es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 38 años. El problema sigue siendo el clamoroso silencio cómplice del Estado y de todas las Administraciones Públicas. La Ic disfruta de un “paraíso” jurídico y fiscal consentido por un Estado que se presume democrático, aconfesional y de derecho.
Esta Memoria no cumple el compromiso adquirido por la Ic.- Con la Memoria episcopal la CEE prosigue con esta ceremonia de la confusión que consiste en incumplir el único compromiso adquirido por los obispos con la firma del reprobable acuerdo concordatario de diciembre de 2006, que literalmente expresaba el “d) compromiso de la Iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria”. En relación con este compromiso, que el Estado debería exigir taxativamente, la Ic cada vez aporta menos información o lo hace de forma más críptica.
La fiscalización de las cuentas de la Iglesia– Resulta imprescindible fiscalizar tanto las ayudas y subvenciones recibidas por todas las organizaciones y entidades de la Ic, como las exenciones de que se benefician. Ya en el primer trimestre de 2015 saltaba a la prensa una información acerca del Tribunal de Cuentas (TC), supremo fiscalizador de las cuentas del Estado. En ella, fuentes del mismo advertían que la Iglesia católica podía estar incurriendo en “enriquecimiento injusto” y se hacía eco de que las cuentas de ésta jamás habían sido fiscalizadas. Asimismo se afirmaba algo que vengo (y venimos, desde Europa Laica) repitiendo desde hace años: que la Ic se financia con cantidades “desconocidas imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos o sanitarios” o “a través de entidades como Cáritas o Manos Unidas”.
Más recientemente, en 2017, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha declarado que son ilegales, tipificándolas como ayudas de Estado, las exenciones fiscales a la Ic cuando realiza actividades económicas en competencia con otros operadores privados. Estamos hablando de miles de millones de euros que no ha exigido declarar ningún gobierno (por ese lado, disminuye los ingresos públicos) y que por tanto, tampoco contribuye al sostenimiento de los servicios públicos. En este trabajo no estoy hablando de religión, sino de transparencia económica y respeto a la legalidad.
Ya en 2018 el propio TC ha incluido la auditoría a la Iglesia católica en su Programa anual de dicho año, referida al ejercicio 2017. Es de suponer que la jerarquía católica intentará presionar todo lo posible al Gobierno para que dicha auditoría sea lo más “light” posible (en extensión y profundidad). En todo caso, hasta que no se apruebe el inicio de la fiscalización, con el consiguiente documento de directrices técnicas (que parece que se aprobará en 2019) todo es especular.
No obstante, los consejeros del TC han ido mucho más allá de lo solicitado por Podemos-PSOE en el Congreso, que se circunscribía al 0,7 % de la casilla del IRPF: han disparado por elevación y abarcará cualquier ingreso y gasto en las cuentas de la Ic, y entre las partidas a fiscalizar estarán incluidas las subvenciones y cualquier tipo de ayuda pública. Desde mi punto de vista esto conllevaría que podrían auditarse las cantidades exencionadas, puesto que son ayudas públicas en sentido estricto, y así lo reconoce el propio TJUE.
Tal vez muchas personas piensen que, ante un panorama de profunda crisis económica y social, 12.000 M€ anuales no son una prioridad, pero para hacerse una idea de que no son “bagatelas” baste recordar que este dinero público podría proveer a 1.387.700 hogares españoles con todos sus miembros en paro a finales de 2016 de un ingreso mensual medio por familia de 721€.
Mucha propaganda y poca transparencia.- En lo que se refiere al resto de información que aporta la jerarquía católica en relación con sus múltiples actividades, es fácilmente observable que la estrategia de comunicación de los obispos es puramente defensiva, y parece querer salir al paso de una realidad difícilmente manipulable: los exorbitantes privilegios económicos de que goza la Iglesia, que succiona del erario público más del 1% del PIB para sus actividades. El mensaje que pretenden transmitirnos sería, “Vale nos beneficiamos del dinero público pero, a cambio, generamos muchos beneficios económicos a la sociedad”.
Lamentablemente hoy, como en años anteriores, debo repetir que alrededor de las cifras que ofrece la Conferencia Episcopal hay mucha mercadotecnia y propaganda y muy poca transparencia. Lo que debe ofrecer la jerarquía católica es un balance económico anual integrado del conjunto de sus actividades en España, que ilumine en qué y cómo se gastan las cuantiosas sumas con que le subvenciona el Estado y, por tanto tod@s l@s contribuyentes, en sus tres niveles, central, autonómico y local. Y el Estado, en un ejercicio de responsabilidad debe exigir ese balance anual integrado, en el que también se consignen las subvenciones indirectas aportadas por el Estado, en relación con las exenciones y bonificaciones fiscales, al amparo de los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede de 1979.
M. Enrique Ruiz del Rosal
_________________
Documento completo: Informe 2018 sobre la Memoria de la CEE
Memoria anual de actividades de la Iglesia Católica de 2016 (descargar Memoria en PDF)
