La ONU en Indonesia ha urgido a las autoridades del país del sudeste asiático a que «frenen» el proceso de reforma del código penal, aprobada el martes por el Legislativo, subrayando que algunas enmiendas son «incompatibles con las libertades y los derechos humanos fundamentales».
«Urgimos a las autoridades ejecutivas y legislativas a que frenen este proceso de reforma para asegurar que la ley doméstica va en línea con las obligaciones legales internacionales de Indonesia en derechos humanos», exhorta el comunicado de la oficina de la ONU en Indonesia, país de mayoría musulmana, emitido el jueves.
El Parlamento de Indonesia aprobó el martes una amplia reforma del código penal que incluye la prohibición del sexo fuera del matrimonio, con penas de hasta un año de cárcel, y la apostasía, además de los insultos al presidente, entre otros cambios denunciados como «antidemocráticos» por decenas de ONG.
Los cambios deben ser ahora refrendados por el presidente, Joko Widodo, lo que se espera que ocurra en un periodo de treinta días, momento a partir del que se abre un plazo de tres años en el que la reforma puede ser disputada ante el tribunal constitucional.
La ONU destaca que «algunos artículos del código penal parecen ser incompatibles con las libertades y los derechos humanos fundamentales», incluyendo «el derecho a la privacidad, así como los derechos a la libertad religiosa y de expresión y opinión».
Algunas cláusulas, añade, podrían tener «un impacto discriminatorio sobre mujeres, niñas, niños y minorías sexuales», además de «exacerbar la violencia basada en la orientación sexual o la identidad de género».
La prohibición del sexo fuera del matrimonio criminaliza de facto las relaciones homosexuales, pues las nupcias solo son permitidas para parejas heterosexuales en Indonesia, lo que despierta el temor de que haga aumentar el ya alto nivel de acoso a la comunidad LGTBI en el país.
Expertos de derechos humanos de la ONU han citado preocupaciones similares en una carta enviada al Gobierno indonesio, añade el comunicado, que exhorta al Ejecutivo a «mantener un diálogo abierto con la sociedad civil para gestionar los perjuicios causados».
El ministro de Interior y Derechos Humanos indonesio, Yasonna Laoly, intentó el jueves frenar las preocupaciones que la reforma, bajo la que también están sujetos extranjeros residentes en Indonesia y turistas, ha suscitado dentro y fuera del país.
Laoly incidió en la «imposibilidad» de que alguien sea detenido por mantener relaciones extramaritales si no hay denuncia previa, y reiteró que la misma solo puede ser realizada por parientes cercanos, como padres, esposos o hijos.
«Es imposible para la Policía que se les detenga directamente, salvo si hay denuncias. Y estas solo pueden proceder de los familiares más cercanos. Todo se ha exagerado, pero a la vez tenemos que preservar nuestros valores», añadió.
Por su parte, el presidente del Parlamento indonesio, Puan Maharani, afirmó también el jueves que el código penal «está aún en transición» y que «solo tendrá efecto en 2025».
Indonesia, país que había consolidado una tradición liberal en los pasados 20 años, tras la caída del dictador Suharto (1998), ha vivido últimamente un auge de facciones islamistas que han condicionado la escena política y puesto a prueba las líneas rojas del moderado Widodo, en su segunda y última legislatura.
