Impulsadas por el Episcopado, hay cada vez más ciudades «pro vida» en Argentina

A través de ordenanzas municipales, afirman defender los derechos del niño por nacer

El objetivo es frenar normas actuales, como el Protocolo de Abortos No Punibles, y preparar el terreno para medidas cautelares en caso de que se legisle sobre la interrupción del embarazo. Ya serían unas cuarenta en 12 provincias.

Un boom. Así lo definen los sectores religiosos que organizan y promueven esta campaña. Y los datos les dan la razón. Según una publicación elaborada por la Confederación Argentina Pro Vida y Familia, difundida a través de la Agencia de Noticias de la Conferencia Episcopal Argentina (AICA), desde mediados de 2011, cuando la localidad neuquina de Senillosa fue declarada "pro vida", otras cuarenta ciudades siguieron su camino e incluso el gobierno de Corrientes asumió por decreto el compromiso de establecer como "política de Estado" la defensa de la vida desde la concepción. A partir de estos datos, Tiempo Argentino elaboró su propio registro y pudo comprobar las declaraciones de más de veinte localidades, sea por ordenanza municipal o por decisión de sus ediles, y gracias a la convivencia de intereses entre representantes eclesiásticos y poderes políticos locales. El objetivo, en todos los casos, es frenar la aplicación de los protocolos sobre abortos no punibles y establecer una barrera ante la posibilidad de que, en el futuro, se despenalice esa práctica a nivel nacional.

Aunque muchas de estas resoluciones fueron impulsadas por individuos particulares, la campaña cuenta con un marco institucional: el primer envión vino del mismo Episcopado. Tras la derrota del matrimonio igualitario y con el temor de que eso implicara un avance en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, bautizó al 2011 como el Año de la Vida. "Queremos reafirmar la necesidad imperiosa de priorizar en nuestra patria el derecho a la vida en todas sus manifestaciones, poniendo especial atención en los niños por nacer", señalaron los obispos en un documento. A partir de esa convocatoria, la Acción Católica Argentina –institución eclesial creada en 1931 por el Episcopado– elaboró el proyecto Sumemos ciudades a favor de la vida.

En el sitio web de Acción Católica hay un cuadro con los pasos a seguir e incluso un modelo de carta para "invitar" a las autoridades locales. También se advierte sobre la necesidad de establecer contactos con los intendentes por vía directa o mediante estrategias intermedias, organizar charlas y acciones comunales ("bicicleteadas, muestras artísticas"), acercarse a colegios profesionales, universidades y comités de ética de hospitales; y una vez lograda la resolución, difundirla en diferentes medios y "sumarlas a la red nacional para darle mayor trascendencia".

Para la redacción de los proyectos locales, la Confederación Argentina Pro Vida y Familia pone a disposición además, el asesoramiento legal de dos especialistas: los abogados Ricardo Bach de Chazal y Nicolás Lafferriere. Este último, director del Centro de Bioética, Persona y Familia, integraba la comisión de seguimiento legislativo de la Conferencia Episcopal, y fue portavoz de la jerarquía de la Iglesia en discusiones tan clave como el matrimonio igualitario o el proyecto de reforma del Código Civil.

Gracias a estos soportes y según el relevamiento de este diario, ya se declararon "pro vida" ciudades y localidades de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Neuquén y Corrientes, donde la demanda cobró mayor relevancia.

Para los fundamentalistas religiosos, Corrientes es un caso ejemplar. Con la celebración de "El año de la Vida", el arzobispo Andrés Stanovnik impulsó allí la creación de una comisión abocada a establecer contactos entre intendentes y párrocos locales. La revista Familia y Vida entrevistó al sacerdote Roberto Báez, de esa comisión, y le preguntó sobre las implicancias de esta declaración. "Más allá de una manifestación pública, tiene que ver con todos los recaudos para garantizar no sólo la defensa del niño por nacer, sino las mejores condiciones para el cuidado y preservación de la vida en todas sus dimensiones y etapas. Además, plantea posiciones institucionales ante casos donde la vida esté en riesgos, con protocolos de asistencia de la salud, por ejemplo", respondió Báez en referencia a la aplicación en la provincia del histórico fallo de la Corte Suprema sobre abortos no punibles. "Oficialmente, no ha habido una declaración desde el gobierno provincial, pero sí, aun respetando lo que dice la ley, en los hospitales correntinos prima siempre la búsqueda de todas las alternativas posibles para salvaguardar la vida del niño por nacer", confesó.

En esa línea, el presbítero Jorge Luis Espíndola, de la ciudad correntina de Paso de los Libres, argumentó que la resolución protege a la provincia de legislaciones futuras, algo que especialistas en Derecho denunciaron como falso."Lo más importante es que, en el caso lamentable de que se apruebe en la Nación el aborto o la eutanasia, la ciudad pro vida puede no acatar esa ley. Si se logra una mayoría en el país de ciudades y/o provincias pro vida, la ley anti-vida no va a estar avalada ni se la va a poder aplicar. Siempre y cuando la declaración sea previa a la sanción de la ley. Es por ello que urge que las ciudades y provincias argentinas se sumen a esta iniciativa para contrarrestar el avance de la cultura de la muerte que trata de imponerse", señaló. «

Uruguay busca su ley

La Cámara de Diputados de Uruguay tratará hoy un proyecto del oficialista Frente Amplio que propone la despenalización del aborto, luego de dos intentos fallidos en los últimos años, que incluyeron el veto presidencial del ex mandatario Tabaré Vázquez en 2008. De ser aprobada, tal como se espera, la propuesta que se tratará en sesión extraordinaria desde las 10, volverá al Senado, en donde la mayoría frenteamplista ratificaría la norma y se convertiría en ley tras las modificaciones que se le introdujeron en la Cámara Baja.

La iniciativa en discusión establece la posibilidad de interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación y 14 en los casos de violación. Fue aprobado por el Senado en diciembre pasado con los votos del FA, que tiene mayoría en las dos Cámaras, y de un senador del opositor Partido Nacional.

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