Iglesia y Estado, la caridad bien entendida

La Constitución reconoce la libertad religiosa, pero sostiene el culto católico, apostólico y  romano. El Estado argentino destina importantes recursos presupuestarios a la Iglesia Católica.

Si se rechaza el subsidio público en solidaridad con los pobres, ¿cómo se entiende que la iglesia reciba sin chistar del fisco un presupuesto de varios miles de millones de pesos anuales para mantener templos, subvencionar institutos religiosos, pagar sueldos y pensiones graciables, de obispos, sacerdotes, seminaristas? ¿No sería, al menos, una incongruencia ética o una hipocresía injustificable?

Corintios 13, 4-7: “La caridad es paciente, es amable, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta”.

Entre el pedido de la Fundación Pontificia “Scholas Ocurrentes” y la respuesta monetaria del Gobierno ¿hubo paciencia, amabilidad, decoro, desinterés, verdad? ¿O primó la envidia, la jactancia, el engreimiento, la irritación, la mentira? ¿Cuál es la base moral de la caridad?

Los hechos.

Durante el frío encuentro de febrero Francisco le solicitó al presidente Macri ayuda para la fundación. Los directivos de Scholas, José María del Corral y Enrique Palmeyro, remitieron al Gobierno un presupuesto para el sostenimiento de su infraestructura administrativa (edificio, sueldos, equipamiento, etc.).

El Presidente, respondiendo al pedido, concedió un subsidio de 16 millones de pesos. Por instrucción papal los directivos de Scholas no aceptaron la ayuda. Macri puso una vez más la otra mejilla, soportó sin chistar el desplante y ratificó su compromiso de apoyar a la fundación.

Según los directivos de Scholas, el Papa habría argumentado el rechazo diciendo que el Gobierno debería utilizar esos fondos para los pobres de nuestro país.

Mal Macri.

Un monto importante no descarta un intento de congraciarse con el Vaticano a costa del presupuesto estatal. Ciertamente, comparado con las fabulosas cifras que se fueron por las canaletas de la corrupción, el monto donado son monedas, pero más vale exhibir austeridad que generosidad en un tiempo en que el Estado está casi quebrado y la gente está pagando el precio del ajuste. El subsidio no era para “alimentar” y “educar”, sino para pagar la infraestructura administrativa de Scholas.

Mal el Vaticano.

Antes que rechazar el subsidio, hubiera sido mejor no pedirlo. Además, es de mal gusto publicitar el rechazo, y lo es más sugiriendo, demagógicamente para mi gusto, que los fondos no aceptados sean destinados para los pobres de nuestro país.

Si se rechaza el subsidio público en solidaridad con los pobres, ¿cómo se entiende que la iglesia reciba sin chistar del fisco un presupuesto de varios miles de millones de pesos anuales para mantener templos, subvencionar institutos religiosos, pagar sueldos y pensiones graciables, de obispos, sacerdotes, seminaristas? ¿No sería, al menos, una incongruencia ética o una hipocresía injustificable?

Y aquí resurge un tema muy debatido en otros tiempos, que viene a cuento: la relación del Estado argentino con la iglesia.

Aun cuando nuestro país reconoce la libertad de culto (art. 14 de la Constitución Nacional) “el gobierno argentino sostiene el culto católico, apostólico, romano” (art. 2°), no así el de otras confesiones.

Nuestro país nunca dejó de financiar al clero. La Constitución Argentina lleva impregnada desde su origen el sostenimiento de la Iglesia Católica. Así lo establecieron la Constitución “liberal” de 1853 y lo mantuvieron la “constitución peronista” de 1949, la “antiperonista” de 1957 y la “bipartidista” de 1994, todas en el artículo segundo.

Paradójicamente, el financiamiento principal se da a través de normas dictadas por gobiernos militares, comenzando por el Concordato con la Santa Sede, suscripto con el gobierno de Juan Carlos Onganía el 10 de octubre de 1966, como también los decretos leyes para subsidiar a los obispos y arzobispos retirados (21.540), a la jerarquía eclesiástica en funciones (21.950), a los párrocos de frontera (22.162), a los sacerdotes seculares (22.430) y a los seminaristas (22.950), todos actualmente vigentes.

Guillermo Olivieri, secretario de Culto de la Nación durante la gestión kirchnerista, declaró que el Estado financia una red de 437 institutos de vida consagrada, que actúan a través de 4.500 casas y obras apostólicas, constando además, en el rubro presupuestario “Asistencia Financiera/Culto Católico”, el dinero en sueldos y pensiones graciables para 122 arzobispos y obispos, 1.600 seminaristas y 640 sacerdotes.

El Estado argentino hace dos tipos de aporte a la Iglesia: los indirectos y los directos. Los primeros son las exenciones o desgravaciones impositivas, las parroquias en general no pagan impuestos, aunque hay muchas que sí pagan los servicios de luz, gas y teléfono.

Los aportes directos son los que realiza la Nación con fundamento jurídico en la obligación constitucional del artículo 2° y como reparación histórica a las expropiaciones realizadas por el Estado a la Iglesia en el siglo XIX. Entre estos tenemos:

* Asignación para Obispos: la Ley 21.950 dispone para los arzobispos y obispos residenciales una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración de un Juez de Primera Instancia (que hoy anda alrededor de los cien mil pesos) y el 70% para los obispos auxiliares.
* Asignación para Obispos Eméritos: la Ley 21.540 dispone para los obispos eméritos el pago de una suma mensual equivalente al 70% del sueldo de un Juez de Primera Instancia, y el 60% para los obispos auxiliares eméritos.
* Subsidios para parroquias de frontera: la Ley 22.162 determina una asignación para parroquias ubicadas en zonas de frontera o desfavorables.
* Asignación para seminaristas mayores: según Ley 22.950, se paga a las diócesis y a cinco institutos de vida consagrada (Dominicos, Franciscanos, Mercedarios, Jesuitas y Salesianos) una asignación mensual que, cuantitativamente hablando, corresponde al mayor aporte directo del Estado a la Iglesia.
* Jubilaciones para Sacerdotes: la Ley 22.430 instituye jubilaciones graciables (sin aporte) para los sacerdotes carentes de otro beneficio previsional.
* Otras asignaciones: el presupuesto incluye partidas adicionales para la Conferencia Episcopal Argentina para el desarrollo de la pastoral orgánica y para otros rubros tales como Tribunales Eclesiásticos, Facultades Eclesiásticas, causas de canonización, gastos eventuales, etc.

El Estado subvenciona al catolicismo porque así lo establece la Constitución Nacional, aunque es muy debatido si en el concepto de “sostenimiento del culto” entran las jubilaciones y pensiones de la jerarquía eclesiástica y otros rubros.

La Argentina es un país cuya población es mayoritariamente católica. La Iglesia Católica está jurídicamente asimilada a un ente de derecho público no estatal, siendo este caso casi único en el mundo occidental ya que, por ejemplo, Brasil, que es el país con mayor número de católicos del orbe, es un estado laico, al igual que México, Uruguay, Chile y Venezuela, entre otros, en donde la Iglesia está separada del Estado.

¿Cómo es en el mundo la relación financiera entre Estado e Iglesia? Fundamentalmente hay tres sistemas (aún con variantes dentro de cada uno de ellos):
* El sostenimiento directo con recursos generales, a través de una partida del presupuesto estatal. Los recursos se obtienen de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, católicos y no católicos. Es el sistema de Argentina (exclusivamente católica) y Bélgica (católica, anglicana y ortodoxa, entre otras).
* El sostenimiento con recursos específicos del “impuesto eclesiástico”, que pagan voluntariamente los ciudadanos que se anotan en un registro. Son los casos de Alemania (católica,  protestante y evangélica), Austria, Dinamarca (luterana), España (católica, aun cuando recibe además altísimos subsidios fuera de las partidas ordinarias), Italia y Portugal.
* Sin sostenimiento del Estado. La Iglesia se financia a través de donaciones y el Estado suele hacerse cargo de algunos gastos, como mantenimiento de edificios, exenciones fiscales, etc. Es el caso de Francia, Reino Unido e Irlanda. En Latinoamérica, Brasil, Uruguay y Chile no sostienen ningún tipo de culto.

Para mi gusto personal, como católico preferiría el sistema intermedio (impuesto eclesiástico voluntario). Sería más justo y más ético.
Esgrimir el argumento de la pobreza ajena para rechazar un subsidio estatal mientras se es casi totalmente financiado por esa misma caja pública, es como entregar las monedas de la limosna con la mano izquierda  y guardarse los billetes con la derecha.
La moral cristiana es refractaria al doble mensaje y a la demagogia. “Una iglesia pobre para los pobres” (Francisco, 2013) quiere decir precisamente eso. Se entiende, ¿no?

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NOTA: El autor incluye en un mismo bloque financiaciones completamente diferentes, como el caso de Alemania donde el contribuyente es el que aporta su asignación a la confesión religiosa a la que pertenece cobrando la Hacienda Pública el 100% de los impuestos que le corresponden; y el caso de España donde el contribuyente no realiza la aportación, es el Estado el que ve reducidos sus ingresos en el 0,7 o 1,4 de la cuota de quienes marcan las casillas en el IRPF. De ese modo en España el Estado aporta unos 250 millones de euros anuales a la iglesia católica, además de las partidas (colegios católicos, capellanes y profesorado religión en centros escolares, mantenimiento patrimonio, exenciones fiscales, subvenciones a centros asistenciales católicos, como hospitales, orfanatos, residencias,…).

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