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Hazte Oír paga una sanción de 4.000 euros a Protección de Datos por señalar a tres activistas LGTBI

La asociación LGTBI Arcópoli formuló una reclamación contra la organización ultracatólica por incluir en un folleto contra la coeducación imágenes de tres voluntarios que impartían charlas en colegios.

La entidad ultra ha asumido el pago voluntario de la sanción, pero no reconoce la responsabilidad que le achaca la Agencia Española de Protección de Datos.

La cruzada de la organización ultracatólica Hazte Oír contra la educación afectivo sexual en las aulas empieza a tener consecuencias. La asociación ha tenido que asumir una sanción de 4.000 euros impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por vulnerar el Reglamento General de Protección de Datos en uno de sus folletos difundidos en centros educativos. En una resolución del pasado 6 de abril, a la que ha tenido acceso infoLibre, el organismo fija una sanción contra la organización por haber vulnerado el artículo 6.1 del reglamento europeo, al incluir en un folleto contra la educación sexual en las aulas el nombre y la imagen de tres voluntarios que daban charlas en los colegios. Así lo denunció en su momento la asociación madrileña Arcópoli, dedicada a la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, quien ahora celebra el pago voluntario como una victoria. “Esto es muy satisfactorio”, comentan voces del colectivo, quienes recuerdan la tendencia de la organización ultra a esquivar, recurrir y batallar cada denuncia en su contra.

Arcópoli presentó el 11 de noviembre de 2019 una reclamación contra Hazte Oír a raíz de un folleto publicado por la organización “en contra de acciones de educación sexual en los centros escolares, que en la segunda página incluye imágenes y los nombres de tres personas” vinculadas a asociaciones LGTBI que de manera voluntaria han participado en talleres y charlas en los colegios. Tras serle notificada la reclamación, la entidad ultra decidió guardarse las espaldas retirando el panfleto e incluyendo una posterior edición del texto para excluir el señalamiento a los activistas.

La Agencia de Protección de Datos considera que el tratamiento de los datos personales de los tres voluntarios, sin su autorización, supone una infracción del reglamento, por lo que impone una multa de cinco mil euros, con opción a una rebaja de mil euros por el reconocimiento de la responsabilidad y otra de la misma cuantía por el pago voluntario. Hazte Oír se ha acogido a esta última posibilidad, por lo que el importe ha quedado en cuatro mil euros. “Hemos aplicado la reducción por pago en periodo voluntario, pero no la de reconocimiento de culpabilidad (porque no la reconocemos)”, señala la organización ultracatólica en la resolución.

En el folleto, titulado ¿Sabes quién le está hablando de sexo a tus hijos en el colegio?, se incluía una fotografía de tres hombres perfectamente reconocibles y pertenecientes a distintas organizaciones, con sus nombres en el pie de la imagen. “Numerosos colegios están abriendo las puertas a los grupos LGTBI, los mismos que organizan el Orgullo Gay, para que den charlas sobre sexualidad a los alumnos”, alertaba Hazte Oír, algo que sucede según ellos “al amparo de las leyes que imponen la ideología de género”.

Aunque las consecuencias de la estrategia de Hazte Oír contra la educación en igualdad están vinculadas en esta ocasión a la protección de datos, no es la primera vez que sus campañas son señaladas por su contenido homófobo. En 2017, la Comunidad de Madrid impuso una multa de 1.500 euros a entidad por emitir “expresiones de carácter vejatorio” hacia las personas LGTBI. En aquella ocasión, la organización se declaró “objetora” y se negó a asumir la sanción. Recurrió y terminó ganando la batalla en los tribunales. Es la tónica habitual, según exponen voces de Arcópoli. Por mucho que los colectivos peleen por tumbar el discurso ultra de la entidad, el pulso lo suelen acabar ganando sus contrincantes.

Ocurrió también en 2019, cuando el sindicato Comisiones Obreras presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y otra ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia por el reparto de octavillas llamando a la imposición del veto parental. CCOO argumentaba, en su escrito, que Hazte Oír “carece de finalidad educativa y por lo tanto se produce una intromisión ilegítima de la asociación en los centros educativos dependientes de la Administración Pública”. El Ministerio Público, confirma el sindicado, inadmitió la denuncia y no llegó a abrir diligencias.

Hazte Oír ha abanderado en los últimos años la más firme oposición a la coeducación, especialmente a través de su célebre veto parental. Pero también ha desplegado toda su artillería fuera de las aulas: su famoso autobús tránsfobo recorrió carreteras y portadas, desatando la confrontación con activistas y provocando que en febrero de 2019 el Ministerio del Interior retirara su declaración de utilidad pública. En su página web destacan, a día de hoy, toda una serie de iniciativas contra el aborto, la eutanasia y la “ideología de género”.

infoLibre ha tratado de recabar la posición de Hazte Oír, pero al cierre de la edición de este miércoles la entidad no ha contestado a las preguntas formuladas.

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