La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha denunciado la creciente vulneración de la libertad religiosa en España, con especial énfasis en el ámbito educativo. En el marco del Día Internacional para Combatir la Islamofobia, la organización ha señalado que la reciente prohibición del uso del hiyab en un instituto de Parla constituye un retroceso en derechos fundamentales y refleja una tendencia islamófoba que se está consolidando en las instituciones educativas.
Según la asociación, cada vez más centros escolares están adoptando normativas internas que prohíben el uso del velo islámico, amparándose en la ausencia de una regulación estatal clara. Esta situación genera un vacío legal que permite la implementación de medidas que, en su opinión, son discriminatorias y contrarias a la Constitución Española y a los tratados internacionales sobre derechos humanos. En este sentido, la organización subraya que «la libertad religiosa, recogida en el artículo 16 de la Constitución, no puede ser restringida arbitrariamente por decisiones de los centros educativos». Además, sostiene que esta prohibición «contribuye a la exclusión y estigmatización de las mujeres musulmanas en nuestra sociedad».
El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano de consulta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha advertido sobre la vulneración de derechos humanos que suponen estas prohibiciones en los colegios públicos. En su informe anual de 2022, titulado ‘Situación de las personas migrantes y refugiadas en España’, se señala que esta práctica «no solo atenta contra derechos fundamentales, sino que fomenta la segregación y discriminación en el ámbito educativo». El documento insta al Gobierno a tomar medidas para evitar que estas restricciones perjudiquen a los menores y destaca que «lejos de promover valores de igualdad y tolerancia, este tipo de prohibiciones generan un clima de exclusión que contradice los principios fundamentales de convivencia».
El informe también enfatiza que «portar un símbolo religioso es una decisión libre de los alumnos y tiene un significado mucho más profundo que la mera vestimenta». Por ello, se recomienda que los centros educativos fomenten el diálogo y establezcan excepciones en sus normativas internas en lugar de imponer medidas que, según la asociación, «atentan contra la dignidad y la libertad individual».
La organización ha reiterado que el marco legal actual no establece una regulación estatal específica sobre el uso de símbolos religiosos en las escuelas, lo que ha permitido que los centros adopten normativas que, en muchos casos, resultan discriminatorias. Desde la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes han insistido en que «este vacío legal está siendo utilizado para justificar medidas que atentan contra el derecho fundamental a la libertad religiosa, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Española y protegido por la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa».
Asimismo, han recordado que la laicidad de las instituciones públicas no implica la prohibición de las expresiones religiosas individuales, sino la imparcialidad del Estado respecto a las creencias de sus ciudadanos. En esta línea, han señalado que «como ha reiterado el Tribunal Constitucional, la neutralidad religiosa de las administraciones públicas es un principio esencial para garantizar la convivencia en una sociedad plural y democrática». Según la asociación, la prohibición del hiyab en las aulas «no es una medida neutral, sino una forma de exclusión que impide a muchas jóvenes musulmanas ejercer plenamente su derecho a la educación sin renunciar a su identidad».
Por otra parte, la denuncia de la organización se extiende más allá del ámbito educativo, advirtiendo que las mujeres musulmanas en España enfrentan discriminación en diversos ámbitos. Según el informe ‘Being Muslim in the EU’ de la Fundamental Rights Agency, «la islamofobia de género es una realidad alarmante que se traduce en mayor acoso, discriminación laboral y restricciones en el acceso a servicios públicos». En el caso concreto de España, se señala que las mujeres que usan hiyab «son objeto de prejuicios y obstáculos adicionales en ámbitos como la sanidad, el empleo y la participación social».
En este sentido, datos del informe ‘Racismo estructural y discriminación en España’ de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes revelan que un 47,5% de las personas encuestadas manifestaron haber sufrido discriminación, siendo la tasa significativamente mayor en el caso de las mujeres musulmanas. La entidad también ha señalado que «el auge de discursos islamófobos en redes sociales y espacios públicos agrava esta situación», y ha alertado de que la difusión de mensajes de odio contra la población musulmana, especialmente mujeres, ha aumentado en los últimos años.
De acuerdo con estudios recientes, como el realizado por Petter Törnberg y Juliana Chueri, «los partidos de extrema derecha han creado ecosistemas mediáticos alternativos para amplificar mensajes xenófobos y polarizar la sociedad». Ante esta realidad, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha instado a las autoridades españolas a combatir con determinación la propagación de desinformación y odio, mediante la aplicación efectiva del Código Penal en sus artículos 510 y 607.2, que sancionan los delitos de odio y la incitación a la violencia por motivos religiosos.
En su comunicado, la organización ha exigido que las instituciones públicas cumplan con su deber de garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción de credo. En este sentido, han instado al Gobierno de España a adoptar «medidas concretas para prevenir y sancionar la discriminación religiosa en el ámbito educativo y social», así como a promover una regulación clara que evite la arbitrariedad en los centros escolares. También han apelado a la sociedad civil y a los medios de comunicación para que «contribuyan a frenar la islamofobia y promuevan un discurso basado en el respeto y la convivencia».
La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha destacado la importancia de la educación como herramienta fundamental para combatir el odio y fomentar el entendimiento mutuo. En este sentido, han recordado que la UNESCO ha señalado que «la sensibilización sobre la diversidad cultural y religiosa es clave para erradicar prejuicios y fortalecer la cohesión social». Por ello, han subrayado que «es imprescindible que desde las instituciones educativas se fomente una cultura de respeto a los derechos humanos y a la libertad de conciencia, permitiendo que todas las alumnas puedan ejercer su derecho a la educación sin verse forzadas a renunciar a su identidad religiosa».
Finalmente, la organización ha reiterado su denuncia sobre la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres musulmanas en España y ha exigido la adopción de políticas efectivas para garantizar su plena inclusión y protección. Han advertido que «la islamofobia no solo afecta a la comunidad musulmana, sino que erosiona los valores democráticos y de igualdad sobre los que se sustenta nuestra sociedad». En este sentido, han insistido en que «frenar su avance es una responsabilidad de todos».
