El Ejecutivo admite que la «obligación» de la Agencia Tributaria es controlar las donaciones que los padres hacen a los centros y comprobar que no exista ninguna contraprestación
Las familias cuyos hijos estudian en colegios concertados podrían enfrentarse a una novedad sustancial en su declaración de la renta. El Gobierno de Pedro Sánchez abre la puerta a que la Agencia Tributaria revise con lupa las cuotas que los padres abonan por la escolarización de sus hijos, que pasarían a dejar de considerarse donaciones —tal y como se establece ahora en la ley que regula el IRPF—. Hacienda, por su parte, niega que exista un cambio de criterio al respecto y asegura que su postura siempre ha sido la misma: si existe una contraprestación ya no se considera donativo y, por tanto, no es deducible. Sin embargo, el cambio de criterio se produciría precisamente por el hecho de que el Ejecutivo estudie ahora el control de esas donaciones en la escuela concertada, algo que hasta la fecha nunca se había hecho de forma generalizada.
La cuestión tiene su enjundia, porque afectaría de forma directa a miles de familias: la concertada (privada y sostenida por la Administración con fondos públicos) suma el 28% de la oferta educativa estatal y cuenta con más de dos millones de alumnos. En estos momentos, el pago de donativos —el sistema por el que funcionan los centros concertados— permite una deducción fiscal de hasta el 75% para los primeros 150 euros abonados y del 30% para el resto.
El cambio de interpretación al que el Ejecutivo socialista se abre en la práctica —tal y como refleja la respuesta parlamentaria a Ciudadanos a la que ha accedido este diario (puede leerla aquí)—, supondría ‘de facto’ una subida de impuestos para todas esas familias que, de media, conllevaría un aumento de 360 euros a pagar en la declaración de la renta, tomando como referencia el pago anual de cerca de 1.000 euros a los centros educativos. A esto habría que sumar la cantidad que estableciera Hacienda por los cuatro años no prescritos, según el plazo marcado por la Ley General Tributaria que afecta a la retroactividad ante un cambio de interpretación en una normativa. En este punto, Hacienda insiste en que no hay retroactividad. Sin embargo, si se aplicara el criterio de que estas deducciones no están bien aplicadas, la actuación afectaría a los últimos cuatro años, hasta 2015.
En ese sentido, el grupo naranja asegura que aplicar el criterio de la Agencia Tributaria a las cuotas de la escuela concertada «introduce una importante incertidumbre sobre sus efectos y consecuencias, ya que el impacto en las finanzas de las familias y de los propios colegios sería muy relevante». De hecho, los colegios también tienen mucho que decir: si las cuotas dejaran de ser consideradas finalmente como donaciones, los centros deberían declarar por esos ingresos en el impuesto de sociedades. Y más allá del bolsillo de las familias, el diputado de Ciudadanos Paco de la Torre alerta del posible «desequilibrio del sistema» y los «efectos negativos» en la libertad de elección educativa de los niños y sus familiares.
Tras la advertencia lanzada por el Consejo General de Economistas el pasado noviembre, asegurando que la Agencia Tributaria iniciaba una campaña para que las cuotas de la escuela concertada no desgravaran más como donativo, y recomendando al mismo tiempo dejar ya de incluirlas en las deducciones del IRPF para entidades sin ánimo de lucro, las alarmas saltaron todavía más. En realidad, desde hace tiempo asesores fiscalistas advierten del limbo en el que se encuentran estas donaciones y, en muchos casos, ya aconsejaban no desgravarlas. Algunas familias incluso nunca lo han llegado a hacer por las dudas en la interpretación de la normativa. En todo caso, Hacienda nunca había estudiado llevar a cabo actuaciones masivas en el campo de los colegios concertados.
A las ocho preguntas registradas por De la Torre y la diputada Marta Martín encaminadas a conocer las políticas educativas que el Gobierno pretende poner en marcha y, especialmente, sobre este cambio de criterio que Hacienda quiere lanzar, el Ejecutivo hizo pública su respuesta hace solo cuatro días, el 30 de enero, insistiendo en que la Agencia Tributaria está efectivamente«obligada» a controlar las donaciones que las familias hagan por la escolarización de sus hijos. Además, Hacienda considera que una de las cuestiones que se deben analizar con especial ímpetu es «el ánimo de liberalidad con que se realizan». Es decir: comprobar en este campo que no exista ninguna contraprestación.
En ese sentido, las donaciones por comedor o actividades extraescolares no estarían incluidas porque la contraprestación que existe en esos casos es evidente y no se considera donativo. Pero ¿qué ocurre con el resto de donaciones que las familias llevan a cabo, casi siempre anualmente? El Gobierno considera que para determinar si existe ese «ánimo de liberalidad» deberá acudirse a «criterios objetivos», aunque no especifica cómo evitará tener en cuenta las motivaciones subjetivas de las personas que donan. Según ha podido saber este diario, en los últimos meses la Agencia Tributaria ya ha llevado a cabo alguna prueba piloto al respecto, y la respuesta parlamentaria confirma que la postura del Ejecutivo va en la línea de cambiar el criterio.
«Nos sorprende la respuesta y nos preocupa. Podría haber optado por decir que no era un asunto prioritario, pero no ha sido así. El Gobierno tiene que saber que si lleva a la práctica este cambio en la interpretación y considera que las aportaciones que hacen los padres a las fundaciones de los colegios no tienen el ánimo de donar, puede haber implicaciones muy importantes en la educación de los niños», insiste De la Torre a este diario. Ciudadanos pone el acento en la falta de alternativas ofrecidas por el Ejecutivo o de voluntad para estudiar a fondo un nuevo sistema fiscal, ahora que la titular de Educación, Isabel Celaá, ha emprendido un importante proyecto de cambio legislativo que enmienda por completo la Lomce. «Gracias a las donaciones de los padres en estos colegios, el Estado paga menos», reflexiona De la Torre. «Si esto va a cambiar, hace falta una modificación completa del sistema de financiación», afirma. «Lo que nos preocupa es la decisión política de empezar a comprobar los donativos en la escuela concertada».
Entre las consecuencias globales que augura la formación naranja, estaría precisamente el «desequilibrio del sistema» por las dificultades que tendría la red pública para absorber la cantidad de alumnos que podrían sobrevenirle desde centros concertados. «En Madrid, por ejemplo, la escuela pública no tendría capacidad», concluye el diputado naranja.
La formación que dirige Rivera considera que esta decisión es un paso máshacia la lucha emprendida por el Ejecutivo socialista contra la enseñanza concertada, a la que quiere restar el peso concedido por el PP en anteriores legislaturas. El pasado verano, la ministra Celaá ya avanzaba que modificaría elartículo 109.2 de la denominada ley Wert, que incluye el término de «demanda social». Lo que permite este concepto hasta el momento es que los colegios concertados saquen más plazas si las familias así lo demandan.
La ministra de Educación consideró entonces que esa «demanda social» se trataba en realidad de un «eufemismo» por el que en algunos casos «la escuela pública era subsidaria de la concertada», avanzando que la red pública tendría «preeminencia» tras esta reforma, para que los colegios concertados simplemente «complementaran» las necesidades de escolarización. Precisamente, Ciudadanos insiste en la relación de este término con el cambio de interpretación que planea el Gobierno: «Si las deducciones fiscales desaparecen para las familias de la concertada, obviamente, habrá menos demanda«, zanja De la Torre.
