La llamada Ley Wert ha sido aprobada definitivamente por el Congreso bajo el rodillo de la mayoría absoluta de Partido Popular y con la anuencia de la Conferencia Episcopal, como Dios manda.
Se ha consumado la muerte de la Educación Pública. La llamada Ley Wert ha sido aprobada definitivamente por el Congreso bajo el rodillo de la mayoría absoluta de Partido Popular y con la anuencia de la Conferencia Episcopal, como Dios manda.
Largo ha sido el camino de la LOMCE, largo su debate y muy corta va a ser su vida. Porque esta Ley nace sin el apoyo de la sociedad, como se ha demostrado en la Consulta Ciudadana por la Educación, sin el apoyo de los agentes sociales, como se ha demostrado en las Huelgas Generales de Educación y en las sucesivas manifestaciones, y sin el apoyo del resto del arco Parlamentario, como también se demostró en la Cámara.
El trasfondo ideológico tantas veces denunciado de LOMCE, la paulatina y progresiva desresposabilización del Estado de todo lo público bajo las premisas de la calidad de la gestión oculta algo más que el afán privatizador y algo más que la oportunidad de hacer negocio para unos pocos: ocultan la división social de la sociedad, la regulación y flexibilización del mercado de trabajo en consonancia con la Reforma Laboral y la muerte de los derechos sociales, intentando preparar a una generación para un futuro desigual, con una mano de obra ya seleccionada, segregada y autocontrolada para un sistema productivo cada vez más precario y en manos de unos pocos.
La educación se transforma en un espacio de lucha ideológica y desde el paradigma neoliberal en el que se inscribe la LOMCE, se convierte una lucha del orden empresarial, en donde la adquisición o consumo de tal o cual bien (en este caso conocimiento) situarán a las personas en un sitio u otro de la sociedad. En el sitio de los que mandan o en el sitio de los que obedecen.
Esta transferencia de responsabilidades, del Estado como garante de derechos al ciudadano como consumidor y responsable de los que consume, pretende sacarle a la educación de su carácter de “bien público o común” y dejarla a merced de la lógica empresarial, convirtiendo al mercado en el regulador de la sociedad.
Si el estado no se hace responsable de los derechos sociales, ¿quién garantiza una educación para todos y todas?, ¿Quién garantiza la sanidad? ¿Quién las pensiones? y un largo etcétera.
– Los garantizaremos nosotros, dice el Mercado.
-Lo garantizará el mercado, dicen los dueños del mercado, o sea el Partido Popular.
Y todos contentos y organizados. Como Dios manda.
