La imagen de centros de planificación familiar acosados por colectivos antiabortistas no es sólo ‘made in America’: en Barcelona, varios grupos autodenominados ‘rescatadores’ se plantan ante las clínicas en donde se practican abortos.
Son las ocho de la mañana. En la solitaria calle de Roger, en Barcelona, se concentran grupos de personas que reparten panfletos y llevan pancartas con ilustraciones de nonatos y rosarios colgados al cuello. Se autodenominan ‘rescatadores’ y se encuentran cada semana en la Clínica Ginecológica de Santos (CGS) y otros centros de toda España para emprender su tarea antiabortista.
Las pacientes acuden a la CGS para hacerse revisiones, procedimientos quirúrgicos o interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). La localización de la clínica parece pensada para cuidar la intimidad de quien acude: muy cerca de la estación de metro de Badal, en el barrio de Sants, pero en una calle poco transitada.
Sin embargo, cada viernes y sábado, esa intimidad es vulnerada por un grupo de manifestantes que, con pancartas, panfletos y rosarios, se concentran enfrente y en los alrededores de la clínica. Para llegar hasta el local, una planta baja, hay que pasar entre las personas allí congregadas.
Interceptan a los peatones y preguntan si se dirigen a la clínica. Después, les entregan uno de los panfletos. Si la persona se detiene, proceden a describir lo que llaman “abortorio”, donde se produce “el asesinato indiscriminado de bebés”.
Los grupos –en su mayoría mujeres, migrantes o locales, con algún hombre que las acompaña– han reducido sus apariciones a dos días semanales porque han descubierto que son los días que se programan las IVE en esta clínica, que sufre estas manifestaciones desde 2009. El personal de la CGS denuncia las maneras violentas e intimidatorias de estos grupos antiabortistas.
“Hay muchas mujeres que vienen nerviosas, no necesitan que nadie las aborde acusándolas de ser asesinas. Nosotros tampoco nos merecemos que nos acosen al entrar y salir del local, cuando ven que somos personal”, nos explica una de las doctoras.
Las pacientes que llegan lo hacen por iniciativa propia o bien derivadas por la sanidad pública, ya que la CGS forma parte de la red de clínicas acreditadas para practicar interrupciones voluntarias del embarazo.
En este segundo caso, el coste de la intervención es asumido por la sanidad catalana, siempre que se encuadre dentro de los límites de actuación legales de acuerdo con la ley de plazos actual, que marca la semana 22 de gestación como el umbral máximo para practicar una IVE.
Dentro de este margen, el procedimiento varía en función de la semana de embarazo. Entre otras opciones, puede ser farmacológico o consistir en una intervención ambulatoria.
El equipo de profesionales de la clínica explica que estos grupos tienen derecho a expresar su desacuerdo ideológico con las IVE. Sin embargo, se quejan de que esto “no debería significar que puedan increpar a las trabajadoras o molestar a las pacientes. Es una situación muy incómoda y agresiva”.
En particular, les preocupan las informaciones que facilitan a las mujeres. En muchos casos, dicen, son médicamente falsas, sobre todo las relacionadas con los períodos de gestación y las posibles consecuencias del aborto.
Las profesionales han alertado a la policía local y a los Mossos y también han contactado con el Ayuntamiento de Barcelona. Los servicios de prensa del consistorio barcelonés, contactados por la Directa, aseguran que están trabajando por la defensa del derecho al aborto impulsando un grupo de trabajo específico. En el caso concreto de la Clínica Ginecológica de Santos, están “valorando las opciones jurídicas”.
De momento, explican que los informes que han recibido “no son positivos porque hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en casos similares, han valorado que prevalece el derecho a la libertad de expresión”.
FOTO: Antiabortistas en una concentración en Barcelona. / ESTEL·LA MARCOS
