La organizase quien la organizase, lo cierto es que asistieron bastantes representantes del clero –entre ellos nuestro arzobispo– arrastrando tras de sí una flota de autobuses abarrotados de fieles.
Pero también Granada, ciudad de la que salieron seis de los autobuses que acudían a Madrid el sábado, congrega –afortunadamente– otro tipo de reuniones y actos. Los días 2 y 3 de julio se van a celebrar las jornadas sobre laicismo y sociedad, que se encuadran dentro del V Encuentro por la laicidad. Organizadas por la asociación Granada Laica, girarán en torno a tres ejes fundamentales: educación, Constitución (tanto la española como la europea) y derechos humanos. La propuesta de esta asociación, en línea con otras de ámbito estatal como Europa Laica, no es doctrinal ni se inmiscuye en el orden de las creencias particulares, solamente aboga por la separación del ámbito público y privado.
Creo conveniente que desde estas asociaciones se expongan y analicen temas que en ocasiones –debido a la influencia histórica de la religión– pasan desapercibidos y se convierten en incuestionables. Nadie puede negar el derecho de individuos e instituciones a opinar, pero debería sorprendernos que en todos los debates sociales se haya de tener en cuenta el punto de vista de una organización no democrática, basada en la fe.
Y del mismo modo que la Iglesia se posiciona contra todo lo que no considera oportuno: la eutanasia, el preservativo, la investigación con células madre, el divorcio (¿cuántos se habrán beneficiado de la ley contra la que se manifestaban?) debe entender que muchos estemos hartos de que disfrute de privilegios en materia de financiación, enseñanza, etcétera, gozando de tal influencia que algunos farmacéuticos no venden preservativos en cumplimiento de los dictados del Papa; o permitiéndose llamar a los funcionarios del Estado a que se nieguen a casar a homosexuales.
Una de las reivindicaciones y campañas por las que trabaja Granada Laica exige la derogación de los acuerdos que se firmaron con el Vaticano en 1976, que conceden a la Iglesia privilegios educativos incomprensibles en el S.XXI, manteniendo una asignatura en el currículo cuyo fin es el adoctrinamiento.
Los valores que deben promoverse desde los espacios públicos deben ser humanistas y universales, para que puedan ser asumidos por todos. Y luego que saquen –si quieren– los pasquines a la calle.