Golpe tras el golpe en Turquía. Suspende a miles de jueces y funcionarios de Educación

La purga iniciada por las autoridades tras el fallido golpe de Estado del pasado viernes sigue en marcha. Este martes, el Ministerio de Educación ha suspendido de sus empleos a 15.200 funcionarios sospechosos de tener vínculos con las redes de simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que se le atribuye la responsabilidad del intento de asonada militar. Asimismo, ha retirado la licencia a 21.000 profesores o maestros en instituciones de enseñanza privadas.

«A partir de hoy, 15.200 empleados públicos, tanto en los centros como en las provincias, han sido suspendidos del servicio y se inicia una investigación respecto a estas personas»,reza el comunicado del ministerio, citado por la agencia semipública Anadolu. «Nuestro Ministerio ha llevado a cabo un trabajo respecto a los empleados públicos que estén vinculados a FETÖ» (las siglas con las que el Gobierno se refiere a las redes gülenistas), explica la nota.

Las siglas FETÖ describen las redes de simpatizantes de Fethullah Gülen, hasta 2013 aliado del Gobierno islamista y ahora considerado enemigo público número uno y responsable del golpe fallido, pese a que éste haya negado toda relación. El número de funcionarios suspendidos en Educación se añade a los 8.777 que fueron apartados del servicio por el Ministerio de Interior, la gran mayoría agentes de seguridad, y más de 2.500 en otros ministerios.

Tras el fallido golpe militar un total de 2.745 jueces fueron destituidos por la Junta Superior de Jueces y Fiscales del país (HSYK), informa la agencia de noticias semioficial Anadolu. Según informa el diario Hürriyet en su versión electrónica, los jueces fueron aparentemente destituidos por ser sospechosos de estar relacionados con el predicador Fetullah Gülen, exiliado en Estados Unidos y enemigo del gobernante partido islamista AKP.

Asimismo, en las últimas horas la Organización Nacional de Inteligencia ha suspendido a un centenar de trabajadores, la mayoría de los cuales no eran agentes en activo, bajo la sospecha de que estarían vinculados con el golpe. Por otra parte, 257 trabajadores de la oficina del primer ministro también han sido apartados de su cargo por este mismo motivo, según fuentes de su equipo. Unas 2.600 personas trabajan en la oficina de Binali Yildirim.

También han sido apartados de sus cargos 492 trabajadores de la principal autoridad islámica del país por su presunta implicación en el golpe fallido y por supuestos vínculos «terroristas», según ha informado en un comunicado la Dirección de Asuntos Religiosos, que emplea a más de 100.000 personas. En total, desde el pasado viernes, han sido suspendidos de empleo a 49.337 trabajadores públicos o privados, según el cálculo realizado por el diario Hürriyet, uno de los más leídos de Turquía.

Las medidas excepcionales han llegado al punto de prohibir a todos los funcionarios que abandonen el país, a no ser que cuenten con permiso expreso de sus superiores, a ordenar a los trabajadores públicos que interrumpan sus vacaciones y regresen a sus puestos y a pedir la renuncia de todos los decanos de facultades turcas, tanto de las universidades públicas como de las privadas. Además, el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK) ha cancelado las licencias a «todas las emisoras de radio y televisión que hayan dado respaldo a los conspiradores golpistas», una medida que afecta a 24 medios vinculados al Gülen.

Acusado además por Ankara de dirigir un Estado dentro del Estado y de conspirar para derrocarlo, el Gobierno turco ha solicitado formalmente a Washington el arresto y la posterior extradición de Gülen, residente en Estados Unidos. En concreto, según informa la emisora CNNTürk, el Ministerio de Justicia turco ha pedido el arresto del predicador exiliado durante un periodo de 60 días hasta que se ejecute la extradición, en cumplimiento de los acuerdos existentes entre los dos países.

El Gobierno turco ha enviado dos cartas a las autoridades estadounidenses, una al Departamento de Justicia, solicitando el arresto, y otra a Exteriores (Departamento de Estado), pidiendo la extradición. Hasta ahora, las autoridades de Estados Unidos venían repitiendo que Turquía no había realizado esa petición en ese sentido y que, en cualquier caso, sería necesario que Ankara aporte pruebas sobre la implicación en la asonada de Gülen, que reside desde 1999 en el Estado de Pensilvania.

Al respecto, el primer ministro turco, Binali Yildirim, ha prometido aportar toda la información necesaria, al tiempo que criticaba a Estados Unidos por proteger a un «cabecilla terrorista». «Enviaremos muchas pruebas. Pero quiero preguntar a nuestros amigos estadounidenses: ¿Pidieron ustedes pruebas al ir a por los terroristas que derribaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre? ¿Pidieron pruebas para internar a sospechosos en Guantánamo?«, ha declarado el jefe del Ejecutivo en una intervención parlamentaria.

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