La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos constituye uno de los logros más importantes de la última reforma educativa.
Viene a llenar una de las más graves carencias de nuestro sistema de enseñanza, cual es la educación cívico-democrática de los ciudadanos y ciudadanas, en aplicación del artículo 27.2 de la Constitución española: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".
Sin embargo, desde que se anunciara la elaboración de la ley que regula dicha asignatura no han cesado las críticas y el rechazo de importantes e influyentes sectores de la Iglesia católica. Dos son los argumentos en que dicen apoyar su rechazo. Uno, que el Estado se arroga un derecho que sólo a los padres corresponde: la educación de la conciencia moral de sus hijos. Otro, que la asignatura va a convertirse en una herramienta eficacísima del Gobierno para el adoctrinamiento político y para la imposición de su ideología laicista. En un acto, a mi juicio, de irresponsabilidad cívico-democrática y de desprecio absoluto por las leyes, el arzobispo de Toledo, el cardenal Antonio Cañizares, ha ido todavía más lejos en las valoraciones hasta atreverse a decir que "colaborar con la implantación de la nueva asignatura es colaborar con el mal". En este maratón de descalificaciones, algunos sectores católicos han llegado a comparar la Educación para la Ciudadanía con la Formación del Espíritu Nacional del franquismo.
Tras el rechazo a la asignatura, hay dos estrategias en marcha dentro de la Iglesia católica, a mi juicio perfectamente armonizadas desde la jerarquía eclesiástica, las dos tendentes a dificultar su puesta en práctica, a limitar su importancia en el currículo escolar y a desnaturalizar el espíritu que la anima: una, el boicot, defendido por la Concapa y numerosos obispos; otra, impartir la asignatura, adaptada al ideario de los centros católicos, apoyada por la FERE y por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, si bien éste ha expresado su desacuerdo con la asignatura y deja en manos de los padres las decisiones a adoptar.
El Ministerio de Educación ha recibido con alivio la actitud de la patronal de los colegios católicos, la considera un gesto de distensión en las tensas relaciones entre la Iglesia católica y el Gobierno socialista, y presenta como éxito propio el haber conseguido integrar a un sector importante de la escuela católica en la nueva asignatura y el haber frenado el golpe de la objeción de conciencia. Yo creo, sin embargo, que no estamos ante un éxito gubernamental, ni hay razones para el alivio ministerial ni el gesto de la FERE implica distensión alguna. Todo lo contrario. Lo que ha sucedido es que, en la confrontación entre los dirigentes eclesiásticos y el Gobierno, de nuevo han vuelto a ganar la partida los primeros.
¿Por qué? Muy sencillo. Para evitar una "sublevación" de la jerarquía católica y de influyentes sectores de la patronal de la enseñanza, la asignatura ha sufrido tal cúmulo de modificaciones que la hacen poco menos que irreconocible. Como resultado de las negociaciones con la Conferencia Episcopal y con otras instituciones católicas, se hicieron importantes recortes en aquellos contenidos que pudieran entrar en fricción con la doctrina moral católica. Por ejemplo, el estudio de los distintos modelos de familia, incluido el matrimonio homosexual. Las sucesivas concesiones iban desnaturalizando un proyecto que nació con una orientación claramente laica y que corre el peligro de confesionalizarse.
Pero la mayor desnaturalización se ha producido al conceder a los colegios la libertad de adaptar los contenidos de la asignatura al ideario de centros. De esta manera, la Constitución española y las leyes democráticas se supeditan a una ideología que puede ser contraria a las mismas y que puede llevar a su deslegitimación e incumplimiento. Por ejemplo, la ley de divorcio será considerada por los centros con ideario católico contraria al orden divino y a la ley natural y explicada como un atentado contra la familia; la ley de interrupción voluntaria del embarazo puede ser interpretada como una incitación al crimen, más aún, al asesinato de los inocentes; los matrimonios homosexuales serán explicados como uniones inmorales e ilegales. ¡De nuevo la Constitución y las leyes democráticas sometidas a la religión! A eso cabe añadir la reducción de horas de la asignatura: en algunas comunidades, una hora por semana.
Con la actual modalidad de la Educación para la Ciudadanía los colegios religiosos tienen no ya una, sino dos plataformas de indoctrinamiento y de reproducción ideológica: la asignatura de Religión confesional, que escapa al control de las instituciones académicas porque sus libros de texto y son profesores son competencia de los obispos, y la de Educación para la Ciudadanía, que puede utilizarse para transmitir creencias religiosas más que valores cívicos. El Gobierno se ha metido un gol en propia puerta.
En el pulso de la Iglesia católica con el Gobierno ha vuelto a ganar la Iglesia, y por cuarta vez durante esta legislatura. Primero fue la negativa a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, muy beneficiosos para la Iglesia católica. Después, la Ley Orgánica de Educación, que considera la religión confesional como materia evaluable y contempla una alternativa. Posteriormente, la subida del tipo del 0,52% al 0,7% en la declaración de la renta a favor de la Iglesia católica, con exclusión de las otras iglesias y religiones. Y ahora, la desnaturalización y, en cierta medida, la confesionalización de la Educación para la Ciudadanía.
Hace unos días se preguntaba Bonifacio de la Cuadra en estas mismas páginas: "¿Para cuándo el Estado laico?". Yo le respondo: ad kalendas graecas. La actual orientación política nos lleva justamente en dirección contraria.
Juan José Tamayo es director de la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid y autor de Desde la heterodoxia. Reflexiones sobre laicismo, política y religión.
