Es vital acoger la pluralidad de ideologías y sistemas de valores presentes en la sociedad como fruto de la libertad de conciencia de las personas
En un Estado democrático, sus representantes institucionales debe ser garantes de ello como servicio fundamental al bien común de la sociedad
Defender unas instituciones laicas no significa, en modo alguno, pedirles a los ciudadanos que renuncien a sus creencias, ni siquiera a las tradiciones
En pleno siglo XXI, quién nos iba a decir que el nacionalcatolicismo no se había superado, ¡no nos queda ná! La ultraderecha y el nacionalcatolicismo siguen ganando batallas en este país. Aquel comportamiento eclesiástico que surgió durante la dictadura de Franco tuvo consecuencias muy negativas, porque por una parte tiranizó a la sociedad española y por otra, la idiotizó.
La democracia o es laica o no es democracia. Es decir, es vital acoger la pluralidad de ideologías y sistemas de valores presentes en la sociedad como fruto de la libertad de conciencia de las personas. Una de las bases fundamentales de los sistemas sociales democráticos es precisamente buscar la organización de la convivencia en común desde el pluralismo (lo cual implica no simplemente vivir en comunidad, sino la voluntad de diálogo para construir juntos) y, por tanto, no puede fundamentarse en una única religión, filosofía o ideología.
La laicidad es propia de las sociedades de mayor calidad democrática y el Estado debe estar al servicio de la laicidad de la sociedad. En un Estado democrático, sus representantes institucionales debe ser garantes de ello como servicio fundamental al bien común de la sociedad. El Estado debe ser laico para ser democrático; debe ser garante del respeto y promoción del pluralismo y, por ello, no puede asumir como propia ninguna ideología, filosofía o religión.
Detesto y me llena de frustración ver a compañeros de partido en ostentación de su cargo en perfecto alineamiento con la derecha. Todavía existe un concepto bastante alejado de la realidad, y fuertes contradicciones en cuanto la defensa y los principios democráticos que la socialdemocracia siempre ha defendido. La idea que tienen algunos llamados ‘socialistas’ sobre la laicidad consiste en recalcar que, por encima de todo, están las tradiciones y los eventos culturales.
Se atreven al afirmar que «el PSOE es un partido laico, y, por eso, respetan y defienden al máximo el principio de laicidad y neutralidad confesional en el ámbito institucional». Pero, ¿quién dice que no se han de respetar las tradiciones? Claro que sí. Pero ello no quiere decir que desde nuestras ciudades y pueblos se deba participar como sus representantes. Porque el pueblo, insisto, es plural.
El PP, demasiado cercano a la religión católica, propuso en la Asamblea Regional, que se debía fiscalizar la actuación de las administraciones para que se respete la aconfesionalidad del Estado sin que suponga una transformación en laicidad negativa. Esto supone un insulto a la inteligencia. Hacer creer que la Iglesia católica esté perseguida en España. En 1979, el espíritu de la Constitución dejaba atrás la España ultra-católica, el nacionalcatolicismo de la dictadura, consagrando en su artículo 16 la garantía de «libertad religiosa y de culto» y que «ninguna confesión» tendría carácter estatal.
Sin embargo, el apartado 3 matiza esta cuestión, especificando que el Estado cooperaría con la Iglesia católica y con el resto de confesiones, lo cual ya contenía una especial consideración favorable para la religión católica. España es, por tanto, un estado aconfesional, o lo que es lo mismo, laico, simplemente por cuanto no tiene una confesión oficial.
Hoy más que nunca se hace necesario denunciar los acuerdos de 1979 con la Santa Sede. El protocolo de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica, que da a ésta un estatus privilegiado respecto al resto de confesiones, es un compromiso desde hace mucho tiempo del PSOE y ha llegado el momento de pasar a la acción. Es urgente la aprobación de una Ley de Conciencia que recoja normas comunes para todas las confesiones y que prevea, en su caso, acuerdos de colaboración con todas las que lo pidan, no solo la católica; y elaborar un ‘protocolo civil’ para garantizar la «aconfesionalidad» de todos los actos solemnes organizados por la autoridad civil o militar.
A estas alturas de nuestra historia, resulta inconcebible que un Gobierno democrático, abrazado a lo más retrógrado de la jerarquía católica, se empeñe en la anacrónica pretensión de trasladar el derecho canónico a normas de derecho común, y a imponer sus ideas a través del Código Penal. Es inadmisible que se concedan indultos por el Consejo de Ministros «en funciones» a instancias de Cofradías y Hermandades católicas, porque se vulneran principios constitucionales con esta «prerrogativa de gracia» a presos que favorecen a los devotos y a las entidades de la doctrina católica que, con ello, se aprovechan de unos «derechos» distintos al del resto de los ciudadanos. O por condenas por ofensas a los sentimientos religiosos.
Defender unas instituciones laicas no significa, en modo alguno, pedirles a los ciudadanos que renuncien a sus creencias, ni siquiera a las tradiciones. Se trata simplemente de recordarles que aquéllas no pueden imponerse a quienes no las comparten. En un sistema democrático no se puede violentar la conciencia de nadie, pero tampoco se puede impedir la autodeterminación personal de los ciudadanos. El respeto, si se quiere, tiene que ser mutuo.
Juan Antonio Gallego Capel