La formación política Ganemos-Córdoba ha anunciado que la moción que van a presentar al Pleno de la semana que viene consiste, en resumen, en pedir “que se deroguen todas las leyes que privilegian a la Iglesia Católica”, en un texto en el que de forma explícita no se menciona a ninguna otra confesión religiosa. Ya lo intentaron el año pasado y la alcaldesa, Isabel Ambrosio, les respondió que era “una exigencia insalvable”.
Con esta moción, Ganemos asume una propuesta presentada por el colectivo Córdoba Laica aunque suavizada en los acuerdos, ya que en su pretensión inicial proponía que se girase el IBI “de manera inmediata y efectiva” a aquellos bienes que no estén dedicados al culto, como es el caso de residencias, hospitales, colegios o comedores sociales, entre otros. También pedía que se inspeccionase la actividad que desarrollan las fundaciones que hay en la ciudad de Córdoba o que la ciudadanía tenga “derecho a disfrute” de los bienes con valor histórico artístico. Finalmente, estos puntos no se contemplan en la moción.
Como ha explicado el concejal Francisco Molina el primer punto no es otro que “la derogación del Concordato”, al que califican de “heredado de la dictadura franquista”, cuando se firmó en 1979. Después incorporan una serie de leyes que, según su opinión, habría que modificar porque también privilegian a la Iglesia Católica, como es la Ley de Haciendas Locales o la Ley de Fundaciones y Mecenazgo, porque interpretan que la Iglesia, al igual que otras organizaciones, ONG, fundaciones y patronatos que tienen derecho a ello, se beneficia de determinadas exenciones.
Según Molina, el patrimonio de la Iglesia genera una actividad que “sitúa a la Iglesia Católica como un actor económico privilegiado frente a otros y esto es competencia desleal”.
En Ganemos se entiende que desde el Ayuntamiento poco, o nada, se puede hacer para materializar sus pretensiones. Por esto, salvo la petición al Ayuntamiento para suprimir la exención en el Impuesto de Construcciones,Instalaciones y Obras (ICIO), el resto de puntos de la moción van dirigidos al Gobierno de España.
