El Defensor del Pueblo afirma que pedirá información de casos, congregaciones y archivos. La unidad de escucha de víctimas ha atendido ya a 230 personas
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha revelado este martes por la mañana que en su investigación de los abusos de menores en la Iglesia católica española aún no se ha dirigido a ella para pedir información y respuestas concretas, pero adelantó sus primeras sensaciones: “Aún no he pedido explícitamente elementos de esa colaboración. También puedo decirles que en muchos sectores de la Iglesia no he notado mucho entusiasmo, y ya ustedes pueden deducir lo que deseen”. Lo ha dicho en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el Casino Gran Círculo de Madrid, en el que este asunto ha protagonizado las primeras preguntas.
La comisión que investiga los abusos comenzó este trabajo el pasado mes de julio, hace más de dos meses, por encargo del Congreso, y Gabilondo ya pidió entonces a la Conferencia Episcopal (CEE) que participara en el organismo. La organización de los obispos españoles, ha explicado, rehusó la invitación porque “veía dificultades, pero dijo que podía colaborar”. Ahora bien, está por ver en qué se traducirá esa cooperación y cuál será su alcance. “No haré ningún discurso sobre la no colaboración de la Iglesia, porque aún no he pedido explícitamente elementos de esa colaboración”, aclaró el Defensor, pero a continuación fue muy directo: “Claro que habrá que colaborar. Si dicen que no van a participar yo voy a pedirles expresamente formas de colaboración, pero muy concretas, no del tipo colaboramos o no colaboramos, sino: sobre estos casos qué puede decirnos, qué ocurre en estas congregaciones, qué pasa en estos archivos… Sé que el problema fundamental es la apertura de archivos y sé exactamente lo que dice el acuerdo entre Iglesia y Estado sobre ese asunto, pero yo sí voy a llamar, porque necesitamos la colaboración de toda la sociedad, y creo, y espero, y deseo que la Conferencia Episcopal no sea algo al margen de la sociedad, y sé que colaborarán”. En este sentido, insistió en que “no estamos sometiendo ninguna institución a juicio”, ni la comisión está “empeñada en perseguir creyentes”. Subrayó que la comisión es “plural”, y entre sus 17 miembros, también hay personas vinculadas a la Iglesia católica.
El Defensor también ha aprovechado su comparecencia para actualizar la cifra de personas que ha atendido ya la oficina de escucha abierta para que se dirija a ella cualquier víctima de abusos en la Iglesia. Informó que son 230 “víctimas”, 29 más que las comunicadas hace dos semanas, el pasado 13 de septiembre, cuando hizo su primer balance. “Esto no quiere decir que solo 230 personas se han acercado a nosotros”, matizó Gabilondo, son las que “a nuestro juicio reúnen los requisitos para ser considerados como víctimas”. La Unidad de Atención a las Víctimas cuenta con un equipo de 10 personas a tiempo completo que escuchan a los afectados que escriban, llamen o acudan a la entidad. Los canales de contacto son los siguientes: el correo electrónico atencionvictimas@defensordelpueblo.es, el teléfono gratuito 900 111 025, y presencialmente en un local que la entidad ha alquilado para este cometido —su ubicación no es pública para proteger la intimidad de los supervivientes—. También se puede escribir a la dirección postal del Defensor: calle Zurbano, 42, 28010, Madrid.
El trabajo de la comisión que investiga los abusos de la Iglesia católica española está rodeado de la expectación por las cifras, pues no hay ninguna estadística oficial ni eclesiástica sobre la dimensión del fenómeno. En España, el último país de tradición católica en acometer esta tarea —solo queda Italia—, los únicos datos disponibles son los de la contabilidad que lleva EL PAÍS, desde que abrió su investigación en octubre de 2018. En este momento los casos que han salido a la luz se elevan a 840 acusados con al menos 1.594 víctimas, según el recuento que lleva este periódico. Este diario ha recibido más de un millar de correos electrónicos en su buzón de denuncia, ha publicado más de un centenar de casos y ha entregado al Vaticano, a la Iglesia española y al Defensor del Pueblo dos informes con 451 acusaciones no publicadas hasta ahora. También están en manos de la Fiscalía, aunque prácticamente todos han prescrito.
En Francia, la comisión independiente creada por la propia Iglesia en 2019 hizo un primer balance provisional, dos años después, de 3.000 víctimas, aunque ya entonces apuntó a que podrían ser el triple y finalmente hizo una estimación de 330.000 entre 1950 y 2020. En este país, a diferencia de España, hubo una campaña de publicidad con un vídeo que hacía un llamamiento a las víctimas. La comisión recibió 6.500 llamadas y correos electrónicos en 16 meses. En Portugal, que inició la investigación en enero de 2022, también por iniciativa de los obispos, las primeras cifras revelaron 326 denuncias en los cuatro primeros meses, pero la comisión admitió que estaba “ante la punta del iceberg”.
La Conferencia Episcopal (CEE) siempre ha mantenido estos años que ignoraba los casos de abusos que conocían las diócesis, afirmaba que no tenía ningún poder para pedirles esa información y la mayoría de los obispos se han negado a facilitarla, pese a las periódicas solicitudes de EL PAÍS. La tesis oficial de la CEE era que en España había “muy pocos casos”. Por fin, en abril de 2021, presionada por las informaciones de los medios, dio una cifra: 220 sacerdotes y religiosos denunciados desde 2001. En marzo de 2022 añadió otra: 506 denuncias en las diócesis desde 2020, pero sin especificar más detalles.
Tanto el Estado como la Iglesia se movieron finalmente en España a raíz de la entrega del primer informe de EL PAÍS, el pasado mes de diciembre. Entonces el Congreso comenzó a debatir la forma de investigar oficialmente la pederastia y el pasado mes de marzo aprobó que lo hiciera el Defensor del Pueblo, con la única oposición de Vox y las abstenciones de los dos diputados expulsados de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Entretanto, la Conferencia Episcopal, que siempre se había negado a emprender una investigación independiente, decidió encargar en febrero una auditoría a un despacho de abogados madrileño, Cremades & Calvo-Sotelo. El bufete, que anunció un primer avance de su trabajo para octubre y un informe en primavera de 2023, ya ha declarado que calcula, como mínimo, que habrá “entre 1.000 y 2.000 casos”, tomando como referencia la investigación de EL PAÍS. En todo caso, su equipo solo ha recibido un centenar de denuncias directas, según la información que ha facilitado hasta ahora, aunque también considera que es solo “la punta del iceberg”.
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