El Defensor del Pueblo presentó su informe antipederastia en el pleno de Congreso
Ángel Gabilondo: “Las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue”
«Se ha de anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia”
«Hubo una tendencia a miniminzar los casos, manzanas podridas…. De la minimización se ha pasado a un progresivo reconocimiento de los hechos, y a una mayor comprensión de las víctimas, aunque queda mucho por hacer»
«Las víctimas siguen sin formar parte del proceso penal canónico. Espero que esto se haga»
El Defensor reclama el Estatuto de Víctimas, la reparación a las víctimas y la creación de un órgano independiente que indemnice a los supervivientes en casos prescritos
«Se acabó el silencio. Su ruptura no se debe sin más a esa comisión asesora, se debe al esfuerzo de tantas víctimas, que merecen y necesitan una respuesta. Todo dependerá, en gran medida, de su respuesta, señorías». Día histórico para las víctimas de la pederastia clerical. Para Juan, Ana, Teresa, Francisco Javier, Laura, Amor, Patricia… supervivientes de abusos a menores en la Iglesia católica y que esta mañana asistieron, como invitados, a la presentación del informe del Defensor del Pueblo ante el pleno del Congreso. Las víctimas han entrado en el Congreso, todavía queda que lo hagan en otra plenaria, la de la Conferencia Episcopal.
«Nos comprometimos a escuchar su palabra y su voz, pero no limitarnos a eso», abrió su intervención Ángel Gabilondo, quien lanzó una petición pública a políticos, Gobierno e Iglesia. «Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos».
“Las víctimas esperan una respuesta concreta a su situación y que no se postergue”, indicó Gabilondo en su intervención, en la que recalcó que «se ha de anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencia».
El tiempo es decisivo
Un año y medio después de que la Cámara Baja se lo encomendara, el Defensor del Pueblo entregó un informe que, en su opinión, «responde a lo que las víctimas vienen requiriendo: ser atendidas, escuchadas y correspondidas». «Que no se postergue», clamó, insistiendo en que «nuestro país está en los últimos en haberlo hecho (…). El tiempo es decisivo (…). Es la hora del Parlamento».
Y es que, recalcó, «lo que ha sucedido ha sido posible por el silencio de quienes pudieron hacer más o de otro modo para evitarlo».
Tras agradecer el trabajo de los medios de comunicación, sin los que «hubiera sido mucho más difícil» este trabajo, Gabilondo repasó algunos de los íter del informe: la Unidad de Atención a las Víctimas se ha podido tener «constancia y conocimiento expreso de un total de 674 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica«. De todas ellas, el Defensor ha señalado que 563 fueron hombres, el 84,19%, y 110 mujeres, el 15,61%. La gran mayoría tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, siendo la franja de edad más numerosa la comprendida entre los 50 y los 65 años, con 186 víctimas, el 39%. Se trata de «un informe vivo», pues tras la publicación del informe han continuado llegando testimonios.
Los testimonios recogidos “han hablado de daños cognitivos, de daño espiritual, de dificultades en la vida afectiva y sexual y en la relación con los propios hijos, de la repercusión que ha supuesto para el resto de la familia, que por extensión muchas veces también han sufrido toda su vida por ello. Incluso las expectativas laborales se han visto condicionadas negativamente en muchos casos”.
Hablando de la polémica encuesta encargada a GAD3 y que, extrapolando los datos, hablaba de 440.000 posibles víctimas de la pederastia clerical, Gabilondo defendió su importancia «para enmarcar las dimensiones del problema y fijar la incidencia de los abusos sexuales en cualquier ámbito de la sociedad española, además del religioso».
Como se recordará, el muestreo se dio entre 8.013 personas, revelando que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años. Un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar. La encuesta concluye también que el0,6% de la muestra representativa de la población encuestada ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y que en un 1,13% la agresión se registró en el ámbito religioso.
Respuesta «dispar» de la Iglesia
En cuanto a la «respuesta dispar» de la Iglesia, Gabilondo reconoció que «una parte es contestar, y la otra responder». «Hubo una tendencia a miniminzar los casos, manzanas podridas…. De la minimización se ha pasado a un progresivo reconocimiento de los hechos, y a una mayor comprensión de las víctimas, aunque queda mucho por hacer», subrayó. Otra cosa es «la percepción de las víctimas» respecto a la actuación de la Iglesia. Ellas han relatado que «las respuestas han sido insuficientes, incluso dilatorias». Las víctimas «no han sido ni son parte del proceso de resolución» en los ámbitos canónicos, destacó Gabilondo, aunque subrayó que ha habido avances, «todavía insuficientes». «Las víctimas siguen sin formar parte del proceso penal canónico. Espero que esto se haga».
«Durante años, ha habido voluntad de ocultamiento o protección de los abusadores», condenó Gabilondo, ejemplificando casos como el traslado de parroquias, o a otros países, «ejemplos de malas prácticas».
Finalmente, Gabilondo desgranó algunas de las 24 recomendaciones contenidas en el informe, dirigidas «al Legislativo, al Ejecutivo, al conjunto de los poderes públicos, a la Iglesia y a la misma sociedad española», con el objetivo principal de «dar una respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido de una u otra forma cubierta por un injusto silencio”».
«Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos«, finalizó el Defensor del Pueblo, quien desgranó algunas de las propuestas incluidas en el informe: entre ellas, celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas «por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020». También, «la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica». Junto a ello, la apertura de los archivos eclesiásticos y la reforma de la prescripción de los delitos de pederastia.
«Se ha de anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica, y se ha de acordar cómo hacerse», concluyó Gabilondo, leyendo una de las experiencias de abusos recogidas en el informe.
