El Consejo de Estado francés usa la laicidad para excluir a los musulmanes
La larga historia de escándalos en Francia relacionados con el velo islámico, de casi 20 años, vivió hace unos días un episodio más, tras la polémica decisión del Consejo de Estado de privar de la nacionalidad francesa a una inmigrante marroquí por el mero hecho de vestir un burqa.
En su sentencia del 27 de junio pasado, el tribunal supremo administrativo francés dio la razón a los jueces y funcionarios que, anteriormente, habían privado de la nacionalidad francesa a la marroquí Faiza M., madre de familia instalada desde hace años con su marido en el departamento de Yvelines, en la periferia suroeste de París.
El Consejo de Estado estimó que eso de llevar todo el cuerpo cubierto, y sólo los ojos descubiertos, demostraba “una práctica radical de la religión incompatible con los valores esenciales de la comunidad francesa, especialmente con el principio de la igualdad de sexos”.
La viceministra de Asuntos Urbanos, Fadela Amara, expresó inmediatamente el apoyo del Gobierno de Sarkozy a la decisión. E incluso elevó la subasta, al permitirse hablar del velo como “una prisión o una camisa de fuerza”. Hasta el secretario del Partido Socialista, François Hollande, expresó su satisfacción.
Lo menos que se puede decir es que esos aplausos demuestran una unanimidad total de la inmensa mayoría de la clase política francesa en torno a una idea: las manifestaciones de religiosidad que mezclan islam y feminidad son sistemáticamente interpretadas como “incompatibles” con la “comunidad francesa”, por ser juzgadas, sea cuales sean las circunstancias, como una forma de sometimiento de la mujer.
Resulta curioso que nunca se haya aplicado en Francia el mismo principio de “incompatibilidad” a una de las numerosas monjas de clausura de los conventos católicos. Tampoco se ha aplicado nunca a una de las mujeres de las sectas judías integristas presentes en Francia, sometidas al ritual que las considera impuras en el momento del coito.
Pero en cualquier caso, así es. Veinte años después del primer escándalo relacionado con el velo islámico, tras varios decretos y una ley de prohibición de signos religiosos “ostentatorios” en establecimientos escolares, las principales fuerzas políticas francesas han alcanzado un consenso sobre laicidad: sólo los símbolos musulmanes extremos son “ostentarios” e “incompatibles” con una supuesta “comunidad francesa”. Los otros, no.
Para uno de los mejores especialistas en cuestiones de inmigración en Francia, el catedrático Patrick Weill, la decisión del Consejo de Estado se inscribe en una lógica de cerrojo contra los inmigrantes musulmanes.
Condiciones estrictas
“Se controla cada vez más los matrimonios, y hay una tendencia al endurecimiento de las condiciones de adquisición de la nacionalidad”, indicó Weill, destacando el enorme margen de apreciación que empiezan a tener los jueces administrativos a la hora de decidir sobre la compatibilidad o no de un solicitante de la nacionalidad francesa.
El consenso sobre la necesidad de preservar la laicidad en Francia es prácticamente total desde la ley de 2004 que prohíbe el “porte ostentatorio” de signos religiosos en las escuelas públicas o bajo contrato con el Estado.
El hecho de que esa ley se aplique casi exclusivamente a los musulmanes, por el contrario, es criticado como una forma de “racismo encubierto” por numerosas asociaciones de derechos civiles y de defensa de los inmigrantes.
Las hermanas Levy
Las primeras polémicas por llevar el velo islámico estallaron en Francia en 1989 en escuelas del este del país y de la periferia norte de París.
El escándalo que dio origen a la ley de 2004, el ocasionado por las jóvenes Lila y Alma Lévy en 2003, llevaba en sí una complejidad que parece escapar a los políticos franceses. Las chicas no venían de una familia musulmana –su padre era un laico de origen judío– y se habían convertido por decisión propia.
Nada que ver pues, con chicas encerradas en una “prisión” o con “camisa de fuerza”, contrariamente a la opinión de Fadela Amara.
