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El presidente francés, Emmanuel Macron, el pasado lunes en París. / SARAH MEYSSONIER / POOL / AP

Francia avanza hacia la legalización de la eutanasia bajo condiciones estrictas

El Gobierno de Macron presenta en el Consejo de Ministros su proyecto de ley sobre el “final de la vida”, que irá acompañado de más recursos para los cuidados paliativos

El Gobierno francés ha presentado este miércoles una de las principales reformas sobre derechos civiles del segundo mandato de Emmanuel Macron. El Ejecutivo galo ha examinado en el Consejo de Ministros un proyecto de ley que legalizará la eutanasia bajo condiciones estrictas. Después de años dudando sobre esta cuestión —ya fue tema de debate durante su primer mandato—, el dirigente centrista apuesta finalmente por convertir a Francia en el séptimo país europeo que legaliza la eutanasia después de Suiza, Países Bajos, Bélgica, España, Portugal y Luxemburgo.

El texto, bautizado como ley del “final de la vida”, tiene como objetivo permitir a aquellos que sufran enfermedades incurables que “accedan a un producto letal” que acabe con sus vidas, pero también con su sufrimiento, ha indicado la ministra de Trabajo y Sanidad, Catherine Vautrin, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Desde la legislación Claeys-Leonetti de 2016, en el país vecino estaba permitida una sedación profunda y continua hasta provocar la muerte (por falta de injerencia de líquidos o alimentos) de aquellos pacientes con un estado crítico.

Un texto parecido al aprobado en España

El nuevo proyecto de ley va un paso más allá. Podrán someterse a una eutanasia todos aquellos residentes en Francia “con un pronóstico vital comprometido a corto o medio plazo” y que padezcan “un sufrimiento físico o psicológico insoportable”. Las condiciones resultarán estrictas y estarán supervisadas por varios médicos. No está previsto que la iniciativa legislativa incluya una lista de las enfermedades a las que se autorizará el suicidio asistido. A pesar de ello, el Gobierno francés sí que ha precisado que no lo permitirán a aquellos que sufran enfermedades degenerativas, como el alzhéimer.

Por un lado, la eutanasia se suministrará en forma de un fármaco que tomará directamente aquel que desee morir. Por el otro, un médico autorizado podrá aplicarla en aquellos pacientes incapacitados para hacerlo por sus propios medios. Las condiciones con las que se permitirá el suicidio asistido resultarán parecidas a las de España, donde es legal desde 2021. Cerca de 300 españoles decidieron acabar con su vida en 2022 a través de ese método, siendo menos del 0,1% del total de las defunciones ese año. 

El proyecto de ley sobre el suicidio asistido irá, asimismo, acompañado por un aumento de los recursos dedicados a los cuidados paliativos. La ministra Vautrin ya había prometido el pasado fin de semana un incremento significativo durante la próxima década de los fondos de estos tratamientos, que suelen necesitar un porcentaje de la población muy superior a la minoría que apuesta por la eutanasia. En total, el Ejecutivo quiere aumentar de los 1.600 millones actuales hasta 2.700 millones los fondos destinados a estos cuidados.

“No hablamos de eutanasia”

Aunque resulta una evidencia que el proyecto de ley galo legalizará la eutanasia, curiosamente el Ejecutivo macronista se niega a utilizar este término. “¿Por qué no hablamos de eutanasia? Porque la eutanasia consiste en dar la muerte a alguien con o sin su consentimiento. Y en este texto, evidentemente, hay un total consentimiento”, ha asegurado Vautrin en la sala de prensa del Elíseo.

Hasta un 82% de los ciudadanos galos apoyan la legalización de la eutanasia, según sondeos recientes.No obstante, la Iglesia francesa y aquellos católicos más creyentes se oponen con firmeza a esta medida. Pese a representar una minoría en un país descatolizado como Francia —ha experimentado en las últimas décadas una tendencia similar a la de España—, este sector de la población está sobrerrepresentado entre el electorado de centroderecha y derecha que se disputan la coalición macronista y Los Republicanos (LR, afines al PP). En parte, eso explica las dudas de Macron sobre esta medida. Empezará a debatirse a partir del 27 de mayo en la Asamblea Nacional. Y todo apunta a que logrará el apoyo de la mayoría del hemiciclo.

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