Las objeciones en las comunidades autónomas del PP no llegan a 20.000. Algunas contabilizan a insumisos que no cursarán este año la asignatura
Hacer novillos ya no es sólo un juego de niños. Algunos padres se han apuntado a este absentismo juvenil en lo que respecta a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
El rizo se retuerce cuando el PP, responsable de implantarla este curso en cinco comunidades autónomas, respalda a esos progenitores. "Estoy a favor de la objeción de conciencia, de que quien quiera ejercer la objeción de conciencia pueda hacerlo", dijo la semana pasada el presidente del PP, Mariano Rajoy. A pesar de este apoyo, apenas el 0,8% de los alumnos de las comunidades autónomas gobernadas por el PP ha pedido no cursar la materia en el curso 2008-2009.
Aceptadas 19.500 objeciones
Las consejerías de Educación conservadoras han aceptado un total de 19.544 objeciones de conciencia en todas las etapas. Estas autonomías escolarizarán en 2008 a más de 2,5 millones de alumnos en la enseñanza de régimen general.
Sin embargo, la cifra de los objetores en estos territorios podría ser menor si se tiene en cuenta sólo a los estudiantes que deben cursarla este año. Educación para la Ciudadanía comienza a impartirse este curso académico en 2º de Educación Secundaria Obligatoria -menos en las regiones que la implantaron en 3º de ESO el curso anterior-, Educación ético-cívica en 4º y Filosofía y ciudadanía si la administración educativa decide ponerla en 1º y no en 2º de Bachillerato.
Algunas comunidades del PP no desglosan las cifras de objetores por cursos, con lo que meten en el mismo saco a los alumnos que tienen la obligación de cursarla este año y a los de otros cursos en los que no se imparte. Por ejemplo, la Consejería de Madrid tiene contabilizadas 10.800 objeciones, pero reconoce que "muchas son de alumnos de otros cursos".
De momento, el presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos, José Antonio Martínez, habla de escasez de objeciones. En su centro público madrileño, ninguno de los 160 alumnos matriculados en 2º de ESO ha pedido acogerse a la objeción.
Murcia ha registrado 3.000 solicitudes, pero en la Consejería calculan que sólo el 10% son de alumnos de 2º de ESO. La Comunidad Valenciana ha contabilizado 5.555 casos de niños de todas las edades. En Castilla y León se han aceptado 150 peticiones de menores que han de estudiarla este curso y La Rioja ha admitido 39, de las que 21 corresponden a familias con sentencia judicial favorable y 18 son nuevas.
Si a estas objeciones se añaden las 450 de Navarra (gobernada por UPN y que la implantó en 2007 sin aceptar la objeción), el porcentaje de insumisión con respecto a la población escolar es similar.
Incluso, si se tienen en cuenta las 44.513 objeciones contabilizadas por las organizaciones promotoras del boicot a esta materia, supone sólo el 0,6% del total de estudiantes. Además, si esa cifra incluyera únicamente las objeciones de alumnos que han de cursarla este año (1,2 millones), el porcentaje subiría tan sólo al 3,7% de objetores.
A la espera de una decisión del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de no cursar esta materia, el PP se escuda en que debe "conjugar la lealtad institucional de enseñarla con el derecho de los padres a acogerse a la objeción de conciencia", explica el portavoz educativo del PP en el Congreso, Juan Antonio Gómez Trinidad. Este diputado asegura que, a pesar de la diversidad de medidas prácticas adoptadas por las CCAA del PP, el fondo es el mismo.
Rajoy llama al orden
Para buscar una línea común, el PP celebrará esta semana una reunión con sus consejeros de Educación. El fin es anunciar una respuesta conjunta en un acto sobre educación, el viernes, en Madrid.
Por su parte, el Consejo Escolar del Estado ha pedido en su último informe anual que las administraciones se abstengan de hacer declaraciones instando a la objeción frente a Ciudadanía, "ya que es una asignatura obligatoria".
El Supremo estudia 33 asuntos
Un total de 500 asuntos ante la Justicia: en la actualidad, los tribunales tramitan 500 asuntos sobre la asignatura. De los 175 en los que el Estado es parte , 33 están en el Tribunal Supremo.
Sentencia del Supremo en 3 meses: el presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, Ramón Trillo Torres, cree que la sentencia no estará hasta Navidad.
Diez CCAA se estrenan: a Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra, que la pusieron en 2007, se unen ahora Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y La Rioja.
